BBVA manipuló un informe que defendía pagar los escoltas a Francisco González

El área de Seguridad de BBVA, liderado por el ex comisario Julio Corrochano, manipuló un informe que recomendaba que el banco pagara los escoltas a Francisco González hasta cinco años después de que abandonara la presidencia de la entidad financiera, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En su declaración como testigo del 12 de noviembre, la que fuera secretaria de Corrochano entre 2002 y 2018, Elena M. Z., confirmó que Cenyt -la empresa del comisario José Manuel Villarejo- modificó en enero de 2017 un dosier sobre la supuesta amenaza que suponía para González el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien en ese momento se encontraba en prisión.

Según los audios a los que ha tenido acceso este diario, el fiscal Miguel Serrano preguntó a la testigo sobre un correo de enero de 2017. En la misiva la mujer aseguraba a Rafael Redondo, socio de Villarejo, que «por indicación de Julio [Corrochano]» le encargaba una corrección en el dosier denominado «Evaluación de riesgo presidente». En dicho documento se apuntaba que Pineda mantenía «estrechas relaciones con otros internos de su prisión, considerados muy peligrosos», con un perfil delincuencial «altamente compatible con el sicariato».

“El texto que has enviado”

Redondo respondió el correo de la secretaria de Corrochano y adjuntó la versión final del informe «tras sustituir el apartado ‘Resumen Ejecutivo’ con el texto que me has enviado».

Este periódico ha tenido acceso al “email” que obra en el sumario de la pieza número 9 del «caso Villarejo», en la que BBVA está investigada como persona jurídica por la contratación por más de 10 millones de euros del ex comisario. En la comunicación consta un documento en el que se añade, de forma manuscrita, que Pineda considera a González «autor intelectual de su situación procesal».

La versión del informe que devuelve el socio de Villarejo ya incluye la redacción final del departamento de Seguridad del banco. En ella se da cuenta de la «existencia de nuevos hechos y circunstancias que incrementan de manera significativa el riesgo de seguridad sobre el presidente». Estos hechos aluden únicamente a Pineda, a quien también se le atribuye «una actitud violenta y vengativa».

“Periodo de cinco años”

Con esta modificación del informe, Villarejo y Corrochano defendían que, pese a que Pineda permanecía en la cárcel, había «un incremento del riesgo de seguridad sobre el presidente, Francisco González, y su entorno».

«Esta dirección de Seguridad estima necesario mantener en el tiempo, por un periodo adicional de cinco años al actualmente establecido tras el cese en su actual condición de presidente, y, en su caso, prolongar mientras se mantenga el riesgo identificado, las medidas y dispositivos de seguridad que sean necesarias para minimizarlo», especifica el documento clasificado por el banco como «confidencial».

En el marco del interrogatorio, el fiscal preguntó a la testigo sobre el significado del correo dirigido al socio de Villarejo en el que reclamaba los cambios. Quería saber si la empresa del ex comisario entregaba los informes que redactaba previamente la entidad financiera.

Posteriormente, leyó los documentos anexos del correo e hizo referencia a las anotaciones manuscritas relativas a las correcciones del banco. «¿Quiere decir que ustedes eran los que cuando algo no le gustaba del informe se lo corregían y le decían: no esto queremos que venga así?», preguntó. La testigo apuntó la posibilidad de que la corrección intentara hacer el informe «más concreto».

“Puede ser, sí”

Pero esta respuesta no convenció al representante del ministerio público, quien insistió: «Sí, pero no pidiendo que concrete más, sino redactando ustedes lo que querían. ¿Sería así? ¿Lo recuerda? ¿Puede ser?». Ante lo que la secretaria asintió: «Pues puede ser, sí».

El juez Manuel García Castellón, a cargo de las pesquisas, acordó el interrogatorio a raíz de la petición de la defensa del propio Pineda, quien está inmerso en un juicio por presunta extorsión al BBVA en el que se enfrenta a 119 años de cárcel.

Según la investigación realizada por los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa la denuncia contra Pineda la presentó de forma anónima el jefe de Servicios Jurídicos del banco, Eduardo Ortega, quien dejó su cargo de juez de la Audiencia Nacional tras fichar por BBVA. La iniciativa se gestó en una reunión que Francisco González mantuvo con el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el subdirector general de Gabinete Técnico, José Manuel Pérez Pérez; el subdirector general de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez Martín; el jefe de División de Formación y Perfeccionamiento, Rafael Abeledo; y el comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio.