Un orden verbal de la Jefatura de Canarias propicia un control de los inmigrantes que viajan a la Península

La salida de marroquíes de las islas se ha reducido de forma considerable

Dos agentes de la Policia Nacional vigilan la puerta de llegadas del aeropuerto de València, adonde habían llegado en avión en los últimos días un número indefinido de inmigrantes desde Canarias, asi como a otros puntos de la Península, entre ellos Granada, Málaga, Sevilla, Alicante en vuelos comerciales. EFE/Manuel Bruque
Dos agentes de la Policia Nacional vigilan la puerta de llegadas del aeropuerto de València, adonde habían llegado en avión en los últimos días un número indefinido de inmigrantes desde Canarias, asi como a otros puntos de la Península, entre ellos Granada, Málaga, Sevilla, Alicante en vuelos comerciales. EFE/Manuel BruqueManuel BruqueEFE

Una orden verbal de la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha propiciado un mayor control sobre los inmigrantes que habían llegado ilegalmente al archipiélago y trataban de embarcar, por vía aérea o marítima, hacia la Península, según han informado a LA RAZÓN fuentes solventes. En teoría. sólo pueden volar los que tenga un documento válido expedido por la Policía; los que carezcan de documentación no pueden hacerlo por más que dispongan de pasaporte en regla.

Hasta la semana pasada, tal y como publicó LA RAZÓN el pasado 22 de noviembre, eran constantes los desplazamientos de inmigrantes, sobre todo marroquíes, hacia la Península. Disponían de pasaporte en regla y de dinero para adquirir los pasajes.

Todo estaba perfectamente organizado, según las citadas fuentes, hasta el punto de que los inmigrantes, para no llevar el dinero durante la travesía desde la costa africana, sacaban el dinero en una sucursal bancaria próxima al consulado de su país en Las Palmas, donde se han observado largas colas para realizar este trámite.

Las denuncias mediáticas de lo que estaba ocurriendo (a Canarias han llegado unos 20.000 inmigrantes en lo que va de año y quedan en el archipiélago unos 9.000) han conducido a la adopción de estas medidas, sobre todo por la alarma que se producía en las ciudades a las que llegaban los vuelos con marroquíes, como Valencia, Sevilla, Elche, etcétera.

Los que viajaban lo hacían con una orden de expulsión expedida por las autoridades, ya que, pasado el tiempo reglamentario, disponían de libertad de movimientos por el territorio nacional y podían, por lo tanto, viajar a la Península, al tratarse de traslados internos.

En ámbitos policiales causa malestar la situación creada y se considera que no existe una legislación adecuada a las circunstancias que se han generado. Las órdenes de expulsión se materializaban con cuentagotas hacia Marruecos, al menos hasta el momento. La situación de pandemia dificulta este tipo de gestiones con otros países pero, en cualquier caso, se considera que es la medida adecuada para resolver el problema suscitado.

En el caso de los inmigrantes que llegan a Canarias hay que diferenciar entre los subsaharianios, que “llegan con lo puesto”, desorientados, con miedo y algunos huyendo de situaciones de peligro por la guerra. En estos casos, se activan los protocolos humanitarios, en los que Cruz Roja juega un papel determinante, para prestarles ayuda y, en su caso, trasladarles a otras comunidades autónomas.

En el caso de los marroquíes, se ha observado que se trata de personas, sobre todo jóvenes, que llegan organizados, incluso jerárquicamente y que, como se ha demostrado recientemente tras una operación policial de la que todavía no se ha informado oficialmente, bajo la tutela de las mafias de la inmigración.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, un total de 19 personas han sido detenidas en lo que supone un golpe a los terminales de dichas mafias en Canarias y la Península.

La Policía Nacional asestó, de esta manera, un duro golpe a los terminales españoles de las mafias de la inmigración marroquí.

Se trata de una organización dedicada al tráfico ilegal de personas, con origen Marruecos y destino Canarias, mediante la utilización de pateras. Una vez en el archipiélago, les alojaban en casas de campo o viviendas ocupadas hasta que la trama logística de la banda pudiera darles documentos para continuar viaje hacia la Península o bien hacia otros países de la Unión Europea.

El modus operandi que utilizaban para poder viajar es denunciar falsamente que habían perdido el pasaporte y, con ese justificante, una vez comprados los billetes, se subían al avión o al barco.

Se calcula que han introducido en España a varios cientos de inmigrantes y que incluso, como en las redes de prostitución, secuestraban a los que se negaban a desembolsar la cantidad previamente acordadas.

Es una operación centrada en Canarias, pero con ramificaciones en varias provincias como Cádiz, Málaga, Granada y Murcia.