La alto cargo del Ministerio de Igualdad que hace de “niñera” a Irene Montero

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha enviado un escrito al juez de Madrid que instruye la presunta financiación irregular del partido morado en el que asegura que Pablo Iglesias e Irene Montero “utilizaron a una persona a sueldo del partido, la señora Teresa Arévalo, como cuidadora de sus hijos, lo cual, además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido”, especifica el documento. Ahora Arévalo es jefa adjunta de gabinete del Ministerio de Igualdad dirigido por la propia Montero, según la información adelantada por “El Confidencial”.

Según completa el escrito, el denunciante le indicó que Montero utilizaba habitualmente a esta empleada de Podemos para cuidar a su hija, y que incluso se habían desplazado las tres en el mes de octubre a Alicante para participar en un acto de campaña electoral, dejando a la empleada de Podemos al cuidado de la niña mientras Montero intervenía en un acto de campaña.

“Tras realizar las comprobaciones oportunas comprobé que efectivamente el día 20 de octubre de 2019 Irene Montero, su hija y Teresa Arévalo, junto a otras personas del partido, viajaron a Alicante a cargo del presupuesto de campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 de la coalición Unidas Podemos”, prosigue la letrada, que asegura que en el partido no quisieron darle información pese a ser la responsable de que se cumplieran las normas.

La sede de Podemos

Por otra parte, Carmona explica al magistrado que varias noticias que aparecieron publicadas en junio de 2019 en el diario digital OKDiario le alertaron sobre “la existencia de irregularidades y de una gestión descontrolada de los fondos del partido en las obras de la sede”, según consta en un escrito de 20 de enero dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.

Carmona, que fue represaliada por Podemos, destaca que el 28 de junio de 2019 el digital de Eduardo Inda informaba de que una de las empresas adjudicatarias de las obras de la sede, Drin Seguridad SL, “a la que se le había adjudicado directamente sin licitación la partida de seguridad por importe de 69.448 euros, era curiosamente la misma que había instalado los sistemas de seguridad en la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero de Galapagar”, dice el escrito.

“Algún favor”

“Esta coincidencia”, prosigue el escrito, “me obligaba como responsable de Cumplimiento Normativo a investigar si se trataba de una mera coincidencia o de una presunta utilización de los fondos del partido para conseguir algún favor, compensación o trato privilegiado en la contratación de los servicios de seguridad particulares de la casa del líder de Podemos”.

Tras las pesquisas que desarrolló Carmona con Calvente, dice el documento, sus sospechas de la existencia de un presunto fraude en la contratación de las obras de la sede quedaron “confirmadas” al consultar los indicadores de fraude en la contratación pública utilizados en diferentes administraciones públicas: “Donde se contempla como indicios de fraude hechos similares a los realizados por Podemos en la contratación de la sede. Nuestra conclusión fue que la falta de licitación de las obras de la sede y la adjudicación directa a los contratistas elegidos por el arquitecto fue un acto irresponsable que perjudicó económicamente al partido”, dice la abogada.

En el documento, que fue reclamado por el juez Escalonilla, Carmona concluye que en 2019 en Podemos “era patente el descontrol, la arbitrariedad, la mala gestión y la falta de ética y desprecio por las normas internas en materia financiera y transparencia por parte de los dirigentes del partido”.