El socialismo histórico eleva la voz para impedir la exclusión del castellano como lengua vehicular

El socialismo histórico vuelve a pronunciarse ante la política ejercida por el Gobierno socialista, dirigida a convencer a sus socios de la izquierda republicana en Cataluña para apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Ante la reforma de la ley educativa, la conocida como “Ley Celaá” que contempla la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, alzan la voz para reconducir la decisión del Gobierno.

Dirigentes como el socialista Antonio Miguel Carmona y el histórico dirigente del partido, Zenón Jiménez Ridruejo, ex presidentes del Senado, Juan José Laborda y Javier Rojo; ex ministros como César Antonio Molina y José Barrionuevo; el ex secretario general de la Seguridad Social Adolfo Jiménez; el exsecretario general de la UGT Cándido Méndez, la decana feminista Lidia Falcón, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra yel economista José Carlos Díez, entre otros firman un manifiesto en defensa del español como “el idioma de todos y cada uno de los españoles” y como "la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece.

El manifiesto que ya supera las 26.000 firmas y que puede consultarse en charge.org refleja la preocupación de los socialistas porque “tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas”. La enmienda aprobada en el Congreso presentada por ERC y que cuenta con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, es calificada por los firmantes como “un error histórico”. Los firmantes recalcan que supone "una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional.

Los socialistas vinculan la aprobación de la concesión a los republicanos con el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. “Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado”, censuran.

“El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a seiscientos millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes”, enfatizan. Citan el artículo 3 de la Constitución que establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Citan, además, jurisprudencia del Tribunal Constitucional para refrendar que al “hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer” al respaldar la interpretación del TC sobre que la Constitución "establece que ‘cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular’…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla”.