Sánchez excluye a Iglesias del control de los fondos europeos

Pedro Sánchez no está dispuesto a dejar nada al azar en la importante gestión de los fondos europeos para paliar los efectos de la Covid-19 y se ha reservado para sí y sus ministros de confianza el control de los mismos. Para ello, se ha creado un órgano ad hoc, la llamada Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estará conformada por dos vicepresidentas y nueve ministros. Entre ellos, no figura el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la única representante de la “cuota morada”, si puede entenderse así porque estuvo vinculada con Izquierda Unida, será la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La titular de Trabajo tiene una conexión muy estrecha con el presidente. En la comisión de control de Fondos de la UE no se encuentran tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero; ni el ministro de Consumo, Alberto Garzón; ni el de Universidades, Manuel Castells.

De este modo, Sánchez vuelve a lanzar un potente mensaje y es que en las cuestiones trascendentes que tienen que ver con la gobernanza, Podemos queda excluido. Ocurrió con la fusión bancaria de Caixa y Bankia, con la salida del rey emérito de España y ahora con la gestión de los fondos europeos. Así figura en el borrador del real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La norma contempla la creación de cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos, dos de los cuales dependerán directamente de Sánchez y otro, la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación en la Presidencia del Gobierno, proporcionará información continua al jefe del Ejecutivo. Cuando Sánchez no esté presente, será Nadia Calviño quien presida la comisión. Otro mensaje velado a los morados, que mantienen un pulso abierto con la vicepresidenta económica del Gobierno y sus postulados más ortodoxos.

En la vicepresidencia segunda el malestar es evidente por la exclusión de momento del vicepresidente segundo, quien sabía desde la semana pasada que no estaría incluido en la citada comisión, aunque han preferido evitar, en un primer momento, la polémica -tras las críticas de deslealtad en la última semana por parte de algunos ministros socialistas-. El propio Pablo Iglesias ha llamado esta misma mañana a Pedro Sánchez para transmitirle personalmente el enfado. Desde la cuota morada en Moncloa se espera una rectificación pues, lo lógico sería que el vicepresidente estuviera presente en la comisión de control de fondos.

Además de Sánchez y Calviño, el órgano estará conformado por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Completan este órgano el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, que ejercerá las funciones de secretario de la Comisión; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón; la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; y la directora general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero.

El anuncio de la comisión de control de los Fondos de la UE se produce a tan solo un día de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieran ayer en Moncloa, en la tradicional cita de “maitines”, con los colaboradores de ambos partidos, donde el presidente y el vicepresidente si acordaron acercar posturas sobre la problemática de los desahucios, con el fin de abordar desde el Gobierno una solución común a la dramática situación que hasta ahora solo se encuentra blindada hasta el 31 de enero en el contexto del primer estado de alarma derivado de la primera oleada del coronavirus.