Fiscalía: “La primera y ultima beneficiaria del acta -de máster- era Cristina Cifuentes y su carrera política”

“Interesamos enérgicamente el dictamen de una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables que ponga fin al calvario al que ha sido sometida la señora Cifuentes durante todos estos años”. Con estas palabras de la defensa de Cristina Cifuentes, ejercida por José Antonio Choclán, y tras no hacer uso del derecho a la última palabra por ninguna de las tres acusadas, finalizaba el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feita y la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado por la alteración del acta que sirvió para que Cifuentes obtuviese su máster en la citada universidad. La Fiscalía solicita para la expresidenta de Madrid y Teresa Feito tres años y tres meses de cárcel como presuntas autoras de un delito de falsedad, mientras que para Rosado, quien reconoció ser la autora material de las modificaciones en el acta de Cifuentes de una asignatura y del TFM, solicita 21 meses de prisión al aplicarle las atenuantes de confesión y haber actuado con “miedo insuperable”.

Antes de las defensas fueron la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Universidad Rey Juan Carlos, quienes expusieron ante el tribunal los motivos por los que consideran que se debe imponer a las acusadas las penas solicitadas. Así, la fiscal Pilar Santos no tuvo dudas en lo que se refiere a la expresidenta de la Comunidad de Madrid: “Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas, pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster”.

Y tan pronto como tuvo ese acta y su expediente con las asignaturas cursadas, añadió, procedió a exhibirlos a través de twuitter. “Utilizó un documento oficial que sabía que no correspondía a la realidad y a la dirigió a miles de ciudadanos” a través de esa red social; y si se confeccionó el acta fue única y exclusivamente porque la Universidad” Rey Juan Carlos de Madrid “debía responder ante las exigencia de la presidencia” de la Comunidad de Madrid, que entonces ostentaba Cifuentes.

En cambio, afirmó que nada de lo expresado por Cifuentes en su descarga ha podido ser contrastado, sino más bien lo contrario: “La señora Cifuentes por su cargo no se manchó las manos, pero era evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionara una solución y si toda la maquinaria se puso en marcha fue precisamente por estas presiones” al centro universitario.

Y la conclusión a la que llegó fue igualmente tajante: “El interés de la señora Cifuentes y la presión ejercida por su gabinete, implícitamente en su nombre, es lo único que explica coherentemente la forma de actuar de la universidad”.

En su informe, la representante del Ministerio Pública incidió en que la también acusada Cecilia fue quien confeccionó el acta correspondiente, introduciendo en el apartado de la asignatura impartida por Pablo Chico la nota de “notable” cuando aparecía la de “No presentado” e igual en la valoración de “notable” la nota final del TFM de Cifuentes. Sin embargo, aseguró que actuó de esa manera porque estaba “presionada” y la elaboró “a sabiendas de que nunca se defendió el TFM” y los profesores que la firmaban “no formaron parte” del tribunal ante el que lo habría defendido. Las modificaciones en esas notas fuero realizadas materialmente por la funcionaria Amalia Calonge, compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad.

Las presiones de Cecilia Rosado vinieron principalmente por las llamadas constantes de la también acusada y perteneciente entonces a la consejería de Educación Teresa Feito, quien llegó a decirle que “o esto se soluciona -lo relativo a la mencionada acta- o Cristina Cifuentes os va a cortar la cabeza”. Feito, añadió la fiscal, “estuvo en el epicentro de todo lo que sucedió, intervino activamente” para intentar solucionar las consecuencias a las que “podía enfrentarse Cristina Cifuentes”.

También aludió directamente al fallecido catedrático Enrique Álvarez-Conde, al considerarle principal responsable de todas las anomalías que se produjeron en ese máster. “Hacía y deshacía a su antojo” sin que nadie le pudiese llevar la contraria y que Rosado fue quien hizo las firmas de dos profesoras que aparecen en el acta de Cifuentes porque así se lo pidió.

“Tonta sería si sacara pecho de un documento falso”

Por su parte, el abogado José Antonio Choclán, defensor de Cifuentes, rechazó de plano que existiera el más mínimo indicio de que se pueda considerar a su patrocinada inductora del delito de falsedad que le imputan fiscal y acusación particular. Así, y tras señalar la “fragilidad y voluntariedad” de la acusación contra Cifuentes, denunció lo que considera una “acusación arbitraria y selectiva”, pues con otros muchos alumnos también se falsearan actas en ese mismo máster y no se ha dirigido ningún procedimiento contra ellos. Pero incluso recordó cómo la Fiscalía se opuso durante la instrucción a un recurso cuando se había acordado el sobreseimiento provisional de la causa con el argumento de que no se podía considerar a la expresidenta de Madrid “garante de la legalidad de la actuación administrativa” de la universidad; y por ello sostuvo que ahora el Ministerio Público debería haber seguido el mismo criterio que con los demás alumnos respecto a los que también se cometieron “irregularidades administrativas” y que fueron calificados sin realizar trabajo alguno ni hacer el TFM correspondiente. “No se ha comportado la acusación pública de manera objetiva. No ha seguido el mismo criterio respecto de otros documentos falsificados y se ha seleccionado uno por la sola circunstancia de que afectaba a la señora Cifuentes”, aseguró al respecto.

En cuanto al delito de inductora de la falsificación del acta, sostuvo que no se ha aportado ninguna prueba de que realizara ningún acto ni presión sobre nadie para que se alterara ese documento oficial universitario. “No debió acusar -el Ministerio Fiscal- en este proceso porque lo único que ha sido capaz de aportar es que dio instrucciones a Teresa Feito para que se solucionara la crisis mediática, y eso no es inducción”.

A quien sí apuntó directamente de la difusión de ese acta fue a la propia universidad, al rector, que fue quien la remitió a la Consejería de Educación. Cifuentes, al considerar que se trataba de un documento auténtico fue cuando lo exhibió en una comparecencia pública. Así, fue desde el mismo rectorado desde donde se fundamentó la “confianza legítima en la señora Cifuentes de la autenticidad del documento, y por se atreve a sacar pecho -en la rueda de prensa donde mostró ese documento-. Tonta sería, con perdón, si sacara pecho de un documento que ha sido falsificado”.

Y es que, en opinión de la defensa, “todo se cocinó en el seno de la Universidad”, la cual, nada más remitir el acta a la Consejería de Madrid abrió una investigación sobre lo sucedido porque ello le resultaría positivo: “A quien beneficiaba no era a la señora Cifuentes, cuyo expediente académico ya tenía ultimado y con un título que lo acreditaba. Era lavar la cara a la universidad por un asunto que afectaba a la presidencia -de la Comunidad de Madrid-, y por eso tenía relevancia pública”