El juez manda a prisión a la “etarra de las mariscadas” ante el “elevado” riesgo de fuga

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado a instancias de la Fiscalía el ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga de la etarra Natividad Jáuregui, quien fue entregada ayer por Bélgica para ser juzgada por su participación en el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche en Bilbao el 19 de marzo de 1981. El magistrado atribuye a Jáuregui, conocida como la “etarra de las mariscadas” por las fotos que colgó en Facebook de sus comidas en Gante (Bélgica), los delitos de asesinato terrorista y atentado terrorista.

De la Mata le ha comunicado su procesamiento “cuando judicialmente ha sido posible trasladarla, contra su voluntad, conducida por la fuerza pública, tras largos años de espera por los procesos judiciales”, señala en la resolución en la que acuerda la medida. Algo que ha supuesto, subraya, un “perjuicio para los intereses generales, la causa de la justicia, los derechos de las víctimas y la exigencia derivadas del debido proceso sin dilaciones indebidas”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también argumenta en sustento de la medida de prisión que Jáuregui no tiene arraigo alguno en España, donde no reside desde hace más de 30 años, pues “si bien es cierto que acredita que tiene algún o algunos familiares, que se ofrecen a acogerla, la evidencia es que la procesada tiene absolutamente toda su vida en Bélgica y no tiene lazos en España”, mantiene el juez.

“Estas circunstancias, unido a la gravedad de los hechos y la pena que podría eventualmente ser impuesta, ponen de manifiesto un elevado riesgo de fuga. Existe un riesgo indiscutible de que la procesada pueda optar por sustraerse a la disposición del Tribunal marchándose del país, refugiándose en otro Estado en el que hubiera que comenzar nuevamente durante años un nuevo proceso extradicional”, asegura el instructor.

Y es que aunque el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acordó la prisión de Jáuregui por esta causa en diciembre de 2005, no ha sido hasta ahora cuando, una vez detenida y entregada por Bélgica, la medida se ha hecho efectiva.

La etarra, recuerda el juez, formaba parte del “comando Vizcaya” entre enero y julio de 1981, integrando uno de los dos “subcomandos” junto a Juan María Otegui y el ya fallecido Francisco Javier Zabaleta, que compartían “parte de la infraestructura, objetivos y labores de seguimiento” al margen de quien materializara el atentado.

El 19 de marzo de 1981, sostiene De la Mata, Zabaleta y Jáuregui “acometieron disparando con las armas que portaban” al teniente coronel Rotaeche, quien falleció a consecuencia de los disparos.

A la vista de los graves delitos imputados, argumenta el instructor, existe “un riesgo fundado” de fuga que “debe ser neutralizado mediante la medida de prisión”. Para De la Mata ese peligro de que huya de nuevo de la Justicia española “refugiándose en otro estado” es “indiscutible”, lo que obligaría a “comenzar nuevamente durante años un nuevo proceso extradicional”.

Los hechos no han prescrito

Respecto a las alegaciones de la defensa respecto a la prescripción de los hechos, el magistrado considera que las resoluciones acordadas en el seno del procedimiento mientras ha estado huida de la Justicia española “están dotadas de auténtico contenido material y no de trámite” y dirigidas “a la efectiva prosecución del procedimiento” y a la investigación de los hechos, por lo que entiende que resultan suficientes para interrumpir el plazo de prescripción.

El instructor hace hincapié en que en su declaración el etarra Enrique Letona, detenido en octubre de 1987, “se refería expresamente” a Jáuregui “como partícipe en los hechos objeto de la presente causa”, por lo que el 24 de abril de 1989 se reabrió la investigación, posteriormente archivada en diciembre de 1989.

Más adelante, el sumario volvió a reabrirse tanto en febrero de 1995 como en abril de 2003, tras la detención de José Antonio Borde, y nuevamente en octubre de 2005, cuando se acordó el procesamiento de Jáuregui por estos hechos.

De la Mata esgrime la comparecencia ante el juez del etarra Sebastián Echániz en junio de 1993, quien “ratificó expresamente la declaración policial” en la que aseguró que la terrorista “participó en el asesinato del teniente coronel” Romeo Rotaeche, por lo que “se incorporó judicialmente al proceso la imputación realizada contra Jáuregui”. Además, hace referencia a un informe policial de 1987 en el que se sitúa a la etarra como integrante de uno de los dos “taldes” del “comando Vizcaya” y la declaración de Letona, “que asimismo imputaba a Jáuregui su participación en los hechos”.

Jáuregui huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del “comando Iskulin”. Posteriormente pasaría a formar parte, ya como miembro “liberado”, del “comando Vizcaya”, con el que habría participado en varios atentados en 1981, entre ellos el del teniente coronel Rotaeche.

Tras su regreso a Francia, huyó a México, donde sería localizada en 2002 en la operación en la que se detuvo al también etarra José Antonio Borde, que fue entregado a nuestro país. Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Gante, donde sería detenida en 2013.