Sánchez aprobará con ERC una ley para que Madrid suba impuestos

La pandemia de la Covid-19 volatilizó las previsiones del Gobierno y sus planes de legislatura, pero hizo, si cabe, más acuciantes algunas de las tareas pendientes que tenía el Ejecutivo. Es el caso de la reforma fiscal, que en Moncloa definen desde hace meses como «inevitable» y que no ocultan que se debe acometer cuanto antes, porque «las costuras fiscales saltaron» con el gasto derivado de las coberturas para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria. Más allá de esta eventualidad, que ha puesto de relieve la necesidad de «robustecer» el Estado del Bienestar, está la realidad y es que España tiene un porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB siete puntos inferior al de la media de la Unión Europea. Aunque en el Ministerio de Hacienda lleven meses trabajando en esta reforma fiscal, que quieren poner en marcha el próximo año, lo cierto es que ha saltado a la opinión pública como una suerte de contrapartida a Esquerra Republicana por su apoyo a las cuentas públicas. Los independentistas se cobran la pieza y en Moncloa les dejan hacer, aunque lo tuvieran previsto con anterioridad al preacuerdo presupuestario, porque son conscientes del clima de precampaña en el que se mueven.

Los independentistas buscan rentabilizar electoralmente su giro pactista con esta cruzada contra «el dumping fiscal de facto y contra el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid», en palabras de Gabriel Rufián. En vísperas de los comicios catalanes, ERC que parte como favorito a las urnas ha optado por una estrategia que califican de «cambio de ciclo» y que pasa por salir del bloqueo para conseguir importantes beneficios para Cataluña, entre ellos también figuran una inversión inédita de 2.300 millones de euros en transferencias o la gestión del Ingreso Mínimo Vital. La «reforma fiscal total, justa y progresiva» pactada con Esquerra y que el Gobierno ya tenía en sus planes supone la armonización de los tributos autonómicos, de manera que se establezca una horquilla, fijando topes máximos y mínimos, para que las regiones no puedan salirse de estos límites. En la práctica, esto obligaría a la Comunidad de Madrid a subir la mayoría de sus gravámenes, ya que los tiene mucho más reducidos que el resto de comunidades. Es la región donde se paga menos IRPF, menos impuesto de Sucesiones y Donaciones y tiene exento el de Patrimonio.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se quedará de brazos cruzados ante la amenaza que supone el acuerdo de Sánchez con ERC para la autonomía fiscal de Madrid. «Va a dar la batalla hasta donde haga falta», reconocen en el entorno más cercano de la presidenta y, llegado el caso, se estudiarán las posibilidades legales de recurrir a la Justicia. En el departamento de Hacienda del Ejecutivo autonómico de Ayuso ya han hecho cuentas y la armonización fiscal que pretenden los independentistas catalanes y Sánchez tendrían un impacto superior a los 5.000 millones sobre los bolsillos de los madrileños. «Seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos a los contribuyentes madrileños para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo».

En el Ejecutivo de la Puerta del Sol de Madrid responsabilizan por completo a Sánchez de esta afrenta a su autonomía para definir los tramos de los impuestos gestionados desde las regiones. Dan por hecho que los partidos independentistas quieren «lo peor para Madrid», pero lamentan que el presidente de la Nación haga suyo este discurso: «Si Sánchez quiere subir los impuestos que lo diga, que no se escude ni en mis compañeros de partido ni en otros presidentes autonómicos, ni mucho menos en los independentistas, porque al menos ellos van de frente», añadió ayer la presidenta madrileña.

Y es que aunque en Moncloa no comparten la denominación de «infierno fiscal», sí aseguran que se tomarán en breve espacio de tiempo «decisiones muy importantes» para paliar lo que definen de «deslealtad entre comunidades». El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció sobre este asunto ayer desde Palma de Mallorca, donde se celebraba la XIX Cumbre bilateral de España e Italia. El presidente defendió las subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid y quiso enfrentar a Isabel Díaz Ayuso, como ya hiciera en la crisis sanitaria, con otros presidentes autonómicos del PP que –dice– comparten que existen «problemas en materia fiscal». En este sentido, Sánchez descarta que se trate de un «debate ideológico» y recuerda que el compromiso de «cohesión social» del Ejecutivo también se entiende en este sentido. «Existe un problema que hay que resolver de armonización fiscal», aseguró el presidente, en la línea de garantizar la «igualdad de oportunidades entre todos los españoles». Para Sánchez esta falta de armonización fiscal es una de las debilidades del actual sistema de financiación autonómica, cuya reforma sigue todavía pendiente y se quiere vincular a la de los impuestos autonómicos.

La última vez que Sánchez y Ayuso se vieron cara a cara fue con motivo de la cumbre que ambos dirigentes mantuvieron el 21 de septiembre en la Puerta del Sol para abordar los preocupantes datos de contagios que en esos días presentaban algunas zonas de la Comunidad de Madrid. Aunque aquella cita sirvió para aliviar tensiones, la paz apenas duró unos días. Desde entonces, reconocen fuentes de la Comunidad de Madrid, no ha habido ninguna reunión, únicamente tres llamadas telefónicas en los primeros días de noviembre, en los que ambos volvieron a constatar su falta de sintonía. Ayuso le pidió a Sánchez tiempo para aplicar su plan para frenar los contagios, pero Sánchez optó por declarar unilateralmente el estado de alarma en la región. A partir de entonces, el silencio entre Sol y Moncloa, al menos, al más alto nivel. A corto plazo, la presidenta no prevé elevar una queja formal al presidente por su acuerdo con ERC. Pero sí promete que «irá con todo» para «frenar esta barbaridad».