Tercer intento para renovar el CGPJ

El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, asegura a LA RAZÓN que ya hay un camino “bastante allanado para la negociación” y pone como fecha para el pacto el próximo 6 de diciembre, día de la Constitución

PSOE Y PP no quieren que el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pueda ir al traste esta vez. Por eso la discreción con la que se lleva es máxima. Ninguno de los dos partidos, condenados a entenderse, comenta nada al respecto de cómo avanzan las negociaciones, pero a la vez confían en que se llegue a buen puerto y, con dos años de retraso, se pueda proceder a renovar el órgano de Gobierno antes de que acabe el actual período de sesiones del Congreso y Senado: “Es una posibilidad real”, señalan al respecto fuentes solventes.

De no alcanzarse ese acuerdo en diciembre, se entraría en un período más complicado que podría dilatar varios meses más la renovación, ya que la actividad de las cámaras no se retomaría hasta mediados de enero del próximo año y casi enlazaría con la campaña electoral en Cataluña, que pasaría a ser el principal tema de ocupación de los partidos y el clima no sería el más adecuado para culminar el proceso de cambio.

Por ello, distintas voces jurídicas consideraban que habría que intentar lograr ese acuerdo político antes del 4 de diciembre, fecha en que se cumplirán los siete años desde que se nombró a la actual composición del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

Sin embargo, las casi permanentes críticas de Unidas Podemos a la Monarquía no ayudan precisamente a allanar el camino que termine en la deseada, sobre todo por la inmensa mayoría de vocales del actual Consejo, renovación. Tal como reconoce un destacado diputado popular, “este clima para nada acelera el acuerdo”, pero sin embargo y pese a ello, confía en que se pueda cerrar el consenso.

En todo caso, quienes ya desean dar carpetazo esta página de pertenecer a un Consejo "en funciones" son los propios vocales y hasta el propio presidente, Carlos Lesmes. De hecho, no se pierde ocasión para instar a los partidos a alcanzar un acuerdo, tal como sucedió recientemente en el texto donde se reprobó el proyecto de reforma de elección de vocales y en el que se hacía un llamamiento a la renovación pendiente en el menor plazo de tiempo posible.

Sobre esta cuestión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en manifestaciones a LA RAZÓN, no oculta que tiene una "razonable esperanza" de que haya un acuerdo en las próximas semanas. De hecho, sostiene que ya hay un camino "bastante allanado para la negociación. De hecho, la teníamos prácticamente cerrada a finales de agosto", asegura al respecto.

Junto a ello, Campo, "como hombre de consenso", confía en que el acuerdo que se pueda lograr fuese aprobado "por una inmensa mayoría del Congreso", y, añade, en todo caso, que "el Gobierno siempre ha estado dispuesto a negociar". Incluso, el titular de Justicia pone fecha para desbloquear definitivamente la situación y que se constituya en poco tiempo la nueva configuración del CGPJ: "Sería muy bueno tener acuerdo para una fecha tan simbólica como es el día de la Constitución", el próximo 6 de diciembre.

De hecho, la confianza en que el acuerdo será a corto plazo es tal que gran parte de los vocales, de hecho la mayoría, tienen sus despachos ya prácticamente vacíos o con los materiales indispensables para funcionar en este momento, y el resto está en proceso de ello. "En eso estamos", señalaba de forma explícita un miembro del actual Consejo, dejando entrever que prácticamente no tendrán apenas nada que recoger el día que se formalice el acuerdo y regresen de forma definitiva a sus anteriores destinos. Pero de forma más gráfica todavía lo expresaban distintos vocales cuando al afirmar que "solo tendría que coger la toga porque el despacho está limpio ya desde hace algún tiempo" y dejar el Consejo. Así están las cosas y tal es la confianza en un acuerdo.

En cuanto a la renovación en sí, las fuentes consultadas vienen a coincidir en que donde sí parece que existen ahora mismo las principales dificultades es en definir "el perfil" de quien presidirá el próximo Consejo. A nadie escapa que el nombre del presidente "llega" ya pactado al Pleno donde se designará al mismo, y ello aunque se presenten dos "candidaturas". Hasta ahora, los nombres que se han puesto sobre la mesa han sido rechazados por PP o PSOE. Así, desde las filas socialistas se veía con buenos ojos la candidatura de la magistrada del Tribunal Supremo Pilar Teso, mientras que los populares barajaban el del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, quien, además, será uno de los magistrados que dejará el TC en breve plazo, al ser uno de los cuatro que vencieron sus mandatos. Ninguno de esos dos nombres eran "bien recibidos" en PP y PSOE, respectivamente, según señalaron fuentes jurídicas.

En cambio, parece que sí hay un número relevante de nombres "cerrados" en lo que a próximos vocales por el turno judicial se refiere. Entre ellos estarían los actuales magistrados del Tribunal Supremo Ángel Arozamena y José Antonio Montero serán designados vocales a propuesta del PSOE y PP, respectivamente.

Otros nombres que están muy bien situados para ser elegidos dentro del turno judicial son los de Ester Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, e Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior Justicia de Andalucía. Montalbán ya fue vocal del CGPJ. Las dos serían propuestas por el PSOE y pertenecen a Juezas y Jueces para la Democracia. Desde el sector "progresista" también suena con fuerza el nombre de José María Fernández Seijo, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, y uno de los jueces más combativos en el tema de las cláusulas suelo y miembro de la misma asociación judicial que Erice y Montalbán.

"Cuota" Podemos

Por la "cuota" Podemos parece estar muy bien posicionado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Ignacio Espinosa, miembro también de JpD y muy bien valorado dentro de la Carrera Judicial, y que no supondría ningún reparo para los populares.

Desde el ámbito “conservador” uno de los que mejor situado está hasta el momento es Alejandro Abascal, quien estuvo como magistrado de refuerzo en la Audiencia Nacional, done instruyó una parte del “caso Púnica” e inició el de la “operación Lezo”. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Por “cuota” APM puede llegar al CGPJ también la magistrada Reyes Vila, destinada en un juzgado de Primera Instancia de Sevilla; así como José María Páez, juez decano de Málaga. También cuenta con muchas opciones Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona ex directora de la Escuela Judicial y mujer del magistrado Pablo Llarena. Espinosa, pese a pertenecer a la APM, optó por presentarse con sus propios avales sin el paraguas de ninguna asociación.

El PSOE da un mes para activar la reforma

Las expectativas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de tener amarrado el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular en el entorno de la festividad de la Constitución, el próximo 6 de diciembre, casan con el calendario que manejan también en el Grupo Socialista en el Congreso. En concreto, fuentes del mismo aseguran que dan un mes de margen al pacto y que, en caso de que no prospere, a mediados de diciembre pondrán en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que dejaron paralizada. La polémica modificación del sistema por el que se elige a los jueces quedó en «stand by» después de que Sánchez lanzara el guante a Casado en la moción de censura para alcanzar un acuerdo en este sentido, sin tener que avanzar en una reforma contra la que se han pronunciado desde Europa, hasta las asociaciones judiciales y los partidos de la oposición, incluso los socios del Gobierno.