Un grupo de criminólogas crea una asociación para investigar desapariciones

Han sido muchas investigaciones notando que fallaban cosas o, mejor dicho, que se podían mejorar. La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea compleja tanto para las familias, que no saben cómo gestionar lo que está ocurriendo, como para los agentes policiales, que deben averiguar ante qué tipo de desaparición están en tiempo récord porque las primeras horas, ya se sabe, son determinantes. Con ánimo de aportar su granito de arena en todo este caos y con el aval de muchos años de experiencia en la materia, un grupo de criminólogas acaba de crear la asociación “Metro a Metro” -www.metroametro.org- con el objetivo de investigar y tratar de forma multidisciplinar casos de desaparición sin causa aparente. Así, la “Asociación Nacional de Profesionales para el Tratamiento e Investigación de Desapariciones sin Causa Aparente”, que es su nombre oficial, fue inscrita en el Registro hace unos tres meses pero es ahora cuando les acaban de dar el CIF profesional y ya han comenzado a funcionar.

Equipo multidisciplinar

“Nos queremos centrar sobre todo en desapariciones de larga duración que hayan sido archivadas de forma provisional, aunque también podemos colaborar en desapariciones más recientes como informantes, trasladando todo lo que averigüemos a los responsables de la investigación, a pesar de que suelen estar bajo secreto de sumario”. Lo explica Icíar Iriondo Navarro, una de las fundadoras del proyecto, que ha participado en la investigación de casos como el de María Piedad García, la joven desaparecida en Boadilla del Monte (Madrid) hace diez años. Tras el sobreseimiento de la causa, un informe de la criminóloga logró que la jueza reabriera el caso y ordenara a la Guardia Civil practicar nuevas diligencias para averiguar su paradero.

Junto a sus colegas Ainara Jiménez Olaya y Laura de la Hoz Espinosa pretenden hacer de “Metro a Metro” un apoyo para los familiares de las víctimas y contarán con la colaboración de otros profesionales como abogados, detectives privados, informáticos forenses o psicólogos para dar un servicio completo a las familias. “La idea es aunar recursos dirigidos a ellos”, señala la experta.

Los casos que han llevado hasta ahora han sido derivados desde las asociaciones con las que llevan años colaborando (antes SOS Desaparecidos y ahora QSD Global (Quien Sabe Donde), de Paco Lobatón) pero éstas, haciendo una gran labor, se dedican a la difusión de las alertas. Ellas, sin embargo, dan un paso más y, como criminólogas, pueden investigar qué ha ocurrido sin entrar en el terreno de los investigadores oficiales (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos o Policía Foral, en función del lugar donde se haya producido la desaparición). “Ellos hacen una labor maravillosa. Nosotras solo queremos ser un recurso más para ellos y a veces hemos detectado que podemos lograr que las familias se abran y el trato con los investigadores sea más fluido”, resalta Iriondo.

Zonas “calientes” de desapariciones

Otro de los motivos por los que han creado “Metro a Metro” es con la intención de hacer estudios sobre el fenómeno de las desapariciones. “Trazar perfiles, patrones de actuación, lugares “calientes”... pero para eso necesitamos datos, por lo que vamos a solicitar reuniones con el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) para tratar toda esa información”. El resultado de estos estudios puede servir, según la criminóloga, para “agilizar” las investigaciones. “Es importante que se activen pronto todos los recursos y que desde un inicio se vaya por el camino correcto”, señala. En este sentido, puede ser muy importante recopilar lo antes posible información sobre la víctima o posibles autores de la desaparición, recoger lo antes posible imágenes guardadas en cámaras de videovigilancia -ya que existen sistemas de autoborrado cada equis tiempo-... “También es importante la calificación inicial del cuerpo policial donde se presente la denuncia por desaparición. Ellos pueden calificar de alto riesgo las desapariciones de menores o donde existan indicios de criminalidad pero, en nuestra opinión, toda desaparición aparentemente involuntaria debería ser tratada de alto riesgo”.

5.500 desapariciones activas

De esos estudios también pretender extraer información útil para poder dar charlas o conferencias a grupos policiales encargados de este tipo de casos, a familiares de víctimas de desapariciones, en centros escolares... Todo para tratar de reducir esta problemática que en ocasiones supone el sufrimiento de familias durante muchos años ya que hay unas 5.500 personas desaparecidas de forma oficial en nuestro país y algunos casos se remontan a los años 60.