La tensión política complica la vuelta de Juan Carlos I en Navidad

El más completo mutismo reina en Zarzuela sobre la posibilidad de que Don Juan Carlos regrese a Madrid para, como era su intención, celebrar las Navidades con los suyos. La razón va más allá de que la Casa de S. M. el Rey ya dejó claro que, a partir del 3 de agosto, sería el abogado del padre de Don Felipe, Javier Sánchez-Junco, quien «proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes». Es preciso recordad en este sentido que cuando se produjo la salida de España de Don Juan Carlos, nadie tuvo noticia de ello hasta que el antiguo Jefe de Estado se encontraba ya en el aire rumbo a Emiratos; aunque, en realidad, hubo que esperar dos semanas más hasta que la opinión pública tuvo conocimiento de que ése había sido realmente su destino. Estos hechos invitan a pensar que la llegada de Don Juan Carlos se hará pública cuando ya se encuentre en la que vaya a ser su residencia a partir de ahora, sea o no el palacio de la Zarzuela como el deseaba. Sin embargo, al pasar los días e ir acercándose las festividades, cada vez parece más probable que el artífice de la Transición deberá posponer su regreso a una fecha posterior al discurso de Navidad de su hijo e, incluso, puede que posterior a su cumpleaños el próximo 5 de enero.

Como ya publicó este diario, la prioridad en estos momentos es no interferir en la cita que Don Felipe tiene el próximo 24 de diciembre con las cámaras de Televisión Española en el que será uno de sus discursos, a priori, más comprometidos. Por lo demás sigue en pie la premisa de que Don Juan Carlos no regresará a España si no existe un acuerdo expreso para que así lo haga con el Gobierno y con Don Felipe. Los canales de comunicación directos permanecen abiertos y el acuerdo es completo para que la vuelta se produzca como la marcha de Don Juan Carlos, de manera pactada.

Es precisamente la actitud del Gobierno la que más preocupa en el entorno de Don Juan Carlos ya que, precisamente cuando se empiezan a dar pasos para que pueda producirse el retorno, nuevas filtraciones avivan la polémica que lo hace imposible. La última de ellas, la de la regularización fiscal que estaban a punto de realizar los abogados del padre del Rey, provino directamente de Moncloa y fue instrumental para que un intento de eliminar impedimentos para que Don Juan Carlos vuelva se convierta exactamente en lo contrario.

La postura del presidente del Gobierno es sintomática en este sentido ya que si un día aseguraba que se llegaría «hasta el final» en la investigación, otro pedía respetar la «presunción de inocencia» de Don Juan Carlos y disociar la polémica que afecta a su persona, de la institución. «No se juzga a la Corona, se juzga al anterior jefe del Estado», señalaba, para autopuntualizarse a continuación: «Se está juzgando a personas, no a instituciones».

La ambivalencia de Moncloa

En cualquier caso Sánchez siempre ha mantenido el cortafuegos en torno a la figura de Felipe VI recordando que, si bien no ha dado explicaciones con «palabras», sí lo ha hecho con «hechos», con la «ejemplaridad y transparencia» que lleva aparejada su actividad y sus hábitos, desde que llegara al trono. «Con sus hechos está demostrando su forma de entender la vida pública. Algo que agradezco», llegó a decir. Sobre la eventual vuelta de Don Juan Carlos a España por Navidad, el presidente del Gobierno no ha querido pronunciarse, despejando la presión hacia Zarzuela: «Es la Casa Real quien debe responder si va a volver o no». Sin embargo, sí quiso recordar que sobre el anterior jefe del Estado no pesan «causas judiciales abiertas» y reivindicó su «presunción de inocencia» y su disponibilidad a volver en el momento que la Justicia le requiriera.

Sin embargo en un punto sí que el Gobierno salió en defensa de la Corona sin ambages ni segundas intenciones. El pasado viernes Moncloa desmintió inmediatamente que estuvieran produciéndose conversaciones con Zarzuela para retirarle el título de «Rey» a Don Juan Carlos cuando se hicieron públicas informaciones en este sentido. Que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no tenía intención de hacerlo por el momento se sabía ya a raíz de una pregunta escrita formulada por el senador de Compromís Carlos Mulet en la que pedía saber si el Gobierno tenía pensado revocar este título honorífico y vitalicio que recibió Juan Carlos I tras su abdicación. El Gobierno descartó en su momento retirar el título alegando que este tratamiento honorífico está en línea con los precedentes históricos y la costumbre de otras monarquías de nuestro entorno. Según recalcó el Gobierno de Pedro Sánchez el tratamiento honorífico que se da a Juan Carlos I está recogido en un decreto aprobado durante el mandato de Mariano Rajoy, fecha en la que se produjo la abdicación del Monarca y el nombramiento de Felipe VI como jefe del Estado. Abundando en este punto de vista, durante una comparecencia en la Comisión Constitucional, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, defendió que los actos del monarca Juan Carlos I «no requieren refrendo alguno puesto que no desarrolla ninguna función constitucional tras su abdicación como Jefe del Estado».