España extraditará al “rey del acero” mexicano investigado por corrupción

El empresario siderúrgico Alonso Ancira, conocido como “el rey del acero” mexicano, será extraditado al país azteca, que le reclama por delitos de corrupción. El Pleno de la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso de súplica que interpuso el ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) -que fue detenido en Mallorca en mayo del pasado año- contra la decisión de autorizar su entrega a México, al descartar que sea objeto de una persecución política y constatar que los hechos por los que le persigue la Justicia mexicana también son delito en España -cohecho, blanqueo, fraude o incluso malversación-, concurriendo por tanto el preceptivo principio de doble incriminación.

Ancira estaba en libertad, tras abonar una fianza de un millón de euros, a la espera de la decisión judicial sobre su entrega. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le impuso la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.

La Justicia azteca le involucra en la supuesta venta irregular de una planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados a la pretrolera estatal Pemex en 2013, una operación que, según la Fiscalía mexicana, se llevó a cabo a un precio diez veces superior del valor real de la empresa, por lo que le imputa un delito de uso de recursos de procedencia ilícita. En el procedimiento está también investigado el entonces director general de Pemex Emilio Lozoya, detenido el pasado febrero en nuestro país cuando se encontraba en busca y captura.

La investigación se centra en cuatro transferencias emitidas entre junio y noviembre de 2012, por un total de 3,4 millones de dólares, de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding, vinculada a Lozoya. En noviembre de ese mismo año, Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de Ciudad de México y, un mes después, una vez elegido director General de Pemex, propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en alrededor de 58 millones de dólares.

La resolución incide en que Ancira cooperó supuestamente en el blanqueo de capitales de Lozoya “pagando por adelantado” -a través de dádivas, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos Holding- que los magistrados consideran “de claro origen delictivo” pues a través de ese presunto cohecho consigue que Lozoya, cuando ya es director general de Pemex, le favorezca “mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.

El hecho de que esa dádiva se produjese antes de la polémica compra es irrelevante para la Audiencia, pues las considera “claramente relacionadas y concertadas”, por lo que ve lógico que “ambas actuaciones y su orden cronológico hubiese estado concertada” entre Lozoya y Ancira con anterioridad" a su ejecución, cuando “ya había sido elegido presidente su valedor político Enrique Peña Nieto”.

De hecho, la Audiencia subraya que el mismo día, 1 de diciembre de 2012, que Peña Nieto toma posesión como presidente de México, se nombra a Lozoya director general de Pemex, “exteriorizando tanto que era cierta la base sobre la que se sustentaba el cohecho precedente” como que los pagos de AHMSA a Tochos previo a noviembre de ese año “eran parte del concierto” considerado delictivo, constituyendo la compra de la planta “el agotamiento del mismo”.

La Sala recuerda que la Justicia mexicana rechazó que los hechos hayan prescrito y niega asimismo que Alcira sea objeto de persecución política, como denunció. Lo que se persigue, subrayan los magistrados, es “un delito común de clara corrupción” por parte de una autoridad política que tiene por objeto “un fraude por sobreprecio en la compra de una inservible y obsoleta planta de Agro Nitrogenados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México que es lo que constituye el núcleo de los que se persigue”.

Una vivienda que, recuerda, se intentó ocultar, “introduciendo en el mercado lícito mexicano tal activo mediante tan complicada operación con triangulación de envíos económicos al extranjero, a empresa constituida en un paraíso off shore, en entregas fraccionadas de dinero, con la utilización de un testaferro familiar, y gran perjuicios al dinero público, circunstancias que, objetivamente, nada tienen que ver con la persecución política”.