Irene Montero defiende la ley del “solo sí es sí” y acusa al CGPJ de “desoír el grito de millones de mujeres”

Después de que el Consejo General del Poder Judicial haya emitido un informe previo muy crítico sobre la ley de Libertades Sexuales impulsada desde el ministerio de Igualdad, la ministra de Igualdad ha acusado al órgano judicial de “desoír” el “grito de millones de mujeres” al cuestionar los ejes de la ley integral de libertad sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”.

El CGPJ advierte que incluir en el delito de agresión sexual el de abuso sexual podría tener un efecto “de desprotección de la víctima” y que no evitará la victimización secundaria. Sostienen, además, que la definición del “consentimiento”, los ponentes advierten de que en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto.

Ante estas críticas previas del debate que se tendrá el próximo 25 de febrero en pleno, la ministra de Igualdad se ha mostrado preocupada con el informe. “Me deja preocupada que los jueces en este país puedan desoír no sólo al Convenio de Estambul, sino el grito de millones de mujeres que han dicho ‘hermana, yo sí te creo’ y ‘no es abuso, es violación’”, sostiene Montero, quien ha participado en un acto de campaña en Barcelona para apoyar a la candidata a president de la Generalitat Jéssica Albiach.

La ministra de Igualdad ha pedido “prudencia”, y ha remarcado que la mujer “no tiene que demostrar que ha habido violencia o intimidación”: “Si no ha dicho que sí, si no ha querido participar en ese acto, hay una vulneración de su libertad sexual”.

Fuentes de Igualdad se han mostrado sorprendidas de que los medios de comunicación conozcan antes la propuesta de ponencia que se va a debatir, que el mismo Gobierno que ha propuesto el proyecto, según recoge Europa Press.

Para Montero, es crucial que la legislación española “recoja ese grito de las mujeres”, un grito, ha dicho, “de supervivencia” y de los “más urgentes” que debe adoptar el Código Penal, que actualmente exige demostrar que ha habido violencia o intimidación para que una violación se califique como agresión sexual. “Es clave pasar a un paradigma donde el consentimiento esté en el centro. No se tiene que demostrar que ha habido violencia o intimidación: si no se ha dicho que sí, hay vulneración de la libertad sexual”, ha recalcado.