Casado exige a Sánchez la dimisión de Illa: “Tras 83.000 fallecidos y 2 millones de contagiados debe dimitir”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión del titular de Sanidad. Una exigencia del líder de la oposición que se produce ante la gravedad de la tercera ola del coronavirus en España, y después de que varios líderes autonómicos hayan pedido al Gobierno una modificación del decreto actual del estado de alarma para poder confinar sus comunidades ante la incidencia acumulada de la Covid.

Sin embargo, Sanidad no prevé modificar el decreto del estado de alarma para permitir a las comunidades autónomas que lo están solicitando ya un confinamiento domiciliario. Así lo ha confirmado hoy mismo el ministro Salvador Illa en rueda de prensa, donde sí ha mostrado su predisposición a ampliar el toque de queda para tratar de doblegar la tercera ola del coronavirus.

Tras la comparecencia pública, Casado ha exigido al Gobierno la dimisión del titular de Sanidad “tras 83.000 fallecidos y 2 millones de contagiados” en España. En su red social de Twitter, el líder del PP ha responsabilizado a Sánchez y a Illa de la “nefasta” gestión durante la primera y segunda ola del coronavirus, así como de la “inacción” en la tercera ola.

Además, ha recordado al Ejecutivo que lleva meses exigiendo una “legislación para pandemias y un plan B” al estado de alarma. “Llevo meses exigiendo a Sánchez legislación para pandemias y un plan B a la alarma. Él y su candidato y ministro a tiempo parcial son responsables de la nefasta gestión en la 1ª y 2ª ola y la inacción en la 3ª. Tras 83.000 fallecidos y 2 millones de contagiados Illa debe dimitir”, ha tuiteado Casado.

El plan “b” del PP

Los populares registraron el año pasado una proposición de ley orgánica -que fue tumbada por el Congreso de los Diputados- con el objetivo de reformar la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, de 1986, y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 1998. Para los populares, tras el primer estado de alarma prorrogado en seis ocasiones y que “recortó derechos básicos de los ciudadanos”, el Gobierno debía preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, “sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud”.