Los forenses de la Audiencia ya pueden examinar los informes sobre la demencia de Marta Ferrusola

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del “caso Pujol”, ya tiene en su poder los informes médicos que esgrime la defensa de la familia del expresidente de la Generalitat para que se archive el procedimiento contra su esposa, Marta Ferrusola, de 85 años, por una demencia sobrevenida.

La defensa de Ferrusola aportó finalmente esos informes el pasado martes -después de que días antes el juez le urgiera a aportarlos al procedimiento- y en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado ha acordado hoy mismo dar traslado de esos documentos a los forenses de la Audiencia Nacional para “su análisis y valoración”, tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción.

En su petición de archivo, la defensa de la esposa del ex president esgrimió dos informes médicos. El primero, de 27 de noviembre del pasado año y realizado por la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital Sant Pau de Barcelona, concluía que Ferrusola “no tiene la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas” a consecuencia de la enfermedad de Alzheimer y a las lesiones cerebrales causadas por la caída sufrida en agosto del pasado año.

En un segundo dictamen médico, este del pasado 8 de enero, el doctor Jaume Padrós certifica que la esposa de Jordi Pujol padece un “trastorno cognitivo grave multifactorial” que acarrea que “la memoria a corto y largo plazo se encuentren muy afectadas”, por lo que “no es capaz de realizar análisis complejos ni interpretar la situación presente ni las limitaciones funcionales y cognitivas que presenta”.

Por este motivo, considera que “no se encuentra en condiciones de poder prestar declaración ante un tribunal por incapacidad de comprensión”, lo que según su defensa debe acarrear el archivo de las actuaciones contra Ferrusola en este procedimiento.

En su auto de procesamiento, el juez José de la Mata afirma que la familia Pujol Ferrusola habría “aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios”, entre 1992 y 2014, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.

La esposa del expresidente está procesada, al igual que Jordi Pujol y sus hijos, por delitos de organización criminal, blanqueo y delito fiscal por ocultar en Andorra el dinero procedente de presuntas actividades corruptas.

Una tarea “imposible”

Pero no es éste el único escrito que ha remitido la familia Pujol a la Audiencia Nacional en las últimas horas. Además, ha reclamado al instructor más tiempo para poder cribar el sumario de la investigación con el fin de apartar del procedimiento datos de carácter estrictamente “íntimo, personal o familiar”.

En un escrito remitido al juez Pedraz -al que ha tenido acceso este periódico-, la defensa de la familia Pujol -que ejercen los letrados Cristóbal Martell y Alberto Carrillo- solicita al instructor que suspenda ese plazo o, en su caso, lo amplíe “hasta que no se entreguen los discos duros con la copia”, ante las dificultades técnicas a las que se están enfrentando para poder descargar los archivos que deben expurgar de esa información confidencial. Pedraz ya otorgó 20 días de plazo para ese objetivo el pasado noviembre, que prorrogó por esos mismos días el 14 de enero, también a instancias de los procesados.

Los abogados ponen de relieve un problema de “lentitud en la descarga” que, afirman, no es achacable a su servidor, que tiene una velocidad de descarga de entre 550 y 600 megabytes por segundo, 100 veces superior a la velocidad de descarga de la plataforma donde están alojados los archivos, que es de 5 a 6 megas. Algo que hace, se quejan, que la descarga “se prolongue durante varias horas” y frustrándose en muchos casos la operación.

Ese contratiempo, advierte la defensa, “compromete el acceso a la integridad” de la documentación e impide “realizar el expurgo con garantías”. Por si fuera poco, asegura que los archivos que aportó la familia Pujol en noviembre del pasado año se extraviaron, por lo que “la única posibilidad de cotejar” esa documentación “es a través de las copias de los volcados” efectuados en el juzgado.

De ahí que los letrados pidan al juzgado que habilite un método alternativo para la copia de los archivos, proponiendo que sea la propia defensa de la familia Pujol la que aporte a la Audiencia Nacional discos duros externos de gran capacidad para efectuar esa copia (algo que ya se hizo con el mismo fin en febrero de 2019 por indicación del juzgado)

Y es que hasta el momento, lamentan, “ha resultado imposible a fecha de hoy siquiera descargar todos los archivos de las carpetas de volcados de la plataforma”. La operación, explican, debe hacerse “uno a uno” y “se prolonga durante varias horas”. Algunos “finalmente se han podido descargar y abrir, otros se han descargado pero no se han podido abrir y otros muchos -a pesar de los reiterados intentos- no se han podido descargar” por un “error en el servidor”.

El 22 de enero pidieron ayuda al Ministerio de Justicia, al responsable de la subdirección de Nuevas Tecnologías, pero éste esgrimió que no está autorizado a realizar una copia en un disco duro externo por directrices del juzgado. Eso sí, les puso en contacto con un técnico del Ministerio que les aseguró que si los problemas persistían podría hacer una copia de los archivos siempre y cuando la Audiencia Nacional lo autorizara.

En un correo electrónico enviado a Justicia por la defensa de los Pujol, incorporado a la petición, aseguran que llevan “varias semanas” intentando descargar el contenido de los volcados informáticos y les está resultando “imposible tal tarea” pues “debido a su gran tamaño no se descarga”, pese a que han dejado el ordenador “noches enteras encendido y con un disco duro externo de gran capacidad”. Pero una y otra vez se dan de bruces con un error en el servidor, se quejan, que impide continuar con el volcado. De ahí que pidan “una forma más rápida y eficaz” para efectuar la operación “dado que se nos ha dado un plazo por el juzgado a tal fin”.