Podemos

La abogada de Podemos alerta al juez de que Iglesias pudo cobrar de forma irregular 7.730 euros

Mónica Carmona traslada sus dudas sobre “la licitud de que cobrara las costas procesales de un juicio” cuando los honorarios de la abogada “habían corrido a cargo del partido”

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo IglesiasEUROPA PRESS/E. Parra. POOLEuropa Press

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha alertado al juez que investiga la financiación irregular del partido de que Pablo Iglesias podría haber cobrado de forma irregular 7.730 euros tras ganar un juicio por una demanda en defensa de su honor que presentó contra dirigentes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), según consta en un escrito de 20 de enero, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

“Iglesias había resultado beneficiario de la condena en costas en un procedimiento civil seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona [...], seguido a instancias de Unión del Pueblo Navarro contra Pablo Iglesias, defendido por la abogada Marta Flor Núñez García, sobre protección del derecho fundamental al honor”, especifica Carmona en el escrito, que completa que la demanda del partido navarro fue desestimada, por lo que UPN “fue condenada a satisfacer a Iglesias 7.730 euros, que le fueron abonados mediante mandamiento de pago expedido a nombre de su procuradora en el año 2018″.

Fue en ese momento en el que Carmona, según relata en el documento, cuando ella planteó en el partido sus dudas sobre la “licitud” de que Iglesias cobrara las costas procesales —que incluían los honorarios de abogado y de procurador— “cuando él no había satisfecho dichos honorarios sino que habían corrido a cargo del partido, [...] puesto que la abogada Marta Flor Núñez era empleada de Podemos y las facturas de la procuradora Isabel Afonso las abonaba directamente el partido”, completa.

“Las cobrara el partido”

Para esta letrada, “lo lógico” hubiera sido que las costas procesales “las cobrara el partido, pero esta solución planteaba varias dudas legales que debían resolverse correctamente para evitar infracciones tributarias que afectaran al partido, al señor Iglesias o a los abogados”, dice Carmona.

De forma independiente al destino que Iglesias diera a las costas procesales percibidas a su nombre, o quedárselo o donarlo al partido, Carmona considera que debería haberlo declarado como ingreso en su declaración de la renta: “Puesto que se trataba del cobro del importe de unas facturas que él no había satisfecho, sino que las había pagado el partido, lo cual constituiría un ingreso computable a efectos de renta del señor Iglesias, como ganancia patrimonial, sin contrapartida de gasto puesto que él no había satisfecha los honorarios de los profesionales”, dice el documento dirigido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que se investiga la financiación irregular de Podemos.

“Un asunto muy delicado”

“Este asunto era muy delicado y se trató en diversas reuniones presenciales, donde el señor Calvente explicó que había consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos donde se regulaba la tributación de las costas procesales. Pero nadie quiso atender sus consejos sobre la necesidad de establecer unos criterios contables y fiscales al respecto”, lamenta Carmona, que concluye que no pudo hacer nada debido a la “opacidad” del responsable de finanzas.

No me informó sobre el destino final de los fondos cobrados en concepto de costas, ni por el partido ni por el señor Iglesias, y finalmente fui cesada sin tener respuesta ni conocimiento del destino de las costas procesales, con el consiguiente riesgo de infracción tributaria o financiación irregular”, concluye.

El padre de Iglesias

Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, Podemos también habría sufragado los gastos vinculados a la defensa legal de Francisco Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias, en sus querellas contra el periodista Hermann Tertsch, ahora eurodiputado de Vox.

Según esta versión, tanto los gastos derivados de la actuación de la abogada como los de la procuradora habrían sido sufragados por Podemos. Este partido habría pagado el desplazamiento de la letrada a Zamora, lugar de residencia de Francisco Javier Iglesias.