La «ley mordaza», más viva con Sánchez que con Rajoy

El Congreso avanza de forma decidida hacia la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida coloquialmente por el calificativo que le otorgó la oposición de «ley mordaza». El PP, impulsor de la norma durante el gobierno de Mariano Rajoy, se quedó ayer solo defendiendo su mantenimiento y no obtuvo ni si quiera el apoyo de Vox en esta empresa, por lo que la ley está abocada a una reforma impulsada por el PNV, que se frustró hace casi tres años y que el Congreso activa ahora definitivamente tras sortear la enmienda a la totalidad de los populares.

El reproche de todos los partidos trae causa del rechazo que generó en su día en la oposición. El propio Pedro Sánchez durante la moción de censura en 2018 fijó como uno de los objetivos prioritarios desmontar esta regulación, de la que, sin embargo, se ha servido más de lo que lo hiciera su predecesor e impulsor desde La Moncloa, Mariano Rajoy. Cuando la norma cumple cinco años y medio está más viva que nunca y esto se debe a que el Gobierno de coalición ha utilizado la Ley de Seguridad Ciudadana para asegurar el cumplimiento de las restricciones de movilidad durante los periodos de excepcionalidad y limitaciones derivados del estado de alarma.

En concreto, durante el primer periodo, el comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio, se elevaron 1.142.127 propuestas de sanción y se produjeron hasta 9.000 detenciones a personas que incumplieron las restricciones impuestas. Unas cifras a las que hay que sumar, las 146.761 propuestas de sanción y 2.314 arrestados durante el actual estado de alarma, que se decretó el 25 de octubre. Solo durante estos periodos, que suponen casi doce meses de limitaciones, se han impuesto 1,29 millones de multas, lo que supone un incremento del 68% respecto a los primeros tres primeros años de vigencia de la norma –en los que gobernaba Rajoy– y que apenas se registraron 765.416 infracciones. De este modo, la crisis sanitaria no solo ha servido para postergar la derogación de la norma, sino que la ha revitalizado, convirtiéndola en una herramienta esencial del Ministerio del Interior para sancionar a los que se saltaban el confinamiento.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado en numerosas ocasiones el compromiso del Gobierno de derogar «la ley mordaza», aunque las últimas circunstancias han obligado a recalcular la estrategia, advirtiendo que habrá que mantener en la próxima ley y, entre ellos estará, precisamente, el actual artículo 36.6, que prevé aquellos casos de «desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Durante estos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que pueden conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio, según una guía distribuida por Interior al mes del estado de alarma.

El chalé de Iglesias

No es la única contradicción con la que ha tenido que lidiar el Gobierno, ya que esta norma es la que ha permitido también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pudieran cercar el chalé de Pablo Iglesias de los supuestos «escraches» que denunció, a pesar de que los morados fueran defensores de su derogación. Por su parte, el sindicato policial SUP, asegura que «no están de acuerdo» con que se derogue dicha norma ya que, advierten de que «generaría un vacío jurídico en el ámbito de la protección de la seguridad ciudadana por primera vez en 28 años».