La Fiscalía investigará la regularización fiscal

Analizará el origen de los 678.000 euros que pagó Don Juan Carlos a Hacienda y la incidencia jurídica

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El Rey don Juan Carlos en una de sus últimas apariciones públicas, en febrero del pasado año EUROPA PRESS

La Fiscalía del Tribunal Supremo quiere conocer todos los pormenores del ingreso de 678.000 euros –incluyendo intereses y recargos– realizado por el Rey emérito en Hacienda para regularizar su situación fiscal de los gastos derivados del uso de las tarjetas de las que eran titular el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. En este sentido, el equipo de fiscales que dirige Juan Ignacio Campos – quien será propuesto este mismo mes para sustituir a Luis Navajas como teniente fiscal del Supremo y número 2 de la Fiscalía– quiere, por un lado, analizar el origen de esos casi 700.000 euros, es decir, si proceden o no de actos ilícitos, y, de esa forma, determinar si hay alguna irregularidad administrativa.

En la hipótesis de que regularización se haya realizado de forma correcta, la investigación relativa a estos hechos se archivaría, ya que la misma se llevó a cabo antes de se interpusiese alguna denuncia o hubiese requerimiento previo por parte de la Agencia Tributaria. De esa forma, se cerraría la opción de que tuviese que afrontar un posible procedimiento penal por delito fiscal.

Para ello, analizará todo el expediente que ayer mismo le remitió ya Hacienda con la declaración tributaria que don Juan Carlos cumplimentó el miércoles, para analizar la procedencia del dinero y la incidencia jurídica que pueda tener en el contenido de la investigación, que podría llevar al archivo si se determina que la regularización se hizo correctamente y que el origen del dinero con el que la realizó tiene un origen lícito.

En relación con esta investigación, el empresario mexicamo aseguró el pasado lunes, en declaraciones a TVE, que envió 270.000 euros al coronel Nicolás Mendoza, militar próximo a Don Juan Carlos y persona que sería la persona interpuesta para que el rey emérito disfrutara libremente de las cantidades, o de gran parte de las mismas, que enviaba el citado empresario.

Así, Allen Sanginés-Krause aseguró que envió 270.000 euros al citado militar 270.000 euros para el cuidado de una yegua, aunque Anticorrupción sospecha que sólo una quinta parte se utilizó para ese fin, mientras que el rey emérito habría dispuesto del resto libremente.

El empresario también asumió que pagó viajes a Don Juan Carlos por valor de 100.000 euros durante tres años.

En todo caso, el posible archivo de esta investigación no terminaría con los problemas legales de Don Juan Carlos, toda vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta otras dos investigaciones. Una de ellas es la relacionada con un fondo en la isla de Jersey, y la otra, la relativa a los cien millones de dólares (64,8 millones de euros) que recibió Don Juan Carlos en 2008 del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, supuestamente como comisión por su labor de intermediación en la adjudicación de las obras de construcción del AVE de Medina a La Meca. En este último caso, Don Juan Carlos seguía amparado por la inviolabilidad como jefe de Estado.

Sobre esta última causa, fuentes fiscales indicaron a LA RAZÓN que la Fiscalía continúa analizando toda la información enviada por las autoridades suizas, algo que es «importante para determinar cantidades y fechas», es decir, si todas las actividades en las que se pudo ver inmerso el Rey emérito coincidieron durante los años de su reinado, lo que llegaría a que no se pueda emprender ningún procedimiento penal por la inviolabilidad de que gozaba, o, por el contrario, algunas se produjeron tras su abdicación en favor su hijo, Felipe VI.

Una vez concluya el análisis de toda esta documentación, la Fiscalía presentará su informe, previsiblemente en las próxims semanas y determinará si Don Juan Carlos estaba protegido por la inviolabilidad durante todo el período en que sucedieron esos hechos, o, por el contrario, algunos de ellos pudieron producirse más allá de 2014, cuando perdió esa prerrogativa con su abdicación. En un principio, todas las informaciones apuntaban a que archivaría las mismas, pero la remisión de nueva documentación por parte de Suiza lo deja todo en el aire en estos momentos.