La Audiencia de Madrid absuelve a Cristina Cifuentes por el caso Master

“Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión -el acta final del máster, incluido la nota del TFM- . El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del Rector, no es más que un indicio, no corroborado por otros. Las sospechas legítimas que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes Cuenca. Ni consta Ia presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito” de falsedad. Este es uno de los principales argumentos que esgrime la Audiencia Provincial de Madrid para absolver a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012.

Junto a ello, el Tribunal incide en que no se ha probado en modo alguno ninguna intervención de Cifuentes en la falsificación de su acta. Y, de hecho, ni Cecilia Rosado, autora confesa del hecho, ni María Teresa Feíto, entonces asesora de la Consejería de Educación y funcionaria en excedecnia de la URJC “han señalado haber mantenido contacto alguno” con ella, con su oficina o gabinete; al igual que los asistentes a la reunión que se produjo en el despacho del rector, a la que asistieron dos vicerrectores, el fallecido Enrique Álvarez-Conde y María Teresa, para preparar la rueda de prensa después de que se publicaran las primeras noticias sobre las irregularidades en la obtención del máster por Cifuentes.

Respecto a la profesora y ex asesora del Gobierno regional Maria Teresa Feito, el tribunal la condena a la pena de tres años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial por la falsificación del acta de Trabajo Fin de Máster (TFM) de la que fuera máxima responsable del ejecutivo regional. Respecto a la tercera acusada, Cecilia Rosado, profesora de la URJC, que en la vista oral reconoció haber colaborado en la falsificación del documento, los jueces la condenan por este hecho a un año y seis meses de prisión, tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia.

En todo caso, la Sala sí considera que como alumna, Cristina Cifuentes como “ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles. con la actuación regular de un estudiante de postgrado”, toda vez que ella misma reconoció que nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos que entregaba a Álvarez Conde, y que el 2 de julio d 2012 “entregó el TFM de manera informal, en la URJC, ante dos o tres personas”. De hecho, en su declaración señaló que en realidad nunca llegó a defender el TFM.

Un profesor autorizó la “corrección” de la nota

Sobre esta cuestión, si defendió o no el TFM, el Tribunal no entra a valorarlo, pero en todo caso si se hubiese producido “hubiera sido en extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna, figuraba como no presentada en la asignatura que impartía el profesor Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular, en el año 2014″. Previamente se había producido la modificación fraudulenta en el año 2014 y 2016, de las actas de una asignatura impartida por el citado profesor, que fue quien autorizó a Amalia Calonge· Celada, funcionaria de la URJC a hacerlo. En el email que le remitió indicaba que Cristina Cifuentes, en lugar del “no presentado”, había obtenido la calificación de, “notable” en el “Master de Hacienda Autonómica y Local” en el año académico 2011-2012

Exactamente las mismas irregularidades se cometieron con otros alumnos, quien no hicieron trabajo alguno ya aparecían con asignaturas aprobadas, o uno de ellos vio también cómo se “no presentado” pasaba a obtener “notable” en la asignatura impartida también por el profesor Chico.

Presión “insistente y agobiante”

En cambio, la conclusión a la que llega el Tribunal es radicalmente opuesta respecto a María Teresa Feito: Llevó a cabo una “actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía, como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado”, de forma “insistente y agobiante”, mediante llamadas y mensajes sms al teléfono personal de Rosado, hasta en 15 ocasiones, “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”. Dada la fuerte jerarquía existente entre ella y el Catedrático Álvarez-Conde y “el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo” falsificó el acta siguiendo “las indicaciones recibidas”.

Por este motivo, la Sala llega a la conclusión de que María Teresa Feito indujo de forma clara a Cecilia Rosado para que modificase el acta de TFM de Cristina Cifuentes, motivo por el que la condenan a tres años y tres de prisión como autora por inducción de un delito de falsedad documental.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era “la única, la primera y la última beneficiaria” de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

“Actué de buena fe”, afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de “presiones” de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor José Antonio Choclán reclamó la absolución de su patrocinada, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue “puramente selectiva” y “arbitraria” al no ser “objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia”.

Choclán aludía a las “irregularidades” detectadas en una pieza separada en “todos los alumnos investigados”, un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. “Todo se cocinó en la universidad”, manifestó.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas.