El PP europeo vota en contra de impedir los homenajes a etarras

Falta de coordinación interna. O falta de experiencia en las decisiones. O, simplemente, que, desde Madrid, en algunas cuestiones “se toca de oído”. Éstas son las distintas explicaciones que se buscan dentro del PP al hecho de que por iniciativa de un europarlamentario español se llevara a un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, y que se refiere a los años 2018 y 2019, una enmienda en favor de impedir los homenajes a etarras, con el resultado de que en la votación final el Partido Popular Europeo (PPE) se posicionó en contra de ese informe. El documento se someterá de nuevo a votación en Pleno, pero lo lógico es que los populares europeos sean consecuentes con el sentido del voto que ya emitieron el martes.

Por supuesto, esto no quiere decir que el PP europeo esté a favor de los homenajes a etarras, pero sí pone en evidencia que algo falla cuando el resultado, aunque sólo tenga consecuencias de imagen, es éste. La iniciativa de la enmienda es del europarlamentario popular Javier Zarzalejos, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior que discutió el texto. Ante el voto en contra del PPE, Zarzalejos se abstuvo en la votación de su propia enmienda para poner coto a los homenajes a etarras y al daño moral que estos actos infligen en las víctimas.

Este informe sobre derechos humanos se lleva redactando ya varios años, y el Grupo Popular Europeo ha vuelto a votar en contra en esta ocasión por considerar que “su redacción abunda en un juicio excesivamente ideológico” a Gobiernos de la derecha europea, “como el húngaro o el austriaco”. En cualquier caso, el resultado es que el PPE se posiciona en el Parlamento europeo frente a un proyecto en el que, por iniciativa del PP español, se pide que se tomen todas las medidas necesarias para impedir que se realicen homenajes a etarras que abandonan las cárceles por entender que amenazan la democracia y humillan a las víctimas. También han votado en contra de que se pida a las instituciones pertinentes que proporcionen “las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca la victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor”.

Las consecuencias prácticas del informe son, no obstante, nulas, porque de él sólo se derivan recomendaciones, nunca sanciones, por su incumplimiento. Para homologarlo en clave doméstica, tiene el valor de las proposiciones no de ley que se debaten y votan en el Parlamento español. Aun así, resulta paradójico que el PP español elija precisamente como instrumento para vehicular su condena a los homenajes etarras una iniciativa ante la que se posiciona formalmente en contra.

Los homenajes a etarras que salen de las cárceles se multiplican desde hace años en pueblos y ciudades del País Vasco, con la participación directa, a través de Sortu, de EH Bildu. De hecho, Arnaldo Otegi los ha respaldado explícitamente y ha anunciado que seguirán celebrándose mientras no cambie la política penitenciaria con los reclusos etarras. Sortu ha justificado estos homenajes a etarras porque “no son violadores ni pederastas”, y la sociedad vasca los apoya.

Sin embargo, las asociaciones de víctimas del terrorismo han denunciado estos actos ante la Audiencia Nacional por considerar que suponen un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los ha tachado de insulto, mientras que Podemos cree que no hay que sobredimensionarlos y los relativiza, habida cuenta de que en esas manifestaciones o en cualquier otra pueden cometerse “actos ilícitos”.

Otro movimiento desconcertante del PP en Europa afecta a su anuncio a bombo y platillo de que llevaría a la Comisión de Venecia el último estado de alarma de seis meses aprobado por el Congreso de los Diputados. Además de abstenerse en la votación, lo que quita fuerza a su denuncia, la Comisión sólo puede emitir opiniones a petición de gobiernos y parlamentos estatales. Cuando recibe una petición ajustada a las reglas establecidas en sus Estatutos, crea un grupo de trabajo de informantes para abordarla de forma conjunta con las autoridades estatales y actores clave de referencia en la temática. Génova aún no ha comunicado oficialmente que haya ejecutado su anuncio de acudir a este órgano para presentar su denuncia contra el Gobierno de coalición.

Sí ha hecho campaña contra el estado de alarma, como contra la reforma del Poder Judicial anunciada por el Ejecutivo de Sánchez para desactivar el bloqueo de su renovación. La reforma está, de momento, parada. Y el otro elemento polémico, el llamado Ministerio de la Verdad, también parece que acabará dejándose caer en el letargo ante la polvareda de críticas que provocó. En Bruselas preocupa, por la parte de Podemos, la involución en el respeto a derechos fundamentales en España, y es un tema que sale a relucir en los debates, pero también es una cuestión que se mueve más en los pasillos que en los centros reales de decisión.