El juez estrecha el cerco sobre los encargos de Podemos a Neurona

Reclama a Triodos Bank las transferencias a la consultora desde 2019 y cita como testigo a un cámara contratado por Podemos para esclarecer si se pagó a la empresa por el mismo servicio

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias
El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo IglesiasRicardo Rubio Europa Press

Una cuenta de Podemos de la que es apoderado Pablo Echenique está en el punto de mira del juez que investiga la supuesta financiación ilegal de Podemos. El magistrado Juan José Escalonilla sigue empeñado en esclarecer cuánto dinero pagó la formación morada a la consultora Neurona con motivo de las elecciones generales de abril del pasado año y si esos pagos, que suman al menos 363.000 euros, se correspondieron a trabajos de carácter electoral efectivamente realizados.

Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid quiere conocer las transferencias bancarias efectuadas desde 2019 a Neurona desde una cuenta de la que es apoderado el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, desde la que se transfirieron el pasado enero 2.420 euros a la consultora contratada por la formación morada para esos comicios.

El magistrado accede así a la petición efectuada en este mismo sentido por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que ejerce la acusación popular en este procedimiento. La intención del instructor es, según reconoce en la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, «determinar si ha habido más transferencias» de la coalición a Neurona Comunidad.

Las sospechas de Escalonilla de que esos trabajos pudieron ser ficticios se ponen de manifiesto en la citación como testigo el próximo día 21 de Tirso Nohales quien –según consta en la documentación electoral aportada por Unidas Podemos– era el cámara que grababa para Podemos las campañas electorales. Según la acusación, precisamente uno de los pagos efectuados a Neurona Comunidad se justificaba en ese tipo de grabaciones de carácter electoral, por lo que supuestamente se habría abonado un servicio que ya se estaba realizando por una persona contratada por la coalición. Ahora, el testigo tendrá que aclarar este extremo ante el juez.

Sin embargo, el instructor no accede a la petición de la asociación de juristas Pro Lege de que comparezca también como testigo la arquitecta que reformó el chalet de Galapagar (Madrid) de Pablo Iglesias e Irene Montero. La acusación justificaba esa testifical en el hecho de que fue Nuria Julbe quien –según aseguraron ante el juez los ex abogados de Podemos José Manuel Calvente y Mónica Carmona, despedidos cuando investigaban supuestas irregularidades financieras en el seno del partido– puso en contacto a Podemos con el arquitecto que reformó su sede en Madrid, Manuel Campos. Unos trabajos que se licitaron en 649.000 euros y costaron 1,3 millones y que también se investigan en este procedimiento.

Pero Escalonilla no considera necesaria su declaración, «al haber resultado suficientes las declaraciones prestadas por los representantes legales de las diversas mercantiles contratadas por Podemos para la ejecución de la obra de rehabilitación de su sede».

Tampoco accede el magistrado a reclamar a Unidas Podemos y al vicepresidente Pablo Iglesias la información sobre las empresas que trabajaron tanto en la reforma de la sede del partido como la vivienda de Galapagar. La acusación pretendía esclarecer así «si son las mismas empresas o tienen relación entre ella».

Sin embargo, Escalonilla no ve ninguna utilidad a esa diligencia, que considera ajena al procedimiento al referirse a las empresas que ejecutaron las obras de reforma de la vivienda de Iglesias y Montero. Y subraya que «lo determinante es comprobar que las obras realizadas» en la sede de Podemos en la calle de Francisco Villaespesa «ascienden al importe finalmente abonado por Podemos».

Asimismo, en su resolución el magistrado deja en el aire la declaración como testigo del ciudadano de nacionalidad mexicana Eric Alberto Guerrero, alias «El Colibrí», a quien según la acusación popular Juan Carlos Monedero «trajo y estuvo contratado por Podemos» y al que vincula a Neurona Consulting. Su testimonio, defendía, podía esclarecer «el hecho controvertido de las presuntas comisiones». Pero el juez insta a la acusación «aclare y acredite la información determinante de su proposición como testigo» antes de pronunciarse.

La UDEF alertó de esa cuenta

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya alertó en noviembre del referido pago a la firma bajo sospecha desde esa cuenta de la entidad Triodos Bank en la que, además de Echenique, figuran como apoderados el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos (imputado en la presente causa) y Carolina Alonso, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Esta es una de las cuentas desde la que se transfirieron al menos 363.000 euros a Neurona Comunidad que el juez cree que pudieron no corresponderse con la prestación de servicio electoral alguno.

El instructor investiga la denuncia que presentó el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, quien consideró sospechoso el contrato entre Neurona y Unidas Podemos tras constatar que el letrado y su compañera en el área de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona que el que fuera administrador único de la consultora, Elías Castejón, tenía vínculos con los denominados “Papeles de Panamá”. A ambos les extrañó que el borrador de contrato del acuerdo se elaborara cuando la firma Neurona Comunidad no había sido ni siquiera creada.

Castejón, administrador de Neurona Comunidad hasta el 15 de enero, se desmarcó ante el juez de la gestión de la consultora contratada por la formación de Pablo Iglesias y defendió que los pagos se correspondieron con “la prestación de los servicios profesionales” que el instructor sospecha simulados.

Además, derivó en Andrea Edlin López Hernández, socia de Neurona, las órdenes de pago mediante las cuales se abonaron alrededor de 270.000 euros a Creative Advice Interactive Group, la supuesta “empresa fantasma” con sede en México, que habría utilizado la consultora para desviar esos fondos electorales.