El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se pronunciará ante el Supremo sobre si apoya los indultos del “procés”

La Sala penal del Tribunal Supremo ha solicitado hoy informe a la Abogacía del Estado sobre los indultos pedidos para los doce condenados en la causa del ‘procés’. En esa petición no se establece un plazo para remitir el citado informe, por lo que podrá remitirlo cuando lo considere oportuno. Este dictamen es más que relevante porque vendrá a reflejar la posición de los Servicios Jurídicos del Estado, es decir, del Gobierno, en cuanto a si avala o no la medida de gracia y, en su caso, si de forma total o parcial. La Abogacía del Estado, durante el proceso de esta causa, modificó la acusación del delito de rebelión por el de sedición, tesis que fue la estimada por el tribunal. La Abogacía del Estado depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y es quien defiende los intereses del Estado en los tribunales.

Una vez que la Sala reciba el informe de la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo tendrá ya en su poder los informes requeridos, por lo que a partir de ese momento comenzará a deliberar su postura, la cual, previsiblemente, será contraria a la concesión de los indultos al menos para los condenados a prisión -hay que recordar que revocó la aplicación del artículo 100.2 y el tercer grado penitenciario por las altas penas impuestas y la gravedad de los delitos.

Cuando el tribunal haya emitido su informe remitirá los tres informes -Fiscalía, Abogacía del Estado y de la propia Sala- al Ministerio de Justicia, el cual será quien eleve la propuesta correspondiente al Consejo de Ministros, que será quien tenga la última palabra. Los últimos “mensajes” desde el Ejecutivo avalaban la concesión del indulto, con independencia de que tanto el Ministerio Público y la Fiscalía se hayan opuesto.

Por otro lado, el tribunal de esta causa ha rechazado, en una providencia, incorporar al expediente de dichos indultos el informe presentado por la acción popular en esta causa, al no prever el artículo 24 de la Ley de Indulto el dictamen de la acción popular, ya que limita la petición de informe al Ministerio Fiscal y a la parte perjudicada por el delito, en este caso la Abogacía del Estado que fue acusación particular.

«Que se aplique de forma inmediata»

Esta respuesta desde las instituciones comunitarias no han pillado de sorpresa a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, quienes, en cambio, consideran que «no íbamos tan desencaminados en nuestro acuerdo» cuando el Consejo reclamó que antes de tramitar la reforma que limita sus funciones cuando haya vencido su mandato se pidiese informe al propio CGPJ y al Consejo de Europa.

Precisamente, en el último Pleno del Consejo hubo vocales que defendieron que esa petición constara en el acuerdo, pero en aras de un mayor consenso desistieron de presentar un voto particular concurrente.

En todo caso, hay vocales que sostienen que la Recomendación de la UE debería aplicarse ya «para el próximo Consejo, que daría tiempo si se tramitara por vía de urgencia», porque ello contribuiría a mejorar la imagen de la Justicia española en Europa, que ahora es «desaladora, porque estas recomendaciones nos ponen al nivel de Hungría y Polonia».

En esta línea, otras fuentes del Consejo sostienen que «si la reforma que afecta al Consejo se realizara «sin prisas» sería una cosa, pero lo único que da ahora «es la impresión de que se nos quiere echar a escobazos»