La Audiencia expulsa a la Generalitat de la investigación de la financiación de Convergencia

El tribunal revoca la decisión del instructor al ver incompatible que sea a la vez investigada y acusados y haber solicitado la personación fuera de plazo

El expresidente de CDC Artur Mas, en un acto de la extinta formación en 2019
El expresidente de CDC Artur Mas, en un acto de la extinta formación en 2019

La Generalitat no podrá ejercer la acusación en el “caso 3%”, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). La Audiencia Nacional ha rechazado que el Gobierno catalán pueda actuar en el procedimiento como perjudicado porque ha solicitado su personación fuera de plazo, cuando ya se había dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al auto de procesamiento en el sumario, y, además -recuerda- resulta incompatible por haber ostentado la doble condición de investigada y acusadora.

Así lo acuerda la Sala de lo Penal en dos resoluciones en las que da la razón tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a uno de los investigados, el exconseller Germá Gordó contra la decisión del magistrado Jose de la Mata de aceptar a la Generalitat como acusación particular.

La Sala considera que, aunque la petición se hubiese producido dentro del plazo legalmente establecido, existe un obstáculo “insalvable”, pues a lo largo del procedimiento la Generalitat ha ostentado la doble condición de investigada y acusadora. “Dicha institución -recuerda- está integrada por partidos políticos diversos, entre los que está la antigua convergencia Democrática de Cataluña, formación en torno a la que gira, según la investigación desplegada, la presunta estructura organizativa compuesta por cargos públicos, funcionarios de diversas Administraciones Públicas y empresarios, tendente a financiar al nombrado partido político previo concierto, a cambio de adjudicaciones y subvenciones amañadas y favores personales o colectivos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que en la causa se han practicado “entradas y registros en varias dependencias” de la Generalitat y “requerimientos de información” a la institución, figurando como investigadas “personas que forman parte del Gobierno de la Generalitat”, la Audiencia concluye que existen “poderosas razones” para impedir al Ejecutivo catalán ejercer ahora la acusación.

Y es que pese a que la Generalitat “goza de personalidad jurídica propia y autónoma de cualquiera de las formaciones políticas que la componen”, los motivos apuntados representan “un óbice procesal” tal y como ha puesto de relieve la Fiscalía en su recurso. De ahí que revoque la decisión del instructor y se tenga por no personado al Ejecutivo catalán en la causa.