El Consejo Fiscal avala la Ley sexual del “sólo sí es sí”

El Consejo Fiscal, presidido por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha avalado de forma genérica el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como la del “sólo sí es sí”. En este sentido, valora la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos internacionales asumidos por España, especialmente al Convenio de Estambul, las recomendaciones internacionales en la materia y al Pacto de Estado contra la violencia de género.

En su informe, el Consejo Fiscal propone mejoras técnicas, sistemáticas y de redacción de determinados preceptos, y valora positivamente por unanimidad la inclusión del concepto de consentimiento como elemento esencial del delito de agresión sexual.

Junto a ello, propone también una modificación de los delitos relativos a la explotación sexual para garantizar su eficacia, si bien entiende que lo idóneo sería una ley integral sobre la materia.

Otro punto de la Ley que ha sido protagonista en el debate del Consejo Fiscal, y en el que no ha existido unanimidad, se refiere a los delitos de explotación sexual (prostitución). Así, el informe que se hará público en los próximos días sugerirá la necesidad de que se cuente con una ley concreta para abordar este fenómeno con el fin de profundizarse más en el delito, sin perjuicio de que se pidan también puntualizaciones técnicas dirigidas a “pulir” los preceptos penales con el fin de mejorar la persecución de estas conductas.

Se pide mejorar, por ejemplo, lo relativo a la figura del proxeneta o tercera persona que se beneficia de una explotación sexual porque aunque ya estaba contemplado en el Código, es cierto que la jurisprudencia existente hacía complicada su persecución. Este aspecto, según Ep, debe ser mejorado en la nueva normativa según sugerirá el Consejo Fiscal.

Según el Anteproyecto se castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual “que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”, e incluye como delito leve el denominado ‘acoso callejero’. Las condenas por violaciones irán de 4 a 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más. La norma, que elimina la diferencia entre abuso y agresión, pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión. La eliminación de esta diferencia ha sido vista con buenos ojos por el Consejo fiscal, según las mismas fuentes, sin perjuicio de que las penas se establezcan en función de las características de cada conducta en concreto.

El anteproyecto asume así el conocido ‘solo sí es sí’, reivindicación que se evidenció tras la polémica primera sentencia del caso de La Manada, que condenó a los 5 acusados por un delito de abuso por una violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016, si bien posteriormente el Tribunal Supremo elevó las penas al sentenciar que fue una violación.