El arquitecto que reformó la sede de Podemos vio el precio “bastante por debajo del valor de mercado”

La reforma de la sede de Podemos se licitó por 649.000 euros y terminó costando más del doble, 1,3 millones de euros, pero –según explico el pasado 20 de noviembre al juez que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada Andrea Deodato, gerente de Compras y Servicios del partido– el arquitecto que dirigió la polémica rehabilitación trasladó al partido que ese precio «estaba bastante por debajo del valor de mercado».

Así consta en el vídeo incorporado a las diligencias que recoge la declaración que prestó Deodato en calidad de investigada–al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, quien explicó al juez Juan José Escalonilla que el arquitecto «se movió mucho para tratar de animar a las empresas» a que se presentasen porque se trató de una «licitación de urgencia» (pues tenían una fecha tope para abandonar su antigua sede de la calle Princesa). «Ante eso no nos podíamos dar el lujo de que la licitación quedara totalmente desierta», explicó la gerente de Compras del partido.

Y es que alguno de los representantes de las empresas adjudicatarias de los trabajos contaron al juez ese mismo día en sus comparecencias como testigos que no presentaron sus ofertas a través del perfil del contratista de la web de Podemos, sino que trataron directamente con el arquitecto.

Los ex abogados de Podemos José Manuel Calvente y Mónica Carmona –despedidos el pasado diciembre cuando investigaban supuestas irregularidades contables– denunciaron al instructor que las obras se adjudicaron «a dedo» y comenzaron antes de que concluyera (a final de mayo del pasado año) el periodo para la presentación de ofertas. «Justo las empresas que estaban trabajando en ellas casualmente fueron las adjudicatarias», aseguró Carmona, para quien no había «justificación alguna» para que se pagaran 1,3 millones por los trabajos de rehabilitación.

El tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, aseguró en su declaración que uno de los motivos por los que se entró a trabajar antes de que se adjudicaran las obras fue porque hubo un derrumbe y hubo que retirar los escombros y que se llevó a cabo «una perimetración de seguridad porque hubo varios intentos de entrar».

«No había derrumbes»

Sin embargo, el jefe de obras de esa remodelación, Manuel C. –que inspeccionó «a últimos de mayo» el inmueble de la madrileña calle de Francisco Villaespesa para elaborar su presupuesto–, fue rotundo cuando la abogada de Vox, Marta Castro, le preguntó si pudo constatar algún derrumbe en esa visita. «No, no había derrumbes», afirmó.

Eso sí, el testigo negó que conociera el coste fijado en abril para el proyecto de 649.000 euros. «Los costes los ponía yo. A lo mejor había unos costes de la base de datos del Colegio de Arquitectos que son mínimos. Esos precios no valen. Los precios de costes reales son los que ponemos los contratistas».

El juez Escalonilla se encargó de dejar claro a Deodato antes de su declaración como investigadas que tras la denuncia de Calvente «la cuestión no era tanto la falta de licitación pública que hubiera podido haber» (a la que están obligados los partidos cuando los trabajos superan los 40.000 euros) como «la divergencia existente entre el precio de licitación y el precio de adjudicación».

La imputada negó que las obras empezaran antes del 20 de mayo de 2019, cuando el Consejo de Coordinación de Podemos aprobó por unanimidad los trabajos (aunque no fue hasta principios de junio cuando se adjudicaron). «No, no es cierto», aseguró.

De ahí que el instructor pusiera especial interés durante su interrogatorio en esclarecer a qué se debió ese desfase. «Cuando se licita la obra se licita por 643.000 y pico euros y se adjudica por 1,3 millones. ¿Por qué esas divergencias entre una cifra y otra?». Pero la respuesta de Deodato –que participó tanto en el proceso de licitación como en la adjudicación de los contratos– no aclaró nada. «Yo entiendo que esa cifra sale del proyecto de ejecución material que me entregaron y que, la verdad, no recuerdo si fui yo quien subió ese importe o no a la web».

«¿Y usted sabe por qué se terminó adjudicando por un millón trescientos y pico mil, que era más del doble de la licitación?», insistió el magistrado.

«Porque cuando termina la licitación, tenemos todos los presupuestos y consultamos con el arquitecto», dijo la investigada, que recordó que Campos les «dio el OK». «Se tomó un tiempo para valorarlo, mirarlo con detenimiento, nosotros valoramos las empresas... y poco más». «Luego no sé si fue en ese momento o después que nos dijo que incluso estaba bastante por debajo del valor de mercado», añadió.

«Una licitación de urgencia»

–¿Todas las empresas licitan a través de este perfil del contratista o hubo alguna que trató directamente con el arquitecto?– quiso saber Escalonilla tras haber escuchado el testimonio de cinco de ellos sobre cómo procedieron para presentar sus presupuestos.

–Yo entiendo que el arquitecto fue conversando –explicó Deodato–. «Esto fue una licitación de urgencia y ante eso no nos podíamos dar el lujo de que la licitación quedara totalmente desierta. Por lo tanto yo sé que el arquitecto se movió mucho para tratar de animar a las empresas a que se presentasen».

El instructor quiso saber también si se publicitó el proyecto a través de la web de Podemos. «Yo creo que sí. En un momento estuvo. Luego revisando sé que nuestro asesor nos dijo que pusiéramos documentos, que quitáramos documentos». Ese asesor, dijo a preguntas del abogado de Podemos (la formación esta imputada como persona jurídica) era Calvente. Según Deodato, fue el letrado quien defendió que se adjudicaran los trabajos por la vía de urgencia e incluso les felicitó en el chat que compartían por el «perfecto» trabajo realizado.

Carmona explicó al juez que Calvente «preguntó directamente si era una tapadera, si se había adjudicado a dedo y nadie le respondió» y que no pidieron explicaciones porque no vieron a los dirigentes de Podemos «predispuestos a colaborar» por lo que optaron por llevar a cabo una investigación «de forma sigilosa».