Del “Aquarius” a Arguineguín: los bandazos en inmigración

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciase de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar; prometió la retirada de las concertinas y recuperó parte de la sanidad universal. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas en 2018 efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés, el refuerzo de las relaciones con Marruecos o el bloqueo del humanitario «Open Arms».

Dos años y medio después de aquel gesto que le sirvió para erigirse como adalid de la humanidad entre los gobiernos europeos, las medidas o la inacción en la Islas Canarias para frenar la llegada de irregular sonrojan al Ejecutivo de coalición. No en vano, la política migratoria va camino de romper las costuras del gobierno de coalición.

Seis ministerios y una Secretaría de Estado se encargan de las políticas migratorias. Todas ellas están bajo el control de la cuota socialista. La cartera de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, tiene entre sus competencias el control de extranjería y asilo. Bajo el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos, está Salvamento Marítimo, encargado del rescate de las embarcaciones, entre las que se incluyen los cayucos y pateras que han llegado hasta la Islas Canarias en el último año. Un tercer ministerio, el que dirige Arancha González Laya, trata de contener la inmigración en los países de origen.En los últimos meses la ministra ha viajado a países como Marruecos, Argelia o Senegal, confirmados como los principales lugares de origen de los inmigrantes que están llegando a las Islas Canarias.

El departamento que dirige Margarita Robles ha tenido que actuar en Canarias y facilitar instalaciones en desuso para acoger a los inmigrantes, tal y como sucedió en la «crisis de los Cayucos» de 2006. En aquel entonces, el plan dirigido por la entonces vicepresidenta socialista, María Teresa Fernández de la Vega, contempló el uso de estas antiguas bases del Ejército para acoger a los inmigrantes que llegaban a las Islas.

El de Presidencia y el que dirige Carolina Darías, Política Territorial y Función Pública, coordinan. Por último, un sexto ministerio implicado es el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, que se encarga de las políticas migratorias, acogida y atención de los irregulares. Esta cartera, además, incluye una Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por Hana Jalloul, quien se ha caracterizado por un perfil bajo en la crisis migratoria canaria, a tenor, de sus pocas visitas al archipiélago y sus pocas apariciones públicas.

La coordinación de tantos ministerios así como los diferentes puntos de vista entre los miembros de la coalición está generando tensiones. No en vano, el dictamen del Tribunal Constitucional hecho público esta semana da un paraguas jurídico al Gobierno para poner en marcha las devoluciones en caliente. Sin embargo, esta medida amenaza con abrir otra grieta entre los dos socios de la coalición ya que los de Pablo Iglesias consideran que un Gobierno progresista no puede aplicar estas devoluciones en Canarias. Sin ir más lejos, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, pidió este martes poner fin a «la práctica de abrir la puerta de la valla y expulsar» a las personas que entran irregularmente a España. También desde el partido morado señalaron al conocerse la sentencia que «condiciona la constitucionalidad» de los rechazos en la frontera «a que se realicen de acuerdo a los tratados internacionales».

No es el único frente político de la crisis migratoria. Desde Unidas Podemos Canarias pidieron la dimisión del titular de Interior, Fernández Grande Marlaska, al igual que el Partido Popular y Coalición Canarias. No obstante, ya en el mes de febrero el PSOE y Unidas Podemos ya protagonizaron por la decisión del titular de Interior de endurecer el derecho de asilo y elevar la vallas de Ceuta y Melilla para contener los saltos en sendas fronteras y disuadir a los inmigrantes.

Desde el punto de vista migratorio, el volumen de llegadas es tal que cada día llegan una media de 52 personas a las islas de manera irregular. En lo que va de año han llegado a las Islas un total de 16.762 personas frente a las 2.698 que lo hicieron el año anterior. Aunque todavía estamos lejos de las cifras de 2006 durante la llama «crisis de los cayucos» cuando arribaron 31.678 personas.

Acogidos en hoteles

La avalancha de embarcaciones, que desde principio de año están llegando al archipiélago, confirma una tendencia que ya se vislumbró el año pasado: los inmigrantes están cambiando de ruta y ahora prefieren llegar a Europa a través de la conocida como ruta Atlántica. Los nuevos sistemas de control implantados en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, la saturación de algunos puntos tradicionales de salida clandestina de inmigrantes o el cierre de otras rutas, como la Mediterránea, favorecen que las «Islas Afortunadas» estén recibiendo, sin contar con los medios suficientes, toda la inmigración que deja de llegar por el Estrecho de Gibraltar o por Italia. Como consecuencia del cambio de ruta, los inmigrantes se aventuran a viajes cada vez más largos y peligrosos por mar, que parten incluso desde Gambia o Senegal. Una situación muy preocupante porque cruzar a Europa por el Estrecho de Gibraltar supone de 15 a 30 kilómetros mientras que hacerlo desde Tarfaya (Marruecos) a Fuerteventura, poco más de 100 kilómetros.

Ante la saturación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), desde el Gobierno central se optó por usar los complejos hoteleros de la Isla. Una decisión cuanto menos controvertida ya que son, precisamente, esto espacios, el principal recurso económico de las Islas. Por ello, ahora también serán distribuidos de manera urgente en 7.000 plazas de campamentos.

Esta crisis migratoria coincide en la pandemia y la crisis económica que atraviesa todo el país, y especialmente Canarias ya que el desplome del turismo está dañando fuertemente la economía de la comunidad autónoma.

La Federación de Empresarios de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria hizo llegar a sus afiliados la petición de la Subdelegación del Gobierno para que acojan en sus establecimientos, si les parece oportuno, a los inmigrantes que están llegando ilegalmente a las islas ante la falta de lugares para alojarles. Los gastos correrían a cargo de la Administración. Sin embargo, y con las vista puesta en la campaña turística de Navidad, la patronal reclama ya que se deriven a la Península. «Tres meses después sin atisbo de solución»–señalaron– «necesitamos un Gobierno del Estado líder, que dé una respuesta digna a migrantes y que reactive la recuperación económica, capaz de conjugar ambas cosas».

Después de la presentación del Plan Canarias para Migraciones en la capital canaria el pasado viernes se abre un nuevo horizonte en la crisis migratoria. Tras mirar hacia otro lado, el Gobierno ha improvisado una respuesta que llega tarde y mal.