Los técnicos de Hacienda pidieron en julio de 2018 investigar a Don Juan Carlos

Gestha advirtió de que estaba obligado a declarar sus bienes en el extranjero dos meses antes de que Anticorrupción concluyera que la Agencia Tributaria debió abrir un expediente

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas en la actualidad tres investigaciones al Rey Emérito
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas en la actualidad tres investigaciones al Rey EméritoLa Razón (Custom Credit)©GTRESONLINE

«Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido esta mañana a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el Rey Emérito, Juan Carlos I, la usó como testaferro, demostrando así que no existen escudos fiscales para proteger a la Familia Real». De esta forma comenzaban estos funcionarios una nota que difundieron a los medios de comunicación el 12 de julio de 2018, cuyas conclusiones incluyeron los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano en un escrito que dirigieron a la Audiencia Nacional.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, la Fiscalía Anticorrupción advirtió en septiembre de 2018 de que la Agencia Tributaria debería haber abierto una investigación sobre las cuentas del Rey Emérito Juan Carlos I.

En concreto, los fiscales relataron al juez que «las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones» merecían «la atención de las autoridades tributarias», y que, en su caso, podrían «derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal».

Y para apoyar esta opinión los representantes del Ministerio Fiscal en el «caso Tándem» aludieron al comunicado en el que los técnicos de Hacienda manifestaban que las conversaciones publicadas tenían «la entidad suficiente como para que la Agencia Tributaria les preste la máxima atención y las verifique».

En el mencionado comunicado los funcionarios de Hacienda abogaban por iniciar las investigaciones tributarias, ya que consideraban que había indicios suficientes para llevarlas adelante.

Además, recordaban que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero, y hacían hincapié en que las revelaciones de Corinna Sayn-Wittgenstein ponían de manifiesto que el monarca Emérito, «a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, creaba estructuras opacas, concedía préstamos y propiedades a Corinna que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mónaco».

«Gestha recuerda que si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular del terreno de Marrakech y de las cuentas en Suiza y no las ha declarado en el modelo 720, el valor de dichos bienes es imprescriptible y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha, como una ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del 51,5% al tener su residencia en Madrid», prosigue el escrito.

Los técnicos que el Emérito «podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, e incluso si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014, si la declaración del modelo 720 no fue correcta y completa, y un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones».

Asimismo, los funcionarios de Hacienda entendían que deberían investigarse las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones del Rey Emérito.

Pese al aviso de los técnicos, la Agencia Tributaria no inició ningún procedimiento contra Juan Carlos I, que hace dos semanas abonó 678.000 euros para regularizar su situación con Hacienda en relación al cobro presuntamente irregular de más de 800.000 euros procedentes del ciudadano mexicano y británico Allen Sanginés-Krause.