Podemos, ERC, PNV y Más País sacan adelante la “ley Celaá”

Después de siete años de vigencia de la “ley Wert”, el Gobierno de coalición está a un paso de enterrar la ley vigente y sacar adelante la octava reforma educativa de la democracia: la Lomloe, popularmente conocida como “ley Celaá”. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma educativa del Gobierno por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones, gracias a los votos del PSOE, Podemos, ERC, PNV y Más País, con lo que consigue la mayoría absoluta suficiente para proseguir su tramitación en el Senado. En contra han votado PP, Cs, Vox, CC, CUP, PRC y UPN.

Así, el tramo más duro de la tramitación ya habría pasado. Y se ha hecho gracias al apoyo de grupos nacionalistas y de sus socios de Unidas Podemos. Y a un alto precio. Se ha endurecido aún más el proyecto a su paso por el Congreso, donde se ha introducido que el castellano deje de ser lengua vehicular en la educación y se asfixia aún más a la concertada para implantar la educación pública como eje vertebrador del sistema que garantice este derecho y que prive de conciertos a los alumnos que educan a niños y niñas en aulas separadas. Hay más cesiones a las autonomías con lengua propia para que determinen qué es lo que deben estudiar los niños, en detrimento del Estado, los títulos se devalúan al poder obtenerlos con suspensos, y aunque la Religión queda degradada, porque no servirá ni para hacer media ni para conseguir una beca, los grupos de izquierdas no han cejado en su intento de sacar la Religión del currículo educativo sin éxito, porque supondría incumplir los acuerdos Iglesia-Estado.

Por eso Esquerra no ocultaba su satisfacción por el “avance” y el deber moral” de derogar la ley Wert que “pretendía españolizar a los niños catalanes”. “Nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto y blindar la inmersión en Cataluña es más que un triunfo. Esta ley establece que la lengua vehicular en la educación se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en Cataluña es el catalán”, ha dicho Montserrat Bassa, del Grupo Republicano. Y por si aún quedaba alguna duda sobre el blindaje de la inmersión lingüística, se dirigió a los diputados de JxCat y a la CUP, para hacerles la aclaración: “Vean la indignación de la derecha: lo llaman canallada”. También se congratuló de que se haya introducido la educación afectivo sexual en las aulas y de que se haya introducido en las aulas “Cultura Religiosa”, aunque la Religión no haya quedado fuera del currículo, como hubieran deseado.

Especialmente críticos con la reforma educativa fueron PP, Cs y Vox, que escenificaron su malestar con la ley al final del debate poniéndose en en pie en sus escaños y con gritos de “¡libertad!” durante varios minutos mientras la bancada socialista prorrumpía en un sonoro aplauso a su portavoz de Educación, Luz Martínez Seijo, que acababa de intervenir.

PP: “Certifica la ruptura con la Constitución”

La portavoz del Grupo Popular, Sandra Moneo, ya avisó de que su partido no se va a quedar de brazos cruzados para “frenar la deriva autoritaria de la ley” que no reconoce al castellano como lengua vehicular , “es profundamente ideologizada y asfixia al que no se somete al pensamiento único”. Lo más grave, para la diputada popular, es que destierra el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y “certifica la ruptura con la Constitución”. Y volvió a insistir: “supriman la disposición adicional cuarta” que afecta a la educación especial y con la que, a su juicio, se pretende acabar con los colegios de educación especial para integrar a los niños en centros ordinarios.

El PP, de hecho, ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional la norma y ha puesto en marcha una campaña de firmas contra la norma. Varias comunidades autónomas en las que gobiernan los populares también han anunciado que lo harán, como Madrid y Murcia y buscan las vías legales para no aplicarla porque consideran que la ambigüedad en su redacción permite, precisamente, no aplicar algunas partes.

Cs: “Es un barro”

Un no “con las dos manos” es el que di0 Cs a la ley por “inoportuna, por ser de dudosa garantía democrática, impulsar una bajada de nivel y ser un parcheado de leyes que ha hecho que sea un pastiche”, dijo su portavoz de Educación, Marta Martín para argumentar su rechazo a la reforma que ha impulsado la ministra Celaá. Y lanzó una cascada de críticas contra una ley de la que no salvó absolutamente nada: “está más ideologizada que la propaganda electoral, se ha vetado la comparecencia de la comunidad educativa, es un intento de engaño a Europa con el tranpantojo de los suspensos para maquillar el fracaso escolar, politiza la inspección, hay un mercadeo zafio con los derechos lingüísticos, se acaba con la libertad de elección, es una canallada para los niños que precisan educación especial...Es un barro”. Martín también anunció que su partido llevará la ley ante el Tribunal Constitucional y ante Europa.

