Del mediador a la vacuna de Salvador Illa

En la última conferencia de prensa del año, el presidente del Gobierno de España, manifestaba: «Cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa. Todos hemos cometido errores, y tenemos que aprender de esos errores, mirar hacia delante, y ser capaces de encontrar un espacio en el que nos podamos reencontrar».Pero aun siendo cierto que todas las partes han cometido errores, no todos han cometido delitos. Para dejar clara la responsabilidad de cada parte, ningún constitucionalista promovió un proceso de sedición, ni utilizaron fondos públicos para financiar un proceso separatista, ni desobedecieron sistemáticamente las resoluciones judiciales.

Los delitos los cometieron quienes soñaron con la proclamación de una ilusa República catalana, quienes desde los organismos públicos promovieron graves disturbios en las calles, quienes incitaron el acoso a los opositores, aquellos que instigaron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona o el intento de asalto del Parlament –similares a las del asalto del Capitolio de Washington–, o aquellos que se burlaban de las resoluciones y actuaciones judiciales. Y en este marco, no todos deberíamos tener el mismo grado de responsabilidad en resolver el mal llamado «problema catalán».

Cataluña, como el resto de España, se encuentra en una situación crítica, asolada por la crisis sanitaria, económica y social y al borde de una crisis institucional sin precedentes por lo que favorecer un clima de entendimiento y cooperación es el deber de todo gobernante. Y la voluntad de Pedro Sánchez es clara en esta dirección. Desde enero de 2020, el Gobierno de España quiso apostar por el reencuentro entre catalanes, la reconciliación y la convivencia de una Cataluña dividida y enfrentada. Tamaña misión fue encomendada a Salvador Illa, un filósofo prudente y –tenido por quienes le conocen, como una buena persona, meticuloso e inteligente– nombrado ministro de Sanidad de un ministerio vaciado de competencias y cuyo objetivo consistía en resolver la grave crisis territorial que desde 2014 amenaza con colapsar la nación más vieja de Europa.

Su primer éxito, para el Gobierno de coalición, consistió en alcanzar el acuerdo con ERC que posibilitó la investidura. Illa participó en la mal llamada «Mesa de Diálogo» y alcanzó el éxito al negociar su apoyo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Cataluña ha participado siempre en la toma de decisiones de ámbito nacional, no hace falta remontarnos al curso de la historia (a la que los separatistas les agrada tanto manipular), en los últimos cien años más de 70 ministros han sido catalanes, y la voz de los catalanes se ha oído clara y contundentemente en la dirección de los designios hispanos.

La Constitución de 1978 fue refrendada masivamente por los catalanes, con una participación del 67,90% (casi un punto por encima de la media española) y con un apoyo masivo (el 90,46%, tres puntos por encima de la media nacional).

Dos de los siete ponentes constitucionales fueron catalanes, los electos catalanes en las Cortes que elaboraron la Constitución fueron 50 (los elegidos por Madrid 33), y no es menor el dato resultante de los diputados desde 1977: arroja un total de 579 electos catalanes que se contraponen con los 429 elegidos por la circunscripción de Madrid. Y en 60 ocasiones, los ciudadanos de Cataluña hemos expresado en las urnas nuestra voluntad de decidir el futuro de forma libre y legal. Sin subterfugios ni falsificaciones, en la que nuestra Constitución ha sido la garantía de que a ningún español se la ha hurtado el derecho a decidir sobre algo que nos afecta a todos.

Hoy los separatistas, aun sintiéndose derrotados, siguen propagando imprudentemente, su nuevo mantra –«Ho tornarem a fer»–, con su impostado eslogan de falsa creencia en una separación imposible, y para ello blanden su propia debilidad con los políticos encarcelados como última baza para mantener el pulso al estado. Indultar a los políticos y activistas condenados eliminaría un concreto y contundente elemento de conflicto, haciendo más fácil la la convivencia entre ciudadanos y entre administraciones, restableciendo la reconciliación, contribuyendo a cerrar una etapa que se ha caracterizado por el alto nivel de confrontación y eliminaría el relato de persecución, que los separatistas propagan. El Estado de Derecho es también un mecanismo de represión mínima y de respeto máximo por los derechos y libertades, pero la condena a sus autores y la larga permanencia en prisión de aquellos que el Tribunal consideró culpables en mayor grado ponen de manifiesto la vertiente punitiva del Estado de Derecho, el indulto mostraría el aspecto integrador del mismo y la capacidad de cerrar un episodio de confrontación.

Desde la más absoluta firmeza en la defensa del marco constitucional el indulto no debe ser visto como una connivencia ideológica o política con los condenados, o compartir siquiera mínimamente los fines o los medios que les movieron a actuar en la forma descrita por la Sentencia que los condena, ni cuestionar la conformidad a derecho de la Sentencia. El indulto es una medida de gracia reconocida constitucionalmente y por tanto perfectamente acorde a la legalidad vigente, lejos de ser una concesión, demostraría la fortaleza de un Estado que habiendo aplicado la ley con el máximo rigor es capaz, después, de perdonar. Se trata pues de un beneficio colectivo favoreciendo la reconciliación y el retorno a la normalidad política en Cataluña y España.

Fomentar la idea de seguir compartiendo un proyecto común con todos los españoles y el convencimiento de que las dificultades que pasamos como país serán superadas desde la unidad y no desde la separación es el camino para poner fin a las derivas supremacistas. Puede sonar a tópico, pero solo con una efectiva propaganda de recordatorio de las evidencias que nos unen podremos conseguir nuestro objetivo y salir de la permanente discusión sobre la unidad territorial. Para ello, el Gobierno central debe articular la conciencia de la catalanidad y la noción de un proyecto común español. Y esto solo podrá ser posible construyendo un renovado relato de España que tenga también acento catalán. Esto significa, por un lado, un proyecto nacional que esté protagonizado decisivamente por catalanes. Y, Por otra, una narrativa que se exprese y explique también con los matices propios de la mentalidad y de la lengua catalana. Y es evidente que el Gobierno español ha puesto empeño en ello.

Que España sea capaz de generar un relato de integración y reconciliación debe ser la norma de nuestros gobernantes, y el Gobierno español debe llevar la iniciativa. Indultar a los separatistas de la cárcel podría ser un primer paso. El segundo y más importante es sacarles democráticamente del Palau de la Generalitat.

Los resultados de las últimas elecciones de diciembre de 2017 y las consultas ilegales que se han celebrado en Cataluña, demuestran que, al menos hasta la fecha, el separatismo no es mayoritario en Cataluña, puesto que nunca han alcanzado el 50% del censo electoral. Pero en las últimas semanas los dirigentes separatistas y sus organizaciones civiles, apuestan por proclamar la independencia con un 50% de votos tras las elecciones catalanas del próximo febrero. Y el gobierno de España debe evitar repetir errores y que la enfermedad nacionalista prenda de nuevo en Cataluña.

Pedro Sánchez ha planeado meticulosamente las próximas elecciones a la Generalitat de Cataluña. Y cree que la vacuna contra los errores se llama Salvador Illa. Que tengamos suerte y funcione.