La mayoría cree que Iglesias busca tumbar el régimen

En la calle no está el debate entre Monarquía y República, pero sí podría tener mejor acogida el debate sobre la reforma constitucional, pero en otras circunstancias y no con un Gobierno sostenido en estos socios. Cuarenta y dos años después de su aprobación, la mayoría de los españoles considera necesario introducir cambios en ella, hasta un 64,2 por ciento de los encuestados por NC Report. Mientras que sólo un 28,5 por ciento se declara rotundamente en contra de introducir modificaciones en el texto que se aprobó en 1978. Cuanto más joven es el electorado, más partidario se muestra de renovar el texto de la Ley Fundamental. Apoya esta opción el 71,1 por ciento de los votantes entre 18 y 34 años. Un porcentaje que se reduce al 56,3 por ciento en los mayores de 55 años, que han vivido más cerca los inicios de la democracia española.

Sin embargo, este apoyo mayoritario a la necesidad de introducir enmiendas en el texto constitucional contrasta con la mayoría que, al mismo tiempo, considera que éste no es un buen momento para abrir ese debate, probablemente por la inestabilidad política, los apoyos que sostienen al Gobierno de Sánchez y las prioridades sanitarias y económicas que impone la pandemia. Un 64,5 por ciento de los encuestados lo rechaza; el 31,2 por cierto sí vería con buenos ojos que esta cuestión volviese a entrar en el debate político. La falta de consenso sobre la agenda de esta reforma y sobre los tiempos ha hecho que termine siempre aparcada, gobierne quien gobierne.

Ahora, en el Gobierno de coalición hay un partido, Unidas Podemos, que se manifiesta republicano y que propugna el cambio de régimen del 78. El electorado lo sabe porque cuando se le pregunta por las intenciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hasta un 60,1 por ciento dice que lo que buscar es derrocar el modelo constitucional del 78. Por contra, un 31,8 por ciento niega que éstas sean las intenciones del líder de los morados.

Otro de los debates constantes, cada vez que se celebra el Aniversario de la Constitución, es el que afecta al modelo territorial y a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades. La alianza que sostiene al Gobierno de la Nación, Podemos, ERC, PNV y, de manera tangencial, Bildu, quiere centrifugar al máximo los poderes del Estado central. Pero esto choca con el sentir de la mayoría de los españoles, que en un 53,1 por ciento se manifiesta en contra de aumentar el autogobierno autonómico. En estas corrientes a favor de las modificaciones constitucionales o de avanzar hacia el modelo federal hay un dominio claro de las nuevas generaciones, mucho más partidaria que quienes vivieron más de cerca la construcción de la democracia española. Entre los menores de 34 años, casi el 50 por ciento dice estar a favor de dar más autogobierno a las autonomías. Y en los mayores de 55 años se reduce al 32,2 por ciento.

Cuando este debate del reparto de poderes territoriales se eleva al objetivo máximo, a examinar la exigencia independentista del referéndum de autodeterminación, aquí hay muchos menos matices y se impone un porcentaje mucho más abrumador en contra de ese referéndum que exige el secesionismo catalán. El 75,3 por ciento de los encuestados lo rechaza. Sólo un 19,4 por ciento lo apoya.

Para la mayoría de los españoles el principal sentido de la Constitución es, precisamente, su valor como garante de la unidad de España. Así lo ve el 70,1 por ciento frente al 23,6 por ciento que se posiciona en el «no». En los mayores de 55 años, con más conocimiento sobre el texto de la Ley Fundamental y sobre las circunstancias que la acompañaron, hasta un 81,2 por ciento dice que la Constitución tiene como principal función garantizar la unidad territorial.

Para ellos, el artículo 2 está plenamente vigente: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Y si para la mayoría su función principal es ésta, también para la mayoría el objetivo de los socios del Gobierno de Sánchez es acabar con el «muro» que garantiza la integridad territorial. Un 66,3 por ciento asegura que los socios de Pedro Sánchez quieren «acabar con la Constitución». Y sólo el 28 por ciento confía en que no sea así. La tendencia de que a mayor edad más apoyo a la Constitución, y más crítica a los objetivos de los partidos que sostienen a Sánchez, se mantiene estable en todos los apartados de este sondeo, realizado por NC Report durante la negociación y aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

El proceso presupuestario ha sido el escaparate de los empujones nacionalistas e independentistas para cobrarse el precio de sus escaños en Madrid. Con Bildu y ERC con el papel de primeros figurantes.