Los barones del PSOE rechazan unos Presupuestos «a cualquier precio»

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) continúan su andadura parlamentaria. En el Congreso de los Diputados arranca hoy uno de los pasos trascendentales para la supervivencia de las cuentas públicas, dos días de debate y posterior votación de las enmiendas a la totalidad que casi una decena de partidos han presentado para tumbar el proyecto gubernamental. El Gobierno respira aliviado porque tiene los apoyos suficientes. Una mayoría solvente que superaría la que facilitó la investidura de Pedro Sánchez se opondrá a las mismas y permitirá salvar este primer escollo que, una vez superado, dará paso a la verdadera negociación. Junto al Ejecutivo se han alineado sus socios potenciales, tanto Ciudadanos como ERC y EH Bildu, que avalarán que los Presupuestos sigan su curso hasta ese punto en el que se bifurcan sus caminos y el Gobierno se verá obligado a elegir qué vía quiere transitar: si la «Frankenstein» con los independentistas o la constitucionalista con Inés Arrimadas.

Las presiones arrecian sobre Moncloa. Tanto desde dentro como desde fuera de su partido. La líder naranja elevó ayer considerablemente el precio de sus apoyos, en un claro giro de guion con la vista puesta en las elecciones catalanas, para arrancar cierta exclusividad del Gobierno frente a ERC. Así lo ven en el Ejecutivo que, no obstante, sigue jugando a la indefinición, intentando vender públicamente que ambos apoyos son compatibles, porque la «preferencia» de Moncloa es llegar a sumar «a la mayor cantidad de partidos posible». La respuesta del Ejecutivo al desafío de Arrimadas fue airada, afeó sus «vetos cruzados», «porque lo que les interesa a los españoles es el para qué y no con quién» se aprueban esas cuentas, y se comprometió a «estudiar todas las enmiendas» que presenten los grupos que no apoyarán las que buscan tumbar las cuentas en su totalidad. Esto es, tanto las de ERC como las de Ciudadanos. Ni un ápice de esa deferencia que Arrimadas buscaba con su ultimátum.

En Moncloa no quieren desechar la vía de Ciudadanos, aunque genere fricciones dentro de la coalición y también con algunos de sus socios más estables, como es el caso del PNV o Más País. La cuadratura del círculo se hace cada vez más difícil y dentro del PSOE ya ven claros signos de que la aritmética de la investidura volverá a reeditarse también en los Presupuestos. A baja intensidad palpitan las presiones territoriales contra lo que consideran unas cuentas negociadas «a cualquier precio», por los últimos gestos lanzados hacia el independentismo, tales como arrinconar el castellano en Cataluña en la Ley Celaá o avanzar en la reforma de los delitos de sedición para rebajar la cárcel en el Código Penal. Algunos barones socialistas incluso van más allá y anticipan que la sombra del indulto puede cernirse ya sobre los líderes presos del «procés», algo que consideran de suma gravedad y que genera fricciones con Madrid.

Sin embargo, desde que Sánchez recuperara las riendas del PSOE y –más aún desde que llegara a La Moncloa– la pulsión territorial que logró doblegar su voluntad en 2015 para que no pactara con quienes defienden «la autodeteminación y las consultas que buscan el enfrentamiento» se ha diluido casi por completo. Esta vía soberanista se impuso ya en la investidura, pero, entonces, Ciudadanos no estaba dispuesto a apoyar al PSOE. Se aceptó vender la operación, amparándose en la negativa del PP y Cs y como ésta echaba a Sánchez en brazos de Podemos y los independentistas. Ahora, la dinámica es distinta y voces como la del presidente de Aragón, Javier Lambán; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no ocultan que la opción de Ciudadanos es la prioritaria para ellos.

En concreto, Lambán en una entrevista en Onda Cero calificó ayer de «aliado inquietante» a ERC y a Ciudadanos de «socio tranquilizador». Un diagnóstico más sosegado de lo habitual, teniendo en cuenta que el vehemente presidente aragonés ha llegado a asimilar el independentismo con el «cáncer» de la democracia. Lambán no aprueba que se vincule a los Presupuestos la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña y también porfía, como otros líderes territoriales, del precio a pagar por algunos apoyos. «Recurrir a quienes no creen en ese proyecto de país siempre entraña dificultades añadidas», alertó.