El PP pregunta al Gobierno si Iglesias aprovechó su viaje a Bolivia para hablar sobre una citación pendiente con la Justicia

Exige conocer la agenda detallada del vicepresidente durante el viaje y si mantuvo contacto con las autoridades locales la investigación que la Fiscalía General de dicho país

El Partido Popular ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo responda si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias aprovechó su recién viaje a Bolivia para hablar con las autoridades locales sobre una citación pendiente con la Justicia boliviana.

El partido que lidera Pablo Casado quiere conocer, entre otras cuestiones, la agenda detallada de las actividades de Iglesias con motivo de su reciente viaje a Bolivia en el que acompañó al Rey a la toma de posesión del nuevo presidente del país, y si mantuvo algún contacto con las autoridades locales en relación con la petición de la Fiscalía General boliviana para que prestara declaración junto a otros como Juan Carlos Monedero y el diputado Iñigo Errejón.

Además, solicitan información sobre si el Ejecutivo considera que la presencia de Iglesias en ese viaje era la “adecuada” dado que, bajo el mandato de Evo Morales, el vicepresidente segundo podría haber obtenido sustanciosos “contratos de consultoría”, todo ello en el marco de un proceso que investiga la financiación irregular de Podemos, y si está igualmente al tanto de la naturaleza de las relaciones que Iglesias mantuvo con el Gobierno de Morales junto a otros (Monedero y Errejón), los términos en los que se produjo dicha relación y si como consecuencia de la misma, hubo algún tipo de contraprestación económica.

A una pregunta del PP el pasado 2 de octubre sobre la citación del vicepresidente por parte de la justicia bolivariana el Ejecutivo respondió que tenían "conocimiento de la comisión rogatoria por la que preguntaban. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional se enmarcan en procedimientos judiciales en terceros países y las competencias del Gobierno se refieren únicamente a la recepción de las solicitudes de cooperación judicial internacional, comprobación de que reúnen los requisitos formales exigidos por el Convenio, y su envío a la autoridad judicial competente para su ejecución. Son las autoridades judiciales, en última instancia, las que adoptan las medidas necesarias para dar respuesta a lo solicitado”.