El Supremo pide informe a la Fiscalía sobre la ampliación de la querella de IU contra el Rey emérito

La Sala de Admisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado una providencia por la que se pide a la Fiscalía que informe sobre su postura de admitir o no a trámite la querella presentada por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, contra el Rey emérito y otras personas a las que acusan de un total de 13 delitos. En la providencia de la Sala se deja constancia igualmente que los querellantes han depositado los 12.000 euros de fianza que se les había requerido para ejercer la acción popular.

Los magistrados que deben resolver sobre la querella de IU son Manuel Marchena -presidente-Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo García

La querella original fue registrada en diciembre de 2018 y archivada por prácticamente los mismos magistrados que vuelven a entender del asunto en poco más de seis meses -en verano de 2019-, todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales. Ahora, lo que han realizado es una ampliación de la querella en la que se insta que se vuelva a reabrir esa casusa a raíz de los nuevos datos aportados

La querella inicial está dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, entre otros contra su amiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, el ex comisario José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y algunos empresarios. La reciente ampliación afecta también al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause -quien presuntamente realizó diversos regalos al Rey Don Juan Carlos que derivó en que éste realizase hace algunas semana declaración complementaria ante Hacienda- y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga , al servicio del Rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.

Esta ampliación de querella incorpora los casos conocidos en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del citado empresario Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones del fisco.

“De la lectura de la presente ampliación de querella, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”, destacan IU y PCE en su escrito.