Laya da carpetazo al «Gibraltar español» en el Congreso

La ministra de Exteriores compareció ayer finalmente ante el Congreso para dar explicaciones sobre el principio de acuerdo alcanzado con Londres sobre Gibraltar y, a juzgar por el bombardeo de argumentos de la oposición al que tuvo que hacer frente, la sesión no fue tan placentera como las negociaciones con Picardo, con quien demuestra «una sensibilidad como nunca habíamos visto», en palabras del líder gibraltareño.

Desde el primer momento, Laya se lanzó a una decidida defensa del papel que la colonia militar británica, uno de los paraísos fiscales más opacos del planeta, realiza en la comarca del Campo de Gibraltar, uno de las regiones más deprimidas económicamente de la Unión Europea. Para la ministra española, que asumió abiertamente la tradicional retórica británica en referencia de una «zona de prosperidad compartida», «España hubiera perdido su capacidad de influencia y de control en Gibraltar al menos durante una generación» sin el acuerdo. Sin embargo, con el principio de pacto alcanzado, «España toma la iniciativa. Se trata de un plan del siglo XXI. De un paso de la palabrería a los hechos», dijo la ministra, que llegó a afirmar que el preacuerdo «hace avanzar los intereses nacionales» de nuestro país. En definitiva se trataría de acabar con «300 años de mantener reivindicaciones y ser ignorados» y de un «punto de inflexión en nuestra relación con reino Unido en lo referente a Gibraltar».

En cuanto el contenido del preacuerdo, Laya insistió en que «España tendrá la última palabra y que las autoridades de Gibraltar no podrán realizar controles de entrada en Schengen», un extremo éste que ya ha sido desmentido por el alcalde de Gibraltar en dos ocasiones, la última este mismo martes y que volvió a ser negado ayer mismo en la comparecencia del líder gibraltareño ante la Cámara de los Lores del Parlamento británico.

A lo largo de sus explicaciones, la ministra González Laya no hizo mención alguna a la base naval militar de Gibraltar que reparte sus instalaciones por todo el territorio del Peñón ni a las reparaciones de submarinos nucleares que tienen lugar en ella. Fue el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien recordó que han sido 9 submarinos nucleares los que han estado hasta un total de 88 días en la base naval británica. Ocho de estos submarinos, además, en reparaciones «lejos de las costas británicas», dijo Espinosa, que llegó incluso a hablar del «beso de Judas» del Gobierno socialista a «lo que los españoles llevamos trabajando durante 300 años».

El abandono de facto de la reivindicación de un Gibraltar español fue explícito cuando Laya aseguró que en lo referente al Peñón «nuestros caminos pueden converger sin que nadie tenga que asumir una identidad que no quiere» y su alusión posterior al «respeto a cómo cada uno se ve a sí mismo», palabras que sin duda fueron escuchadas con esperanza por cierta sector del espectro político catalán. De hecho, los portavoces de los grupos parlamentarios de la antigua Convergència y de los independentistas de ERC felicitaron a la ministra por su trabajo y le pusieron como ejemplo a Reino Unido por su voluntad de atender las aspiraciones de independencia de los gibraltareños. En concreto, la diputada de ERC, Marta Rosique, se mostró satisfecha de que España haya respetado la soberanía nacional de Gibraltar y animó a la ministra que también «respeten la del resto de territorios».

En cuanto a los partidos constitucionalistas, las críticas fueron la norma. La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno acusó a Laya de «vender la piel del lobo antes de cazarlo con un bombo y plantillo que no se corresponde con la realidad». Espinosa de los Monteros acusó a Laya de realizar una «cesión de soberanía sin precedentes» y de pactar un «beso de Judas» que supone «renunciar a lo que los españoles llevamos llevando desde hace 300 años». Por su parte, el portavoz popular, el senador Rubén Moreno, echó en cara a la ministra socialista que haya decidido olvidarse de que desde Gibraltar opera un paraíso fiscal que le cuesta a la Hacienda española 1.000 de euros anualmente. «¿Cómo va a competir una empresa española con una gibraltareña que no tiene que pagar Impuesto de sociedades?», preguntó retóricamente Moreno.