La UE exige a Sánchez prohibir los homenajes a etarras

Nuevo toque de atención de la UE tras el giro de Moncloa para blanquear a Bildu

Familiares del fallecido miembro de ETA Jon Anza, portan un retrato del etarra durante un homenaje celebrado en Ciboure (Francia)Juan HerreroEFE

El apoyo de Bildu a las cuentas que el Gobierno pretende aprobar y el acercamiento de presos terroristas a cárceles del País Vasco van camino de convertirse para Pedro Sánchez en una fuente de quebraderos de cabeza. Al temor por el coste electoral que el PSOE tendrá que pagar por su blanqueamiento de la extrema izquierda vasca y a la lluvia de críticas que ha recibido Moncloa de buena parte del «viejo socialismo» por este cambio de rumbo se sumaron ayer las instituciones europeas, precisamente las mismas de las que dependen los fondos para la recuperación de la crisis provocada por el Covid, las mismas que ya mostraron su preocupación por el intento de cambiar el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ.

El Parlamento Europeo pidió ayer que las autoridades públicas eviten la humillación de las víctimas del terrorismo y traten de impedir la celebración de los homenajes a etarras. Esta petición se ha producido a través de un informe sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea que ha sido aprobado en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. La próxima semana este mismo texto se votará en sesión plenaria.

Esta mención expresa a los actos de enaltecimiento del terrorismo se ha producido después de que prosperase una enmienda propuesta por el eurodiputado del Partido Popular español Javier Zarzalejos. En este texto, la Eurocámara pide que «las instituciones pertinentes» se encarguen de proporcionar «las salvaguardas necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor», en referencia a los homenajes a etarras que se han producido en España en los últimos años, muchas veces tras la excarcelación de miembros de la banda que no se han arrepentido de sus crímenes.

En otra enmienda, se recuerda que «los actos terroristas constituyen una de las más graves violaciones de los derechos fundamentales» y que estos actos transcurridos durante 2018 y 2019 «legitiman el terrorismo, amenazan nuestra democracia y humillan a las víctimas».

La asociación en defensa de las víctimas, Covite, alabó la aprobación de este texto por parte de la Eurocámara. «Gracias al Parlamento Europeo por insistir en que se ponga fin a los homenajes públicos a terrorista de ETA que los hacen con el único objetivo de jactarse públicamente de sus crímenes y de haber pertenecido a ETA», reaccionó ayer vía Twitter esta organización.

En los últimos años, Covite ha denunciado sin descanso este tipo de actos de enaltecimiento de conocidos etarras. La última vez fue el pasado 10 de noviembre con motivo del homenaje en Éibar (Guipúzcoa) al etarra fallecido Julen Areñaga, acusado de llevar a cabo labores de información para el desarticulado «Comando Araba». En otras ocasiones, la misma asociación ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue este tipo de actos y la responsabilidad directa de ayuntamientos y la consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, al no hacer nada para impedirlos. En algunos casos, han sido los propios consistorios de pueblos como Hernani y Oñati los que han cedido sus espacios públicos para este tipo de celebraciones.

No es la primera vez que el terrorismo etarra acapara la atención del Parlamento Europeo. La comisión de peticiones de la Eurocámara aprobó la semana pasada por unanimidad mantener la misión para investigar los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Aunque este misma comisión parlamentaria –que no cuenta con poderes vinculantes– ya había decidido enviar hace meses esta equipo de trabajo a España con el objetivo de recabar información sobre el terreno, la pandemia del coronavirus ha obligado a retrasar esta iniciativa. A pesar de esto, la semana pasada se produjo este apoyo sin fisuras a la puesta en marcha de esta misión tan pronto como la pandemia lo permita.

Entre las voces críticas desde dentro del PSOE destacó ayer la de del ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien consideró que el PSOE «no comparte nada» con Bildu y que Pedro Sánchez debería tener en cuenta que el partido no es de su propiedad.

Pero el «nuevo PSOE» no se arredra: la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra salió al paso de las críticas diciendo: «Siempre escucho atentamente a nuestro mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y la dirección del PSOE». Por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, defendió que es obligación del Gobierno buscar «acuerdos» para los PGE con «todas y cada una de las formaciones políticas» y tachó de «comentarios absolutamente estériles» las críticas que han recibido por el anunciado apoyo de la formación abertzale a las cuentas públicas.