El juez a los comisarios: “Eran conscientes de la ilegalidad de lo que hacían”

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el «caso Kitchen», Manuel García Castellón, aseguró que tanto el ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Francisco Martínez como los comisarios que participaron en el espionaje a Luis Bárcenas «eran conscientes de la ilegalidad de lo que estaban haciendo». Así consta en la grabación de una declaración como investigado del comisario Enrique García Castaño, quien reconoció haber entregado al «número dos» del ex ministro Jorge Fernández Díaz un «pendrive» con el contenido de tres teléfonos sustraído al extesorero del Partido Popular.

Y le mostró esa documentación sustraída a Bárcenas, según reconoció García Castaño, en un ordenador que había comprado con fondos reservados. Lo hizo con la intención de que no viera esta información en un terminal «oficial» de la Policía: «Es que si tú tienes esa información... me ha pasado con más cosas que le he pasado al secretario de Estado [Francisco Martínez]. No se meten en un ordenador que está en la red», se defendió este comisario, que trataba de convencer al magistrado de que esa forma de actuar se basaba en los «protocolos de seguridad y de actuación» de la Policía.

Sin embargo, esta explicación no convenció a García Castellón, quien apeló a su larga experiencia como juez y a su relación con la Policía: «¿Usted sabe los años que llevo yo de juez de instrucción? Probablemente más que usted como policía», dijo el magistrado, que concluyó: «Lo que me está diciendo, aunque solo sea por el conocimiento que tengo de las peripecias policiales y judiciales, no es posible».

El juez interpeló después al comisario sobre si cada vez que llevaba una información relevante al secretario de Estado, Francisco Martínez, compraba un ordenador. «No», tuvo que reconocer García Castaño, ante lo que el magistrado preguntó: «¿Y por qué aquí se compra? ¡Qué casualidad! Compra usted el ordenador a partir de tener este ‘pendrive».

El comisario se puso entonces a la defensiva e incluso llegó a acusar al magistrado de querer confundirle. En ese momento. García Castaño trató de justificar la compra del ordenador por la relevancia que tuvo la «operación Kitchen», que llegó a comparar con una negociación con ETA, asunto en el que aseguró haber participado, y en el que también habría utilizado un ordenador que no era de la Policía Nacional.

«Se hace, normalmente, cuando hay un tema que es delicado, una negociación con ETA, ya le digo yo... Algo delicado, que no se puede quedar en la red», dijo el comisario, que fue interrumpido por el instructor: «Pero esto no era una negociación con ETA, perdóneme... ¿Me quiere usted contar que tenía esto de delicado? Dígamelo. No lo entiendo. No era delicado», dijo el juez.

«Es así. Usted tiene razón», reconoció entonces el comisario García Castaño, quien inició su declaración anunciando su intención de colaborar con la Justicia. Precisamente esta supuesta colaboración ya fue apuntada por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una respuesta dirigida a El País. Sin embargo, hasta el momento los fiscales que investigan el «caso Villarejo» no han reconocido de forma oficial esta colaboración en «Tándem», una macrocausa compuesta por cerca de 30 piezas separadas, una de ellas la denominada «Kitchen».

En el interrogatorio a García Castaño el juez consideró también que la decisión de los imputados en «Kitchen» de no utilizar un ordenador de la Policía para ver los documentos sustraídos a Bárcenas podría deberse a que fueran conscientes de que estaban «sobrepasando unos límites, como está claro y evidente para todos los que estamos aquí. ¿Es así o no señor García Castaño? Sea sincero si quiere», prosiguió el juez instructor.

El ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que se vio «acorralado» por el interrogatorio, se vio obligado entonces a confirmar el parecer del juez: «Jurídicamente tiene usted razón», reconoció.

«¿Cómo qué jurídicamente?», protestó el juez, que completó su opinión: «No hablamos jurídicamente, hablamos policialmente, no estamos hablando de forma judicial».

«Pero yo no quiero tener razón ni dejar de tenerla, lo que creo es que eso de tener razón lleva consecuencias, y lo digo en el hilo que estamos discurriendo ahora. Es decir, se está basando, todo lo que usted está contando, en el ocultamiento, para que no salga en las redes policiales de ordenadores, en fin, informáticas. Están ustedes ocultándolo y cuando digo ustedes, lo digo en plural, lo están ocultando mediante la compra de un ordenador particular, para entendernos, no policial, ¿Es así?», preguntó el juez a García Castaño, que confirmó las sospechas del instructor: «Es así».

Al final del interrogatorio, el juez García Castellón mostró su descontento con la versión que dio en su declaración el comisario García Castaño, a quien acusó de tratar de encubrir los hechos: «Cubre más de sospecha lo que hacen ustedes. Cubre de sospecha lo que hace el señor secretario de Estado [Francisco Martínez]», zanjó el instructor.

Por otra parte, el magistrado ha acordado imputar a los que fueran jefes de Seguridad de Repsol y Caixabank Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente, por los encargos que realizaron al comisario José Manuel Villarejo.