Los Franco han dado ya las llaves de Meirás para evitar «el circo»

Hoy, 82 años después de que el Pazo de Meirás pasara a manos de Franco por una donación (formalizada con una escritura en 1941), la propiedad pasa a formar parte -aunque de forma provisional-, del patrimonio público.

Las llaves fueron depositadas ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, cuya titular condenó a los herederos del «Generalísimo» a su devolución.

Sus nietos se adelantaron a la entrega formal prevista para hoy en la Torre de la Quimera, la más alta del Pazo de Meirás, donde la escritora Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca. Ha sido así porque tomaron la decisión de no estar presentes en el acto. «No vamos a ir. El circo que se lo monten solos», asegura Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los Franco, que corrobora que «la familia ya ha cumplido con la entrega de las llaves en el juzgado».

Arranca así la ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado 2 de septiembre, a la espera de que se dicte un fallo definitivo tras agotar todas las vías legales. De hecho, los Franco ya presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña. En caso de que no prospere, su intención es llegar al Tribunal Supremo.

Mientras, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la titularidad del Pazo de Meirás debe ser «de los gallegos»–la Xunta ya pidió formalmente al Gobierno asumir la gestión en noviembre– y se lo planteó ayer a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Por su parte, Calvo anunció que el pazo abrirá sus puertas al público para «contar la verdad» del paso de Franco por el inmueble con perspectiva democrática y para reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán. Mantuvo una reunión en la Delegación del Gobierno de Galicia, en A Coruña, con Feijóo y el resto de administraciones implicadas en la entrega de la propiedad a Patrimonio del Estado, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada.

Los interlocutores acordaron colaborar con este objetivo, por lo que mantendrán varias reuniones para disponer el inmueble antes de su apertura al público con un nuevo relato.

Por ahora, la familia Franco ha solicitado al juzgado retirar «todos» los bienes del inmueble por no estar, sostiene, vinculados a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, dan por hecho que esta petición será rechazada y le reclaman, por ello, que concrete qué bienes pueden retirar.

«Entre otras cosas porque, hasta la fecha, respecto de ninguno de ellos se ha planteado en tiempo y forma su eventual reivindicación», señalan en un escrito con fecha 7 de diciembre y en el que avanzan que recurrirán el auto que acuerda que el Estado sea depositario de los bienes hasta que haya una sentencia definitiva. «Ninguno de tales bienes muebles aporta absolutamente nada a la significación del inmueble reivindicado como Bien de Interés Cultural», señalan los abogados de los Franco en su escrito. En él recalcan que la Xunta, cuando declaró BIC el pazo, «no incluyó la identificación y descripción de ningún bien mueble que, por su vinculación con el inmueble, debiera incorporarse a dicha declaración».

Además, sostienen que la retirada de estos bienes «en modo alguno supondría comprometer los posibles usos definitivos del inmueble». Además, inciden en que en las resoluciones del juzgado «nada consta en cuanto a cuáles habrá de ser tales usos».

En base a esta argumentación, y después de que el juzgado les prohibiese sacar bienes, con excepción de los de «estricto uso personal» o los que no comprometan los futuros usos definitivos del inmueble, solicitan su autorización para retirar «todos los bienes muebles» que en la actualidad se encuentran en el pazo.

No obstante, añaden que, «siendo evidente que una petición semejante sería rechazada», «la única forma lógica de zanjar por el momento esta cuestión» es aclarar qué se les permite retirar. Ello, apostillan, sin perjuicio del recurso que, según avanzan, presentarán contra el auto que declaró al Estado depositario provisional de los bienes.

Por ello, piden que, antes de proceder a la entrega de la posesión del pazo –fijada para hoy mismo–, el juzgado indique «cuáles de los bienes» pueden ser retirados por su parte «de forma inmediata o en los próximos días». «Ello concediendo a esta parte la correspondiente autorización para su retirada o traslado y precisando los términos en los que podrá o habrá de proceder al efecto», concluyen.