Campaña contra el Rey: “Debe pedir perdón por el 3-O”

Podemos y un sector socialista coinciden en que Felipe VI debería «en este nuevo contexto» rectificar en su próximo Mensaje de Navidad su discurso contra el 1-O

El rey Felipe VI en la entrada del Auditorio de CaixaForum. Asiste junto a otras personalidades a la entrega del Premio Autónomo del Año 2020, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
El rey Felipe VI en la entrada del Auditorio de CaixaForum. Asiste junto a otras personalidades a la entrega del Premio Autónomo del Año 2020, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).Óscar J.BarrosoEuropa Press

¿Debe pedir el Rey Felipe VI perdón por su discurso del 3-O? El runrún está en los cenáculos políticos de la izquierda, no sólo en la propaganda independentista, y sube decibelios a medida que se aproxima la celebración de la Navidad, y, en consecuencia, el próximo Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey. En este «nuevo contexto político», cada palabra del Monarca se mirará con lupa, sobre todo si afecta a la cuestión territorial por las alianzas de las que depende el Gobierno de la Nación.

El hasta dónde debería llegar esta rectificación tiene matices según la propuesta venga del ámbito más radical de la izquierda, de Unidas Podemos, o de un ala socialista y constitucionalista. Porque dentro del PSOE también hay voces que defienden esta opción, con un fin distinto al de Podemos, «el de garantizar el futuro de la Monarquía», precisan.

No es cuestión menor que esta corriente de opinión coincida con los movimientos de ERC, los guiños del Gobierno socialista con la reforma del delito de sedición y las presiones para que se acelere la concesión del indulto a los líderes independentistas condenados, precisamente, por sedición por el Tribunal Supremo. Y con la campaña catalana. El ala socialista que cree que el Rey debería hacer algún gesto de rectificación con Cataluña alega que tiene en cuenta «el rechazo creciente» que se percibe en las visitas de Felipe VI a esta comunidad autónoma, lo que atribuyen, en buena parte, a aquel contundente discurso del Rey en plena crisis por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Dos días después de ese referéndum, en un clima de incertidumbre y desasosiego, y con un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se colocó también de perfil ante esta decisión, el Rey garantizó la defensa del orden constitucional y el respeto a la ley. Además de condenar el comportamiento de las autoridades de Cataluña.

La eficacia de la propaganda de la Generalitat lo convirtió en un ataque a Cataluña, cuando aquel discurso fue una defensa de la democracia y de la Constitución. Tema distinto es el debate sobre la oportunidad, ya que hasta desde el Gobierno de Rajoy se desentendieron de la decisión «personal» del Monarca y filtraron, a posteriori, su desacuerdo.

La campaña secesionista contra la Monarquía viene de atrás, aunque antes de la abdicación del Rey Don Juan Carlos el juego consistía en cargar contra el hoy Rey emérito y bendecir la figura de su heredero, bajo la propaganda de que él iba a ser, supuestamente, más sensible con la ruptura de España. El ser de la Jefatura del Estado es la defensa de la unidad constitucional, la ostente Don Juan Carlos, Felipe VI o su heredera, la Princesa de Asturias.

El Rey dio un golpe en la mesa en un contexto que era un auténtico polvorín y sin liderazgo claro: las imágenes de las cargas policiales, la propaganda de la Generalitat, el desconcierto en las cancillerías extranjeras y el desconcierto de nuestra propia diplomacia, sobrepasada por unos hechos, la celebración del referéndum, que el Gobierno de España había dicho que nunca tendrían lugar.

En el momento presente, a la Casa Real no se le pasa por alto el momento delicado que atraviesa por la situación del Rey emérito y porque con el Gobierno de coalición la figura de Felipe VI parece estar sometida a un proceso dirigido a rebajar su autoridad y su papel institucional. En el ámbito exterior, por ejemplo, y también en Cataluña, después de la polémica que levantó el veto del Gobierno a su visita a Barcelona ante el inminente fallo del Tribunal Supremo que confirmó la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es un hecho que las protestas en Cataluña han ido enjaulando cada vez más las visitas de la Familia Real, y si en el lado del Gobierno de Unidas Podemos se exige esa petición de perdón del Rey por cuestionar su actuación el 1-O, en ese sector socialista, que ve conveniente un gesto, se justifica, sin embargo, «en la conveniencia de hacer un esfuerzo de aproximación a la sociedad catalana para avanzar hacia el entendimiento político».

La ruptura sentimental y política de España que supuso el proceso independentista deja en realidad a Felipe VI sin apenas espacio para hacer ningún gesto que pueda interpretarse como una enmienda a su defensa del orden constitucional. En su corto reinado, carga con un camino lleno de obstáculos. La inestabilidad política, repetición de elecciones, crisis económica, crisis en la Casa Real provocada por su propia familia, la rebelión secesionista y la pandemia.

Y su papel ha sido de un pulcro respeto a su función constitucional, tarea en la que su principal obligación es hacer de muro de contención del proceso de cambio de régimen y de liquidación del Estado que persiguen los apoyos del Gobierno de Sánchez. Felipe VI tiene por delante, además, el reto de sobreponerse al riesgo de que el adelgazamiento de su agenda le acabe convirtiendo en una figura decorativa, en lo que trabajan «morados», independentistas y Bildu. También se enfrenta a la necesidad de desvincularse por completo de las polémicas que afectan al Rey emérito, más que nada por su coste ante la opinión pública, ya que la impresión de quienes están en la «pomada» es que estos hechos no tendrán recorrido judicial. Y otro de sus desafíos es contener el movimiento que le deja cada vez más fuera de Cataluña: tiene que seguir siendo el Rey de todos los españoles, como alega ese socialismo que apoya a la Jefatura del Estado, pero que, a la vez, cree que debe hacer «movimientos de autoprotección».