Los partidos se acusan de atacar la Constitución

El 42º aniversario de la Constitución logró ayer reunir a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción de nacionalistas e independentistas. Una re-unión que no constituyó una reafirmación en sí misma de la unidad entre diferentes, que predica el texto constitucional, sino que sirvió para dejar patentes una vez más las profundas divergencias entre los distintos partidos. La Carta Magna ciertamente manoseada por unos y otros, que la utilizan como arma arrojadiza contra el contrario y que la asumen como propia o la reivindican en parte, y no en un todo, para defender sus intereses partidarios. El acto fue atípico, marcado por la sobriedad y las medidas de seguridad a que obliga la pandemia. Abandonando la calidez del Salón de los Pasos Perdidos y sustituyéndola por las distancias y el aire libre de la Plaza de las Cortes.

El único candor en el ambiente fue el del acalorado rifirrafe político, que no descansa ni en tan señalada fecha. Ante un micrófono, dispuesto en el patio del Congreso, fueron desfilando los líderes de los partidos. En este contexto se dio un cruce de acusaciones entre formaciones en el Gobierno y en la oposición que llevó a unos y otros a utilizar el mismo argumento contra sus rivales. Tanto Unidas Podemos, como PP y Vox coincidieron en aseverar que la Constitución está «en peligro» o se está viendo «asediada». Claro que, cada uno de estos partidos, entiende que es el contrario el que la está sometiendo a semejante amenaza.

El primero en pronunciarse en estos términos fue Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, partido que forma parte de la coalición, y que aseguró que la Constitución «está bajo asedio por dos quintos de la Cámara». Se refiere a los 52 diputados de Vox, que defienden que el gobierno de la dictadura era mejor que el actual, y también a los 88 del PP, que llevan dos años incumpliendo de manera «flagrante» el artículo 122.3 de la Carta Magna, el que prevé la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este punto, Echenique aprovechó la coyuntura para defender la necesidad de avanzar en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar las mayorías para elegir a sus miembros. Una reforma que está actualmente parada en el Congreso. Desde Podemos, que no ahorra en alegatos en favor de la República, aseguran que esta es su posición, desvinculándola de la del PSOE, pero señalando que es «una evidencia» que «no podemos permitir que se incumpla el artículo 122.3 de manera flagrante y continuada».

Por su parte, desde el PP y Vox se aseguró al unísono que la Carta Magna está «en peligro» porque «los enemigos de la Constitución están en la dirección de Estado», una expresión acuñada por Pablo Iglesias pero que ha dado munición a la oposición contra el Ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, quiso reivindicar el sistema del 78 frente a los sectores del Ejecutivo, que dice, quieren derrocarlo y llamó a que los «moderados» sean quienes marquen sus designios, como hasta ahora, dejando fuera a «los radicales» que «denigran los actos de conmemoración». Casado advirtió sobre el poder que han adquirido los independentistas catalanes y vascos, una influencia que el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, encuadró en un «momento grave y delicado» porque «quieren acabar con la Monarquía y sus valores». «La Constitución está en peligro y todos debemos defenderla», zanjó Espinosa de los Monteros.

El presidente del Gobierno, por su parte, realizó una declaración sin preguntas, en la que defendió el aniversario de la Constitución como «el mayor logro de nuestra historia colectiva» y aprovechó para reivindicar tanto «el estado de alarma como elemento constitucional», gracias al cual se está haciendo frente a la pandemia y se salvan vidas, como que después de dos años de bloqueo se hayan aprobado unos Presupuestos «que elevan a la máxima categoría el alma social de la Constitución». «Hay que cumplir del primero al último de los artículos de la Constitución», pidió Sánchez, en alusión a los partidos de la oposición, que –en su opinión– reniegan de parte del texto de la Carta Magna.

La labor de defender los pactos del Ejecutivo con Bildu y ERC recayó en la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que, en su intervención aseguró que ninguna de estas fuerzas «merece la descalificación», sino que se debe «aceptar su plena y legítima participación en nuestro sistema político e institucional». Así, alertó sobre las «consecuencias nefastas» que tiene «considerar al adversario político un enemigo», así como negarle «la legitimidad» en un «enfrentamiento constante e incondicional». También reivindicó que la Constitución debe servir para «aunar voluntades, no para imponer las propias» y alertó contra aquellos partidos que pretenden «apropiarse del texto constitucional convirtiéndolo en bandera y patrimonio partidista».