El PSOE justifica la Ley Celaá: “El 40% vive con otra lengua”

Ajena a toda pandemia, la Lomloe, conocida como «Ley Celaá», sigue inexorablemente con su calendario. A pesar de las enmiendas, reclamaciones, firmas o concentraciones… el Ejecutivo espera aprobar el nuevo sistema educativo a final de mes. Impulsado por la ministra de Educación Isabel Celaá; la última concesión que se ha hecho pública es la referida a las lenguas cooficiales. En este tema, la ley no contempla un blindaje expreso al castellano, hasta ahora lengua «vehicular» que deben acatar las comunidades autónomas. Frente a los críticos con esta medida, para los socialistas, según un documento interno del partido al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la problemática es «nueva maniobra de distracción» de la derecha.

Según el documento, la ley es «absolutamente respetuosa con la Constitución, que no habla de lenguas vehiculares de la enseñanza» y pide «especial respeto y protección» para las lenguas cooficiales. Una afirmación, que el Gobierno de Sánchez interpreta de forma distinta la pretendida protección del castellano en Cataluña de la «ley Wert» y que, según los socialistas, ha generado importantes «problemas judiciales».

Ahora bien, el argumentario destaca que «el castellano tendrá presencia en todas las aulas y centros del territorio nacional con lengua cooficial» y consideran que la ley «garantiza el pleno y equivalente dominio del castellano y de la lengua cooficial» junto con un idioma extranjero.

Sin mencionar las concesiones con los partidos nacionalistas, destacan que la ley «impulsará la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas». Es decir, se deja en manos de las autonomías la potestad para establecer los umbrales de la lengua castellana y la regional. «La administración autonómica deberá aumentar, por ejemplo, las horas de enseñanza de la lengua cooficial en una zona donde la lengua predominante sea el castellano y de castellano donde la lengua socialmente más implantada sea la cooficial», ejemplifican sin negar que la autonomía haga lo contrario.

El trasfondo que se quiere vender con este guiño a los nacionalistas es que el «Gobierno socialista defiende la realidad plurilingüe de España» al destacar que «el 40% de la población vive en comunidades con presencia de lenguas distintas al castellano». «Nuestra voluntad es que la lengua no sea motivo de conflicto ni de separación entre la ciudadanía», ratifican.

Una de las grandes perjudicadas de esta ley es la escuela concertada, a la que el proyecto legislativo presenta como claramente elitista y como obstáculo para el desarrollo de un sistema educativo público con destacados niveles de calidad. «La Lomce, impuesta por mayoría absoluta del PP, ampara y alienta la privatización del servicio público que bajo el relato de ‘demanda social’, se oculta el derecho a seleccionar al alumnado y el profundo deterioro del derecho a la educación para todos», apuntan los socialistas sin disimular sus recelos. Precisamente el documento insiste en el criterio de «demanda social» –el que tiene en cuenta las demandas de las familias en una zona para establecer las plazas educativas– porque ha sido una de las pocas modificaciones que los populares han hecho en el sistema de conciertos, creado en 1985 por el Gobierno de Felipe González.

Ante esto, defienden que con Celaá «las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro pero la ley pretende garantizar que el proceso de admisión a los distintos centros sea más transparente y que la Administración verifique que los centros educativos concertados no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza». Si bien, una de las últimas modificaciones aprobadas en el Congreso prevé que la organización educativa puede redistribuir alumnos de los centros concertados, aunque estos tengan plazas vacantes. Algo que se suma a las reivindicaciones de la Plataforma Más Plurales creada para la ocasión.