Policías e inmigración

Policías españoles denuncian ante la UE sus condiciones de trabajo en Canarias

“La avalancha de inmigrantes ha desbordado la capacidad de los agentes”, subraya la CEP

Un policía nacional junto a un grupo de inmigrantes ilegales en el puerto de ArguineguinEuropa Press18/11/2020
Un policía nacional junto a un grupo de inmigrantes ilegales en el puerto de ArguineguinEuropa Press18/11/2020Europa PressEuropa Press

La Confederación Española de Policía (CEP) ha enviado una carta, a través del  Sindicato Europeo de Policías (EPU), del que forma parte, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la que denuncia “las graves deficiencias laborales que están soportando los agentes españoles destinados en el servicio de pateras en el muelle del puerto de Arguineguín”.

En la misiva, se subraya “el aumento del riesgo y las considerables consecuencias para la salud, la seguridad y la protección del personal policial español”; se recuerda el incremento de más del mil por cien en la llegada de inmigrantes ilegales hasta el 15 de noviembre y de casi un quinientos por ciento en el de pateras.

EPU afirma que “este flujo irregular no se ha detenido (por los controles que realizan a causa del coronavirus), sino que se ha desplazado hacia la ruta del atlántico”. “Los inmigrantes irregulares llegan a Canarias por mar saliendo de la costa del Sáhara Occidental (la zona de Dakhla, Tarfaya y El Aaiún), aunque algunas embarcaciones también proceden de Mauritania, Malí, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Senegal y Marruecos”.

La comunicación añade que “la avalancha de inmigrantes rescatados en aguas territoriales españolas ha desbordado las capacidades de los servicios de policía de las Islas Canarias” y que “los agentes españoles allí destinados han tenido que recibir a todos estos miles de inmigrantes, aislarlos, identificarlos mediante huellas dactilares, custodiarlos para que cumplan la cuarentena necesaria para descartar la presencia del virus Covid-19, elaborar los expedientes administrativos de los extranjeros para su internamiento en centros específicos y su futuro retorno a sus países, y hacer frente a las alteraciones del orden público provocadas por estas personas en el campamento de acogida instalado en el puerto de Arguineguin”.

Asimismo, se denuncia “las precarias condiciones en las que trabajan los policías españoles. A pesar del alto riesgo sanitario, el Ministerio del Interior no facilita el acceso inmediato a las pruebas del Covid-19 y el procedimiento para solicitar esta prueba médica es lento, por lo que para evitar el contagio entre sus familias los policías están pagando por sí mismos”. “Tampoco hay acceso a medios de protección especiales, como gafas de seguridad, y los demás que se utilizan (máscara, guantes de nitrilo, monos protectores) deben incluirse en un informe diario que los agentes están obligados a hacer después de los días de trabajo de 12 y 14 horas”.

Por otra parte, las funciones de identificación y la redacción del expediente administrativo de extranjeros se realizan sin medios materiales, en mesas improvisadas al aire libre y sin disponer de aseos públicos exclusivos para los policías españoles”.

“Se trata de una situación que afecta claramente a toda la Unión Europea y que requiere presupuestos y medios especiales para ayudar a España y a su Policía Nacional a soportar mejor esta avalancha migratoria”, dice en la carta el presidente de EPU, que recuerda que “estamos ante un reto europeo provocado por las mafias de tráfico ilegal de personas que se aprovechan de la pobreza y la angustia de los ciudadanos africanos que huyen de la violencia y el hambre en sus países.