Así manejaban los fondos reservados los comisarios de Villarejo: “Eran una ‘familia’, no tenían que justificarlos”

Dos testigos, que fueron cajeros de la Policía, reconocen que abonaron de forma “extraña” importantes sumas de dinero

La investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción en el «caso Kitchen» sobre el pago de fondos reservados del Ministerio del Interior al ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos ha revelado que varios comisarios de la máxima confianza del entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, cobraron miles de euros de dinero público «al margen» de la ley, según reconocieron dos testigos que fueron interrogados por el fiscal Miguel Serrano.

En concreto, comparecieron el agente Miguel Ángel Bayo y el comisario principal Felipe Eduardo Lacasa, quienes se encargaban de hacer de cajeros de los fondos reservados, cuyos movimientos apuntaban de forma manual en una libreta. En sus testimonios reconocieron haber entregado de forma paralela, como si fuera una caja B, importantes sumas de dinero a varios comisarios.

Y lo abonaron tras recibir una orden expresa de su superior, Eugenio Pino, que les mandaba entregar los fondos, algo que estos cajeros de la Policía hicieron «sin cuestionarlo», reconoció Bayo. “Si mi jefe me dice que los pague, yo los pago”, completó Lacasa.

Órdenes “verbales”

Estas órdenes de pago, explicaron ambos funcionarios, eran «verbales». Y por eso no hay ninguna documentación del abono de alrededor de 50.000 euros de dinero público para la «operación Kitchen», sobre el espionaje a Bárcenas, una de las piezas separadas del «caso Villarejo», por la que están imputados el ex secretario de Estado Francisco Martínez y el ex ministro Jorge Fernández Díaz.

El comisario Felipe Eduardo Lacasa llegó incluso a reconocer ante el juez que este reparto del dinero le parecía “extraño”. Con esta forma de actuar la Dirección Adjunta Operativa dispuso a su antojo de importantes cantidades de dinero, que no se asignaron a las unidades operativas, que son las que se encargan de las actuaciones policiales.

«A mí me extrañaba que la UCAO, que era una unidad perteneciente a la Comisaría General [de Información], trabajara un poco por libre de la Comisaría General. También me extrañaba que Asuntos Internos estuviera trabajando en investigaciones genéricas cuando había una Comisaría de Policía Judicial, que lo debería haber hecho», destacó Lacasa.

“Los habituales de Eugenio Pino”

Los comisarios que recibían estas sumas de dinero, de forma directa y al margen de sus unidades, a los que Lacasa denominó «los habituales de Eugenio Pino», fueron el ex comisario José Manuel Villarejo; el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño; el también comisario Andrés Gómez Gordo; y los inspectores Bonifacio Díaz Sevillano y José Ángel Fuentes Gago.

Al ser preguntado el testigo Bayo sobre si la orden de pago era «tácita» o «directa», este dijo que era «verbal», y que él la ejecutaba «en la máxima confianza que había allí», porque eran como una «una familia. Ya sabemos que son 5.000 euros. Si me dice más, entonces tengo que preguntarle [a Pino]. Yo sabía que eran 5.000 euros: ¿Cómo lo sé? Pues imagino que me lo habría transmitido el anterior gestor de los fondos o el director adjunto operativo», respondió.

El comisario García Castaño fue «receptor directo» de fondos reservados de forma paralela al dinero que recibía su Comisaría General. Y lo hizo porque supuestamente investigaba casos para el director adjunto operativo.

“Dale lo que pida”

El propio Pino, en su declaración como imputado, reconoció haber dado la orden de que le entregaran el dinero: «Dale lo que pida; cuando él pide entendemos que estaba haciendo una operación. Si pedía fondos se le daban: eran 5.000 euros, aunque en alguna ocasión eran más. Pero si pedía más había que justificarlo», zanjó Pino, que destacó que a García Castaño «no se le pedían explicaciones».

El fiscal Serrano recordó entonces al que fuera máximo cargo de la Policía que la ley no permite este tipo de abonos «personalizados». Aseguró también que «la norma solo permite el pago para las operaciones». Sin embargo, Pino defendió su forma de actuar, contraria a la ley, asegurando que su decisión contaba con la «autorización del secretario de Estado» de Seguridad, Francisco Martínez.

El que fuera secretario general de la DAO también confirmó que entregó fondos reservados a Villarejo y al inspector Bonifacio Díez Sevillano. Y como no tenían ninguna «Secretaría detrás, estaban obligados a presentar facturas, billetes de avión, de hotel, lo que fuera. Se adjuntaba al pagaré y se archivaba», recordó el testigo.

“Villarejo iba por libre”

«El señor Villarejo iba por libre y por eso tenía que justificar sus propios gastos. Era muy meticuloso, aportaba facturas de todo. Hasta del parking del coche que dejaba ahí, que eran cuatro euros. Venía directamente del despacho del DAO y yo sumaba las cantidades, lo juntaba todo en una carpetita a nombre de Villarejo, y me firmaba un recibí por la cantidad total», completó.

El caso del inspector Díaz Sevillano fue similar al de Villarejo, ya que tampoco «dependía de ninguna unidad concreta, y estaba a disposición del DAO. Boni era también uno de los habituales de Eugenio Pino. Tampoco sé de qué se ocupaba, pero tenía una investigación en marcha por orden del DAO y había que pagarle lo que justificara en ese momento», declaró Lacasa.

Gómez Gordo

También cobraron fondos reservados al margen de la normativa el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el comisario Andrés Gómez Gordo. Precisamente este último fue quien captó como confidente del clan de Eugenio Pino al chófer de Bárcenas, a quién habría entregado 2.000 euros mensuales, hasta llegar a los 48.000 euros.

Sin embargo, Gómez Gordo nunca presentó los documentos justificativos de que había utilizado los fondos reservados. “Firmaba exclusivamente el recibí. Y lo hacía por orden del DAO. No presentaba nada”, dijo el cajero Lacasa, quien recordó que consultó esta circunstancia con su jefe. Y Eugenio Pino le dio “una orden verbal”, se defendió este testigo tras ser preguntado por el fiscal Serrano por el motivo por el que no exigió la justificación del uso de los fondos reservados.