La Policía Nacional desmantela una organización que traficaba con armas de guerra

En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y EUROPOL, han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de armas de guerra, incluidos carros de combate, por vía marítima. Los arrestados pertenecían a una organización criminal de carácter transnacional, compuesta por ucranianos, letones y españoles, que operaban desde Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La investigación ha requerido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluía expertos en el campo económico, armamentístico, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional, por la enorme complejidad y dificultad que ha conllevado la desarticulación de la organización.

Una guerra interna dentro de la organización puso al descubierto las medidas de seguridad que guardaban los líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales, actividad que dirigían desde España, concretamente desde las localidades de Gavá (Barcelona) y de Calpe (Alicante). Esta disputa entre los líderes, jalonada de extorsiones y amenazas mutuas, buscaba obtener el control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes de Ucrania a diferentes destinos, principalmente países del norte de África y Oriente Medio -especialmente a zonas en conflicto-, sometidas a embargos internacionales.

Dichas disputas provocaron una escisión de la estructura criminal en dos facciones que, por separado, continuarían con las actividades delictivas que desarrollaban.

La operación ha permitido identificar a los miembros de la red en España, que colaboraban en la compraventa de armamento ruso que viajaba dentro de cargueros fletados desde nuestro país junto a otro armamento, de origen lícito, camuflando así la procedencia del cargamento ilegal.

Los deleiencuentes generaban cuantiosos beneficios que eran introducidos en el sector económico nacional. Para dotarlos de apariencia legal –blanqueo de capital-, la organización había establecido un modus operandi que partía de paraísos fiscales -lugar donde domiciliaban los cargueros identificados en la investigación-.

Así se aseguraban de recibir el dinero originario del tráfico de armas en países con un control bancario menos riguroso, para posteriormente transferirlo a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente Suiza y el Reino Unido. Una vez allí, las mercantiles que controlaban las cuentas corrientes, transferían a España todo el capital blanqueado, simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida.