Nueva condena a la “trama Gürtel”: hasta 15 años de cárcel por una adjudicación ilegal en la visita del Papa a Valencia

La Audiencia cifra en 3,2 millones el sobrecoste del contrato de suministro de pantallas y megafonía del V Encuentro Mundial de la Familia de 2006

Empieza el juicio por contratos con Gürtel para la visita del papa a Valencia
Álvaro Pérez "El Bigotes", Francisco Correa y Pablo Crespo (de izda. a dcha.), en una sesión del juicio celebrado en la Audiencia NacionalFERNANDO VILLAREFE

Nueva condena a la “trama Gürtel”, en este caso por la adjudicación ilegal a las empresas de Francisco Correa del suministro de pantallas, sonido y megafonía con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, que tuvo un sobrecoste que cifra en 3,2 millones.

La Audiencia Nacional ha impuesto penas de ocho meses a 15 años de prisión a 19 de los 23 acusados por delitos fiscales y de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la Administración, blanqueo y falsedad documental, pues absuelve a dos (para quienes Anticorrupción retiró la acusación en el juicio) y otros dos, entre ellos el ex vicepresidente valenciano Juan Cotino, ya han fallecido.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan a 13 años y siete meses de cárcel a Correa, pero no es la pena más alta, pues su mano derecha, Pablo Crespo, ha sido condenado a 15 años y cinco meses de prisión, seis años y nueve meses en el caso de Álvaro Pérez “el Bigotes”, el hombre de la “Gürtel” en Valencia y del exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno. Para el resto de acusados, las penas oscilan entre los ocho meses y los tres años de prisión.

El tribunal aplica en todo caso la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido a que han pasado ya 14 años desde que se produjeron los hechos enjuiciados y reconoce para varios procesados las de reparación del daño y confesión que solicitó la Fiscalía, dado que once de ellos reconocieron los hechos o hicieron frente a la responsabilidad civil .

En la sentencia se condena igualmente como partícipe a título lucrativo a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia (el motivo del viaje papal), aunque declara extinguida la obligación de pago por encontrarse extinguida tanto la institución como la RTVV, cuyas obligaciones ha asumido la Generalitat valenciana.

La Audiencia concluye que se produjo una adjudicación directa de esos servicios por parte del entonces director general de la RTVV a favor de Teconsa, empresa interpuesta por el grupo Correa, “con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado”, en total 3.205.375,11 euros. Y es que finalmente se pagaron 6.460.000 euros (7.493.600 euros con IVA) por esos trabajos y, dado que el tribunal cifra el coste real de los mismos en 3.254.624 euros, la diferencia (esos 3,2 millones) “constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público, que fue después repartido entre los acusados con influencia decisiva en el proceso de adjudicación”.

Ese contrato, continúa la Sala, se firmó por un precio excesivo con la colaboración de los empleados públicos de RTVV y “se antedataron los trámites esenciales” con el fin de dotarlo de apariencia de legalidad e incurriendo “en sucesivas infracciones” de la normativa administrativa. Posteriormente, la trama se sirvió de un entramado de facturas falsas abonadas por Teconsa para canalizar los beneficios “hacia los distintos beneficiarios”.

Al menos desde octubre de 2005, la “trama Gürtel” puso en marcha una serie de actuaciones dirigidas a conseguir de modo ilícito esa adjudicación con motivo del Encuentro Mundial de las Familias que se iba a celebrar en julio en Valencia. En el acuerdo fraudulento participaron, según los magistrados, Correa, Crespo, Pérez Alonso y García Gimeno con el objetivo de que la RTVV contratara a Teconsa, para lo cual consiguieron que la Fundación, que era la organizadora del encuentro, firmara un convenio de colaboración con RTVV el 27 de febrero de 2006 por el cual no sólo cedían la señal institucional a dicho ente sino que también le cargaron el coste de la contratación de las pantallas, sonido y megafonía.

Era, dice el tribunal, una artimaña para que la RTVV “se hiciera cargo de un coste que no le correspondía porque para la retransmisión del evento no eran necesarias las pantallas, dado que éstas iban destinadas a que los peregrinos y visitantes pudieran ver al Papa en su recorrido por Valencia”.

Esa adjudicación a dedo fue, por tanto, “claramente ilegal”, pues la trama corrupta y García Gimeno “primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos de RTVV que han resultado condenados”. Y lo hicieron, subraya la Audiencia, “al margen de cualquier procedimiento administrativo y de los principios de publicidad y concurrencia”, intentando dar a posteriori cobertura formal al procedimiento “tramitando un expediente antedatado para favorecer a una empresa, Teconsa, que no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios y que tuvo que subcontratar todo, y autorización del gasto aún sin dotación presupuestaria”.

Para la Sala, se trató de “una ficción al servicio del fraude” que, en el caso de los empleados públicos, les llevó a infringir “su deber de probidad inherente al ejercicio de la función y en perjuicio económico del ente público, dado el sobrecoste del precio pagado”. Según los magistrados, el vicepresidente de Teconsa Jose Luis Martínez Parra (condenado a once años y siete meses de prisión), puso la empresa familiar al servicio de la “trama Gürtel” para que “hiciera de pantalla como adjudicataria, cuando en realidad los verdaderos adjudicatarios eran los acusados del Grupo de Francisco Correa, con quien se concertó, obteniendo a cambio una comisión de 200.000 euros, y los beneficios fiscales derivados de la deducción de las facturas ficticias abonadas que encubrían el reparto de los fondos obtenidos y que acreditan el delito de blanqueo de capitales”. En total, las cuotas defraudadas por los acusados en el Impuesto de Sociedades entre 2006 y 2008 y de IVA en 2006 y 2007 suman 1.328572 euros.