Fue un monumento levantado para conmemorar la victoria del bando «nacional» en el choque más sangriento de la Guerra Civil: la batalla del Ebro. En 1964 se mandó construir en medio del río a su paso por Tortosa. Dos años después lo inauguró el propio Francisco Franco en el último acto de la gira que programó el régimen para conmemorar los «25 años de paz». Un monolito de hierro que hoy parece tener sus días contados.

El Ayuntamiento de Tortosa aprobó el pasado 23 de octubre, con el único voto contrario del edil de Ciudadanos, la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), en el que fue incluido en 2007, para retirar el monumento franquista del catálogo de edificios y conjuntos históricos y artísticos, como había impulsado una moción ciudadana a principios de este año.

La propuesta salió adelante con los votos de 20 de los 21 concejales (7 de JxCat, incluido el de su alcaldesa, Meritxell Roigé, los 3 votos del PSC-PSOE, los 5 de Movem Tortosa, los 4 votos de ERC, y el de la CUP). Se opuso Ciudadanos.

El consistorio recibió el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para culminar el proceso de descatalogación del monolito. Era el último informe que faltaba supuestamente para arrancar definitivamente el proceso para retirar el monumento del lecho del río. El ayuntamiento explica a LA RAZÓN que al «no ser término municipal no podía actuar» sobre el enclave, además «de que no disponemos de los recursos económicos para una operación de esta envergadura». Se desvincula así del abordaje de la operación. «La propuesta ciudadana salió adelante más como un gesto político; este paso no era necesario, se podría haber retirado igualmente, porque carece de protección», aseguran desde el consistorio.

Aprobada la descatalogación definitiva, el Govern se ha comprometido a iniciar la petición de permisos y a licitar las obras para sacarlo del río Ebro lo más rápido posible. Finalmente, se hará el próximo verano, con un coste de 200.000 euros.

A finales de 2019, la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, señaló que «el monumento se retirará porque resignificar no repara». El Govern, dijo, «lo tiene claro y está determinado», afirmando además que el dinero no sería «un problema».

El ayuntamiento ratifica que la Generalitat será la encargada de eliminar el rastro del monumento. «Cumpliendo la Ley de Memoria Histórica que quiere presentar en el Parlament, dará los pasos necesarios para promover la retirada», apuntan. En cuanto al gasto que puede suponer «lo desconocemos, no nos lo hemos llegado a plantear porque no es un bien sobre el que podamos actuar», señalan las fuentes tortosinas.

El Departamento de Justicia de la Generalitat asumirá el coste y la ejecución del proyecto, y así lo certifican fuentes del Govern. Para la consejera responsable, Ester Capella, el Gobierno central ha incumplido de manera sistemática la Ley de Memoria Histórica (LMH) desde que se aprobó la anterior normativa en 2007, que obligaba a la retirada de monumentos franquistas. «Tenía que haberse quitado ya en aplicación de la LMH de la época de Zapatero», indican estas fuentes. «Y como no se ha hecho», Capella «se ha comprometido a hacerlo».

La vicepresidenta primera del Gobierno descarga responsabilidades. Según Carmen Calvo, todas las administraciones tienen la facultad de retirar simbología franquista según la Ley de Memoria Histórica en vigor, por lo que el retraso «no puede ser responsabilidad en absoluto de la Administración General del Estado».

Sondeo a los vecinos

Una consulta popular entre los vecinos de Tortosa indultó en 2016 al monumento. 5.755 votantes, un 68% del total de participantes, escogieron la opción que defendía mantener y reinterpretar el monolito. La consulta –en la que 2.631 personas votaron a favor de retirar la estructura– atrajo al 29,73% del censo. Triunfó la opción que planteaba «reinterpretar y contextualizar» ese símbolo, el mayor del franquismo en Cataluña, para recordar a todas las víctimas de la guerra. La alternativa propuesta era retirarlo y museizarlo.

En el Pleno del día 23, el único edil que se opuso a sacar el monumento del catálogo del POUM fue Miquel Albacar (Ciudadanos), que defendió que hay que impulsar su reinterpretación, la opción que ganó la consulta de 2016, con el apoyo de más del 68% de los votantes. «Ningún partido de la ciudad ha sacado tantos votos y hay que escuchar a la gente de la calle y actuar en consecuencia», insistió.

Desde el ayuntamiento aseguran que «no existe polémica ciudadana, ni rivalidades», aunque «sí hay una entidad que hace mucha campaña» para eliminar el monolito, en referencia a la Comisión para la Retirada de Monumentos Franquistas, que tiene su gran oponente en Tortosinos por el Monumento, los máximos defensores de la pieza.

«Odio y sectarismo»

El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, considera «lamentable que proteger la historia sea hoy, en esta dictadura ¿constitucional? algo no solo imposible, sino ya casi delictivo». En su opinión, «el odio y el sectarismo creciente en la izquierda española comienza a ser surrealista: oír a la señora Calvo es trasladarse a 1936. Al menos para ellos así no se habla de su desastrosa gestión contra la pandemia que nos ha costado más de 60.000 muertos, tres veces más que la batalla del Ebro».

Fuentes de la Fundación Franco en Barcelona indican que «todos los patriotas españoles tenemos que movilizarnos para expresar nuestro rechazo ante el atropello» que supone quitar un monumento «en recuerdo de una batalla muy presente en la Historia de España, en la que heroicamente lucharon, y murieron miles de españoles». Se trata en su opinión de «una decisión claramente política, revanchista, y revisionista desde los partidos golpistas, y secesionistas, y desde los de extrema izquierda», para «borrar de un plumazo parte de nuestra historia».