Vox: “Quiere arrebatar la inocencia de nuestros hijos”

Vox cree que la “Ley Celaá”, tal y como está planteada, acaba con el papel de la enseñanza de servir como “ascensor social”. Su portavoz, Joaquín Robles, se quejó de que vaya a haber 17 currículos educativos distintos y fue especialmente beligerante con la supresión del castellano como lengua vehicular. “Es una realidad vergonzosa en su afán tiránico”. Definió la Lomloe como “la ley más sectaria y peligrosa para la educación, que conserva todos los dogmas de la ideología progre, no incluye una verdadera educación sexual, sino una exaltación confusa de la libertad sexual. Quiere arrebatar la inocencia de nuestros hijos”.

PSOE: “Dicen mentiras y falsedades”

El PSOE, sin embargo, quiso hacer ver a los grupos de la oposición que, en realidad, lo que tenían era una visión distorsionada de la ley. Es más, los acusó de difundir “fakes” y de generar malestar en el sistema con “tantas mentiras y falsedades”, dijo molesta la portavoz socialista, Luz Martínez Seijo. Por eso su intervención se centró en un intento de desmontar los “mantras” de la derecha.

Seijo negó que lo de acabar con el español era “un relato ficticio que genera enfrentamiento y odio. Las lenguas son motivo de unión y orgullo y el castellano está triplemente garantizado, (en la ley) se cita a la Constitución española, ¿cómo pueden generar esa mentira ante los derechos lingüísticos?”. También reparó en la educación especial, otro de los asuntos que más escuecen de la ley. “Los centros no se van a cerrar, dejen de jugar con la vulnerabilidad dejen de engañar y enfrentar con algo tan sensible como la discapacidad. Es ruin”, dijo. E insistió en que no se van a suprimir las oposiciones para el acceso a la Inspección de Educación, cosa que no ve así el bloque de la derecha. En su discurso suspendió a la oposición porque “a estas alturas deberían haberse enterado de en qué consiste esta ley”.

De paso acusó, lanzó un dardo contra la escuela concertada que hoy volvía a concentrarse a las puertas del Congreso para expresar su rechazo a la ley. De hecho, la acusó de “adoctrinar”. “¿Es libertad o adoctrinamiento lo que se está haciendo estos días al utilizar a menores en lectura de manifiestos?”, dijo.

Podemos: “Vemos a las derechas muy cabreadas”

Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, sacó pecho por una ley que, a su juicio, blinda la educación pública, corrige la segregación del alumnado y ampliar la gratuidad de la escolarización de cero a tres. “Por eso vemos a las derechas muy cabreada, que ha lanzado una campaña de desinformación y bulos”. A Podemos le hubiera gustado que se hubiera regulado por ley la ratio por alumno, que la Religión hubiera quedado fuera y que se siguiera dando Ética en 4º de la ESO. Pero , con todo y con eso, se dio por satisfecha. Joan Mena (GCUP-EC-GC) también lamentó que la Religión fuera la asignatura aún pendiente de esta ley pero, sobre todo, mostró su satisfacción por el “blindaje” de la educación pública.

Josune Gorospe (Grupo Vasco) vio un avance en la ley: “el refuerzo de las lenguas propias, definición del currículo...Es poco, pero es un avance y tenemos que aprovecharlo”. Pero dejó claro que mantendrá su modelo bicefálico en el País Vasco, donde pública y concertada conviven al 50%. Y es que, por mucho que se intente defender la pública como sistema vertebrador del sistema, “esta ley nos permite desarrollar la coexistencia de los dos modelos”.

Por su parte, Sayas López, del Grupo Mixto, criticó que se hubiera impuesto una ley “sin diálogo y con rodillo”, Ana Oramas, de Coalición Canaria, avisó de que era un proyecto de ley “con los días contados” mientras que Isabel Pozueta, de GEH Bildu, rechazó una ley que “no sirve para el siglo XXI” y exigió que la religión quede fuera del currículo.