La Fiscalía no recurrirá el tercer grado de los presos del 1-O hasta después del 14-F

El pasado 29 de enero comenzaba la campaña electoral de cara los comicios autonómicos de Cataluña que tendrán lugar el próximo domingo. Y, coincidencias de la vida, ese mismo día salían de la prisión de Lledoners (Barcelona) con el tercer grado bajo el brazo el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, mientras que la exconsejera Carmen Bassa lo hacía desde la cárcel de Puig de les Basses (Gerona). La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell abandonó la prisión de Wad Ras, un día después, de recibir el alta tras estar en cuarentena.

Todos ellos recibieron el tercer grado por el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Generalitat de Cataluña. El motivo principal, en líneas generales, era que habían cumplido seis meses mas de prisión desde que se les otorgó por vez primera –decisión revocada por el Tribunal Supremo– y que algunos han cumplido ya la cuarta parte de las condenas impuestas por el delito de sedición.

Al igual que en la anterior ocasión en que la Generalitat les otorgó ese régimen de semilibertad –sólo regresan a prisión para pernoctar de lunes a jueves, pues los fines de semana los tienen libres–, la Fiscalía recurrirá esa decisión ante los juzgados de vigilancia correspondientes, es decir, ante el juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña en lo que afecta a los siete hombres presos y ante el juzgado de vigilancia número 1 de Cataluña en lo relativo a Dolors Bassa y Forcadell.

Los expedientes fueron recibidos por la Fiscalía a finales de la pasada semana y desde el primer momento comenzó el Ministerio Público a analizarlos para fundamentar las impugnaciones que prevé llevar a cabo.

Sin embargo, según señalaron fuentes fiscales a LA RAZÓN esos escritos no se formalizarán en ningún caso esta semana, es decir, antes de que finalice la campaña electoral y tenga lugar las elecciones.

Habrá que esperar, por tanto, a que pasen los comicios del domingo para que el Ministerio Público interponga los correspondientes recursos. Dos de los principales motivos que esgrimirá la fiscalía son los relativos a la gravedad del delito por el que fueron condenados –sedición– y las altas penas impuestas –en algún caso hasta 13 años de cárcel– así como el poco cumplimiento efectivo que llevan, dado que ni siquiera todos han cumplido un cuarto de la pena y los que sí lo han alcanzado no llegan a la mitad de cumplimiento de la condena.

En los recursos de alzada que interponga solicitará a los jueces de vigilancia correspondientes que se deje en suspenso el tercer grado hasta que resuelva el fondo del recurso, donde instará que se revoque el tercer grado. Si rechazan ambas peticiones, es decir, la suspensión, en primer lugar, y la revocación, al resolver el fondo de los recursos, será cuando interponga un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, pero que deberá presentarse en esos mismos juzgados, quienes serán los que lo remitan al Alto Tribunal.

De esta forma, todos ellos, excepto Jordi Cuixart, han participado, y seguirán haciéndolo hasta el día de reflexión, de forma activa en actos electorales de sus partidos o en entrevistas en las que solicitan el voto para sus respectivos partidos. El más «activo» es Oriol Junqueras, sobre quien ERC ha basado gran parte de su campaña para intentar llevar a Pere Aragonés a la presidencia de la Generalitat. Y, junto a él, también Raül Romeva, y en menor intensidad Bassa y Forcadell.

Turull, Rull, Forn y Sánchez han hecho igual en favor de Junts per Cataluña.