El tesorero de Podemos atribuye a un error el pago de 75.000 euros a Neurona que investiga la UDEF

El tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, ha atribuido a un error en una transferencia el pago de 75.0000 euros a Neurona, el 29 de marzo del pasado año, que el juez ha ordenado investigar a la UDEF. Según fuentes jurídicas, en su declaración como investigado el responsable de Finanzas de la formación morada, y administrador electoral de Unidas Podemos, ha asegurado también él y Carlos García Ramos, tesorero de IU y también administrador electoral en los comicios del 28-A de 2019, supervisaban sobre todos los gastos electorales de sus respectivas formaciones.

Durante cuatro horas han desfilado ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos tras la denuncia planteada por el ex abogado de la formación José Manuel Calvente, tanto De Frutos como el responsable de Comunicación Juanma del Omo, la gerente del partido Rocío Val y la encargada del área de Compras, Andrea Deodato.

Del Olmo, que fue quien decidió contratar a Neurona, a quien Podemos desembolsó al menos 425.000 euros por unos supuestos servicios de carácter electoral, ha afirmado en relación a esa contratación que desconoce los pagos de la consultora a Creative Advice Interactive Group, que suman 307.000 euros según acredita la documentación aportada al juez por el ex administrador de Neurona. Él, ha subrayado según esas mismas fuentes, era el contratista y no era de su incumbencia lo que hicieran los proveedores.

Sí ha asumido Del Olmo, jefe de campaña de Pablo Iglesias, que la decisión de contratar a Neurona fue iniciativa suya como responsable del departamento de Comunicación dado que “era una consultora mundialmente conocida y contrastada”. Y respecto a que Neurona Comunidad se constituyó en España en marzo de 2019, veinte días después de que se decidiera firmar el contrato con la consultora, ha dicho que “no es cosa suya si estaba dada de alta o no en España” pues en ese asunto “ellos no entran”.

Para Vox, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, las comparecencias no han aclarado los hechos investigados, por lo que según ha manifestado la letrada de la formación de Santiago Abascal, la causa “cobra unos tintes más graves para Podemos”. “Neurona sigue siendo una empresa fantasma porque entendemos que no se han podido acreditar los trabajos, con una posible duplicidad de los trabajos de ABD” (otra consultora contratada por el partido morado cuya investigación archivó el juez), ha afirmado la abogada Marta Castro, para quien De Frutos ha incurrido en muchísimas contradicciones en unas declaraciones que ha calificado de “intensas” y “con mucho detalle”.

Vox considera a César Hernández, el representante de Neurona Consulting en España, un “hombre clave” en la contratación bajo sospecha y el “contacto” con Podemos, por lo que han anunciado que pedirán su declaración en la causa. Del Olmo ha manifestado que lo conoció en 2018 en el marco de su trabajo como responsable de Comunicación de Podemos. Neurona, ha insistido la letrada, “es una empresa fantasma sin trabajadores en nómina a la que han ido a parar 360.000 euros”.

Respecto a la reforma de la sede de Podemos, la abogada de Vox ha asegurado que “no ha quedado acreditado siquiera que los contratistas tuvieran conocimiento de la licitación, pues el contacto siempre fue directo con el arquitecto”.

Podemos pide el archivo de la causa

Pero para Podemos, los dirigentes de la formación que han comparecido ante el juez “han aclarado todos los trabajos realizados y todas las dudas que se planteaban en la denuncia”, que según ha asegurado a las puertas de los juzgados el abogado de Podemos Gorka Velle ha quedado “desmontada”. El letrado ha insistido en que sus testimonios y la documentación aportada a lo largo del proceso acredita que los servicios pagados a Neurona “efectivamente se realizaron”, por lo que “procedería acordar el cierre de la investigación”, ha asegurado, pues en su opinión “la situación cambia completamente, pues las dudas están absolutamente disipadas y los trabajos acreditados”.

El abogado de Podemos ha recalcado que el objeto de la causa “es la efectiva realización de unos servicios contratados por Podemos a Neurona y eso es lo que se ha debatido hoy. No hay otro” (obviando que el juez también investiga la reforma de su sede y el pago de complementos salariales supuestamente irregulares a De Frutos y Val).

Respecto a los pagos a Creative Advice Interactive Group, la supuesta empresa fantasma a la que Neurona pagó 308.000 euros, el letrado ha afirmado desconocer el asunto y ha matizado que en todo caso es de la “incumbencia” de la consultara determinar “quien pudiera tener disposición de esos fondos”.

Además, han comparecido ante el juez los representantes de seis empresas que participaron en la reforma de la sede del partido, unos trabajos que fueron licitados por 649.000 euros y por los que se acabaron desembolsando 1,3 millones. El instructor ha apremiado al partido de Pablo Iglesias a entregarle en un plazo de cinco días el acta de liquidación de la licencia de obra presentada ante el Ayuntamiento de Madrid

El magistrado ve indicios de que los pagos de Podemos a Neurona “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019″ y que, por tanto, pueda ser calificado como “gasto electoral”.

En sus declaraciones ante el juez tanto José Manuel Calvente como Mónica Carmona, ex abogados de Podemos despedidos cuando investigaban supuestas irregularidades, señalan a Del Olmo como la persona que decidió que la formación morada contratara a la consultora para las elecciones del 28-A, a la que finalmente abonó al menos 425.000 euros. De esa cantidad, 308.000 fueron a parar a una presunta empresa “fantasma”, Creative Advice Interactive Group, por servicios que el instructor sospecha que no se prestaron.

Podemos pagó en tres transferencias, entre abril y mayo de 2019, 363.000 euros a Neurona desde una cuenta electoral de la Caja de Ingenieros titularidad de la coalición, por lo que Escalonilla investiga si se produjo una “distracción de dinero” y por tanto, un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. De ahí que el juez intente esclarecer cuál fue el papel de los administradores de la coalición electoral de Unidas Podemos, el tesorero de IU Carlos García Ramos (que ya ha declarado como investigado) y el responsable de las finanzas moradas Daniel de Frutos.