Illa se estrena como candidato a tiempo completo con una querella por su gestión de la pandemia

Apenas unas horas después de abandonar el Ministerio de Sanidad para volcarse en su faceta de candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa tiene que hacer frente a una querella que ha presentado contra él y contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, por su gestión de la pandemia de la Covid-19.

La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus (Anvac) ha presentado esta misma mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla una querella en la que imputa a ambos cuatro delitos -homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. por lo que consideran una gestión “negligente” e “irresponsable” de la crisis sanitaria del coronavirus.

Dos juzgados madrileños ya rechazaron el pasado año sendas querellas por esos mismos delitos contra Simón, pero Anvac reclama ahora -en palabras de su abogado, Pedro Tavárez- una “instrucción profunda” que considera “imprescindible” para esclarecer si los hechos denunciados tienen relevancia penal.

La querella se presenta justo el primer día que Illa ha perdido su condición de aforado como miembro del Gobierno (en ese caso debería haberse interpuesto en el Tribunal Supremo). Un aforamiento que recuperará (sea o no el próximo presidente de la Generalitat) en cuanto resulte elegido miembro del Parlament, aunque en ese caso el competente para investigarle sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que si antes de su toma de posesión no se ha rechazado la denuncia, los juzgados madrileños deberían inhibirse del asunto.

El abogado de la asociación recurrente considera que es necesario una investigación con “luz y taquígrafos” sobre la actuación del Ministerio de Sanidad y de Illa en particular, al que señala como “máximo responsable de la gestión de la pandemia y de sus consecuencias sanitarias”. Y matiza que la denuncia, que se ha estado preparando durante varios meses, no solo hace referencia a los datos de la primera ola, sino también a los hechos acaecidos con posterioridad.

Según ha asegurado a las puertas de los juzgados Jaime Sánchez, presidente de Anvac -que agrupa a más de dos mil víctimas y afectados por la pandemia-, tras casi un año de lucha contra el virus “es momento de hacer balance y rendir cuentas ante las víctimas” de la Covid-19.

La asociación, que actúa en representación de más de medio centenar de víctimas, ha solicitado además al juzgado que de forma urgente garantice la preservación de toda la documentación informática de la que dispone el Ministerio de Sanidad hasta que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella y las diligencias solicitadas.

Entre las diligencias solicitadas, ha explicado el letrado de la asociación, se incluyen la petición al instructor de que reclame al Ministerio de Sanidad todas las comunicaciones internas relativas a la pandemia así como la declaración como testigos de diversos directores generales del departamento que hasta ayer dirigía Illa y del secretario general de Sanidad, entre otros.

Dos querellas rechazadas contra Simón

El Tribunal Supremo ya rechazó investigar al Gobierno por la vía penal por la gestión de la pandemia, aunque dejó en manos de los juzgados territoriales la posible exigencia de responsabilidades, sobre todo en relación a la actuación de la Administración en las residencias.

No es tampoco la primera vez que a los juzgados llega una querella contra Fernando Simón. La juez Carmen Rodríguez Medel, que instruyó la causa del 8-M, descartó investigarle y otros dos juzgados de Madrid rechazaron sendas querellas contra el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid inadmitió el pasado junio la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores José María Mena contra Simón por homicidio y lesiones imprudentes en su gestión de la crisis sanitaria. Pero la magistrada Mónica Aguirre la rechazó al no identificarse en la querella a las víctimas que habría causado esa supuesta actuación imprudente tanto de Simón como de Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, y Faustino Blanco, secretario general de Sanidad y Consumo. Para la instructora no resultaba posible abrir una causa penal “cuando únicamente se han aportado cifras de infectados por Covid-19, sin identificarse a los afectados”.

Antes, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de la capital también rechazó investigar a Simón por la supuesta comisión de delitos de homicidio imprudente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. En este caso, la querella la interpusieron el hijo y el nieto de una mujer fallecida por Covid-19 en el hospital de Móstoles en marzo del pasado año. El magistrado esgrimió que la competencia para pronunciarse sobre la denuncia correspondía a los juzgados de esa localidad madrileña.