“Acoso” a Iglesias: dos vecinas denunciadas critican la “desproporcionada” actuación policial

Otras dos vecinas de Galapagar (Madrid) irán mañana a juicio por saltarse supuestamente el 30 de octubre del pasado año el perímetro de seguridad alrededor de la vivienda del vicepresidente Pablo Iglesias y de la ministra Irene Montero, por lo que la Fiscalía pide para ellas -madre y hija- seis y doce meses de prisión, respectivamente, por delitos de desobediencia, atentado contra agentes de la autoridad y maltrato leve de obra.

En su escrito de defensa -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, la letrada de las dos mujeres, A. D. B. y su hija A. I. Q. (que posteriormente cambiaron de defensa y acudirán al juicio con una abogada de oficio), sostiene que los hechos “no son constitutivos de infracción penal” por lo que “no procede imponer pena alguna” ni reclamarles responsabilidad civil. De hecho, la abogada de las denunciadas mantiene que “las únicas conductas reprochables” las cometieron cuatro agentes de la Guardia Civil que formaban parte del dispositivo, a los que acusan de coacciones y de dos delitos leve de lesiones con la agravante de abuso de superioridad, por los que piden que se imponga a cada uno una multa de casi 1.400 euros. Además, reclaman 15.000 euros por daños morales para la hija (así como 420 euros por los siete días que estuvo de baja por las lesiones causadas) y otros 1.500 para la madre por el mismo concepto.

Según exponen en el escrito de acusación, los agentes actuaron de forma “completamente injustificada y desproporcionada” y con “abuso de su autoridad y de su superioridad física”, propinándoles -se quejan- empujones y pisotones. Su relato de hechos difiere notablemente del que mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, pues la defensa sostiene que la tarde de ese 30 de octubre de 2020 dos amigas de las acusadas se encontraban paseando con sus mascotas por una “vía de dominio público” ejerciendo, recalca, “su derecho fundamental a la libertad de circulación”, de forma “pacífica y sin alterar el orden público”. En esa calle, hace hincapié, no existía “indicación alguna de que en dicha zona se encontrara limitado el acceso o de que existiera instalado perímetro de seguridad alguno”.

Empujones y pisotones

Fue entonces cuando, relata, fueron interceptadas por cuatro agentes de la Guardia Civil que les impidieron el paso “sin comunicarles” el motivo ni informarles del “montaje del dispositivo que decían iba a ser instalado, ni de cuáles eran los límites físicos de éste”, advirtiéndoles, eso sí, de una posible detención y “agarrando de forma violenta” del brazo a otra de las vecinas allí presentes.

Al observar lo sucedido, una de las dos acusadas se bajó del coche en el que viajaba con su hija y acudió a interesare por su amiga, pero los agentes les ordenaron que se marchara, “empujándole repetidas veces y pisándole los pies”. Según su versión, cuando les indica que se quiere ir y se dispone a montarse en su vehículo “no le es permitida la marcha”.

Cuando su hija pidió explicaciones a los agentes, continúa el relato de su defensa, estos “haciendo abuso de su autoridad y de su superioridad física la continúan empujando”, por lo que cae al suelo. Sucediéndose los empujones y tras ordenar el sargento al mando del dispositivo “el uso mínimo de la fuerza”, recalca, “de nuevo y de forma completamente injustificada y desproporcionada la vuelva a arrojar al suelo, practicándole la maniobra de montada policial, poniéndola boca abajo y con las manos a la espalda, advirtiéndola de nuevo de la posibilidad de detención”.

A consecuencias de esas caídas, sostiene su letrada, la mujer sufrió diversas lesiones leves en la mano, antebrazo, codo y hombro derechos que precisaron de asistencia facultativa y que tardaron una semana en curarse. Asimismo, expone, la situación provocó “un ataque de ansiedad” en la madre que le hizo “desplomarse en el suelo, quedándose en estado de semiinconsciencia”.

Fiscalía: actitud “de absoluto desprecio” a los agentes

La Fiscalía imputa sin embargo a la madre un delito de desobediencia y a la hija, uno de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra. Según la versión del Ministerio Público, las dos mujeres acudieron a las inmediaciones de la vivienda de Iglesias y Montero y cuando los guardias civiles, “uniformados y debidamente identificados”, se disponían a establecer el perímetro de seguridad “mantuvieron una actitud de absoluto desprecio” a su labor, impidiéndoles llevar a cabo ese cordón policial y “desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad”.

Tras varias advertencias, mantiene la Fiscalía, “lejos de deponer su actitud” las dos vecinas continuaron “haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que los agentes les realizaban”, gritándoles a escasos centímetros “prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas”. Asimismo, mantiene, les propinaron golpes con las manos en el pecho, por lo que los guardias civiles “tras informarles de las consecuencias legales de su comportamiento, comenzaron a avanzar con los brazos extendidos, empleando la mínima fuerza indispensable para desplazarlas y conseguir finalmente que despejaran la zona”.

La defensa reclama la orden del dispositivo

En un momento dado, sostiene, A. I. Q. trató de acceder de nuevo a la zona de seguridad “con la intención de aproximarse a la vivienda”, lo que impidió uno de los agentes, “quien le cortó el paso, cayendo ésta al suelo, momento en que la misma, al tiempo que le decía “hijo de puta”, intentó agredir con el bolso al agente en el rostro, golpe que este esquivó, tras lo cual, la acusada le lanzó patadas que impactaron en las botas y tibias del citado agente, sin causar lesión alguna”.

La defensa de las dos mujeres reclamó al juzgado que pidiese al puesto de la Guardia Civil “la orden de servicio para montar el día de los hechos el dispositivo policial” en los alrededores de la vivienda de Iglesias y Montero y el número de sanciones administrativas impuestas por desobediencia en los dos últimos años “y cuántas han pasado a vía judicial”.