Extradición
“Josu Ternera” atribuye el asesinato de un directivo de Michelín en 1980 a ETA político-militar
El exjefe de ETA niega que se involucrara en la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” y asegura al juez que sus reuniones eran “políticas” como parlamentario vasco
El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, ha negado cualquier participación en el asesinato de un directivo de Michelín en 1980 y ha asegurado asimismo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -según fuentes jurídicas- que las reuniones en las que supuestamente habría participado sobre la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” eran de carácter “político” y no relacionadas con la organización terrorista.
Pedraz ha interrogado por videoconferencia al exjefe terrorista -que se encuentra en París en libertad con control telemático a la espera de su entrega a España- en relación a dos de las causas que tiene pendientes en nuestro país: el atentado que el 25 de junio de 1980 costó la vida al directivo de Michelín Luis María Hergueta en Vitoria, en el que está procesado como autor de un delito de asesinato terrorista, y la investigación sobre la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” (locales sociales de la ilegalizada Batasuna).
El que fuera jefe de ETA, de 70 años -detenido en los Alpes franceses en mayo de 2019 tras 17 años huido de la Justicia- ha dejado claro desde un principio que solo estaba dispuesto a declarar a las preguntas de sus abogados. Y en ambas indagatorias, se ha limitado a leer en español unas palabras que traía escritas en un papel.
Respecto al asesinato de Hergueta, “Josu Ternera” ha insistido en que fue ETA político-militar, a la que él nunca ha pertenecido, la que reivindicó el atentado, y ha hecho referencia a que así lo acredita un informe policial incorporado al procedimiento.
Y en cuanto al “caso de las herriko tabernas” ha mantenido que aunque “no se acuerda” de todas las reuniones que mantuvo en esa época, “porque han pasado 20 años”, en las que participó fueron de carácter “político” en su condición de parlamentario vasco por Euskal Herritarrok (EH), y no relacionadas con ETA.
En ambas causas ha declarado ante el juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia y que también se está haciendo cargo del Juzgado número 1 hasta que llegue un magistrado a cubrir esa plaza. Aunque la intervención de “Josu Ternera” ha sido breve, las diligencias se han demorado más de tres horas, principalmente por problemas técnicos y por algunas imprecisiones en la traducción francesa de la declaración del exjefe de ETA, un imperativo legal al tratarse la ejecución de una Orden Europea de Investigación cursada al país vecino.
Ahora, la defensa de “Josu Ternera” podrá finalmente recurrir el auto de procesamiento en ambas causas antes de que el instructor decida si continúa adelante con ambos procedimientos o acuerda, en su caso, el archivo de alguno de ellos.
La Justicia francesa no ve motivos políticos
La Justicia francesa ya ha dado su visto bueno a que “Josu Ternera” sea entregado por ambas causas y por el atentado en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza -en la que once personas fueron asesinadas, entre ellas seis niños, y decenas resultaron heridas-, aunque sus abogados tienen intención de recurrir esa entrega tanto por este último atentado como por el asesinato de Hergueta ante la Corte de Casación gala. Ya no podrán hacerlo, sin embargo, respecto a su extradición por la causa de las “herriko tabernas” (donde fue procesado por un delito de pertenencia a organización terrorista), dado que la decisión ha sido ratificada y es firme (aunque la defensa del exdirigente etarra aún quiere jugar una última baza ante el Consejo de Estado del país vecino).
Francia sí ha rechazado la puesta a disposición de la Justicia española de Urrutikoetxea en la causa abierta contra él por delito de lesa humanidad por los asesinatos cometidos por los terroristas de la banda criminal cuando era dirigente de ETA.
Aunque la defensa de “Josu Ternera” intentó ha intentado frenar su entrega argumentando que los hechos ya han prescrito, el Tribunal de Apelación de París secundó la posición de la Audiencia Nacional de que el plazo de veinte años se interrumpió por primera vez el 27 de septiembre de 1996, cuando se reabrió la investigación incluyendo al ex dirigente etarra y, posteriormente, al dictarse en 2005 el auto de procesamiento (que no se le ha podido comunicar hasta ahora al haber estado en paradero desconocido), lo que da cobertura legal a la orden de arresto internacional contra él de mayo de 2019.
El que fuera máximo dirigente de la banda terrorista se fugó en noviembre de 2002 para evitar declarar como imputado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, después de que el Tribunal Supremo hubiese asumido la causa por su condición de parlamantario vasco.
Francia ya ha descartado también que “Josu Ternera” sea reclamado por motivos políticos, haciendo hincapié en que su “compromiso” con el desarme de ETA en las “conversaciones de paz” con el Gobierno no puede garantizarle la inmunidad.
Su entrega a España, sin embargo, tendrá que esperar, pues el exjefe de ETA tiene pendientes dos juicios en Francia que se celebraron cuando estaba fugado (en uno de ellos fue condenado a siete años de prisión por asociación de malhechores) y deben repetirse. Y en caso de que se confirmen las condenas, debería cumplir primero las penas en Francia, aunque podría ser entregado temporalmente a España para ser juzgado.
La Corte de Casación hizo oídos sordos a su papel “político” en las negociaciones del llamado “proceso de paz” y en la resolución en la que confirmó su entrega por la investigación de la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” puso en valor que en el auto de procesamiento se pormenorizan “las actividades de ETA y su estructura organizativa” y “el número de víctimas de los ataques atribuidos a esta organización”, así como “su participación en reuniones” de la banda criminal, “donde, desde el 14 de enero de 1999, ocupó un cargo directivo”. De ahí que concluyese que la petición de entrega “no fue emitida con el propósito de condenar a una persona por sus opiniones políticas”.
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